Justicia a medias en el caso del general Gallardo; falta castigar a culpables: ONG

Piden SG y SRE cancelar audiencia en la CIDH

En la reunión se evaluarían las medidas del gobierno en favor del militar, quien estuvo preso durante ocho años

VICTOR BALLINAS

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se cancele la audiencia programada para el 19 de febrero, en San José de Costa Rica, donde se evaluarán las medidas cautelares que el gobierno aplicó en favor del general José Francisco Gallardo, en virtud de que el militar ya fue liberado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó lo anterior a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), e incluso le hizo saber que la propia CIDH analiza emitir una opinión en el sentido de si con la excarcelación del general ya no es necesaria la audiencia prevista para desarrollarse ante el brazo judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La directora de defensa de la CMDPDH, Adriana Carmona, dijo en entrevista: "nosotros ya mandamos a la CIDH nuestra opinión de que es necesario que se efectué la audiencia, porque el gobierno mexicano cumplió sólo de manera parcial la recomendación de ese órgano, falta la reparación del daño, llevar ante los tribunales a los responsables de violaciones a las garantías individuales del militar, y que cese la campaña de desprestigio en su contra".

Carmona destacó que "el caso del general Gallardo no se ha cerrado. El asunto no acaba con su liberación, como quisieran el canciller Jorge G. Castañeda y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Quienes cerrarán el caso serán la Corte Interamericana y la CIDH, cada una en su momento. Hoy (ayer) llamamos a la CIDH y nos dijeron que el gobierno federal, por medio de la cancillería y de Gobernación, está solicitando que se cancele la audiencia de la Corte Interamericana, pero vamos a ir a dicho órgano porque no se cumplió con las medidas que solicitó para proteger la vida y la integridad física y moral del general".

Y también, abundó Carmona, "asistiremos a la sesión de la CIDH, a efectuarse en Washington, el 7 de marzo, donde se analizará el informe del caso Gallardo. Ahí vamos a ir con todo, porque están pendientes tres de los cuatro puntos de la recomendación".

La directora de defensa de la CMDPDH resaltó que el gobierno del presidente Vicente Fox tiene que dar pasos más firmes, porque hasta ahora son sólo señales de que se quiere reformar el sistema de procuración y administración de justicia.

A su vez, el dirigente de Amnistía Internacional (AI), sección México, Christian Rojas, coincidió con Carmona en que es necesario ir a la Corte Interamericana porque el proceso del general Gallardo no ha concluido. "Los funcionarios del gobierno mexicano quisieran que ya se cerrara el caso, pero no se puede hacer sólo porque ellos lo digan; este es un proceso que se inició en la CIDH y luego pasó a la Corte Interamericana. Cada instancia tendrá que analizar el caso, ya que los procesos internacionales son muy claros".

Para Amnistía Internacional no se hizo justicia, sólo se cumplió de manera parcial una recomendación, pero "justicia es que el gobierno investigue y lleve ante los tribunales a los responsables que cometieron los delitos. Hasta ahora sólo hemos visto hechos concretos, pero queremos que el gobierno dé el segundo paso, que es resarcir los daños y castigar a los responsables".

Rojas destacó que a su organización le preocupa que el gobierno no termine con la impunidad, porque al no castigar a los responsables de violaciones a derechos humanos y sólo liberar a los que injustamente están en las cárceles, se corre el riesgo de que en el futuro vuelvan a ocurrir otros casos como los del general Gallardo o los ecologistas presos.

Por su parte, Carmona aseveró: "hubiéramos querido que el gobierno reconociera de manera directa que existieron violaciones a derechos humanos en el caso del general Gallardo, sin embargo, lo hizo indirectamente, al decir que se excarcelaba al general en acatamiento a la recomendación de un órgano internacional que le pidió su liberación inmediata".

Coincidió con Amnistía Internacional en que no se hizo justicia, y que "este es el momento para que el presidente Fox le entre a la reforma del sistema de administración y procuración de justicia".

La directora de la CMDPDH, Silvia Aguilera, solicitó ayer al Estado mexicano en su conjunto que, en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, realice las siguientes acciones:

"Que el Poder Judicial resuelva el amparo indirecto atendiendo a la voluntad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos; que el Poder Legislativo proponga y apruebe una ley que establezca que las resoluciones de los organismos mundiales sobre garantías individuales son obligatorias y vinculantes para el Estado mexicano; que el gobierno inicie las acciones para resolver los puntos pendientes de resolución de la CIDH, como las averiguaciones correspondientes y el posterior castigo a quienes resulten responsables por el injusto encarcelamiento del general Gallardo, así como por la campaña de difamación y hostigamiento que se desató en su contra".

Demandó, además, que se informe debidamente sobre las medidas pertinentes que se han tomado para garantizar su vida e integridad personal, en la audiencia que se celebrará sobre medidas provisionales, el próximo 19 de febrero en la sede de la Corte en San José de Costa Rica.

A su vez, Christian Rojas, de Amnistía Internacional, manifestó en conferencia de prensa que "el general Gallardo está libre al fin, pero la justicia aún es eludida", porque carece del reconocimiento del flagrante abuso del sistema judicial que lo detuvo y lo sentenció.

Si bien es cierto, dijo Rojas, que AI recibe con agrado el anuncio de la liberación del general, "esto no es suficiente. Ahora que el militar está libre, su nombre debe limpiarse y deben aplicarse todas las recomendaciones de la CIDH, en particular la que se refiere a que los responsables de su persecución deben ser llevados ante la justicia".

Por otra parte, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos señaló que la excarcelación del general es un triunfo parcial que significa un avance relativo en el respeto a los derechos humanos internacional y constitucionalmente reconocidos.

Se trata, abundó el organismo, de una medida positiva en favor de una víctima de abusos de poder en el ámbito de la justicia militar, que no hubiera sido posible sin la participación de la CIDH, por medio de su recomendación emitida en 1996. Sin embargo, esta liberación del general no representa todavía un verdadero triunfo de la justicia, debido a que la medida no afecta la sentencia, que con irregularidades fue dictada en su contra en los tribunales militares, ni repara el daño provocado por el encarcelamiento durante poco más de ocho años.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que independientemente de que celebra la libertad del general, aún falta el cumplimiento estricto de las demás recomendaciones formuladas por la CIDH, en lo relativo a la adopción de medidas necesarias para el cese de la campaña de persecución y se investigue y sancione a los responsables de la difamación y el hostigamiento de que ha sido víctima.

Tiene plena libertad de demostrar su inocencia: Creel

La determinación de excarcelar al general José Francisco Gallardo y la figura jurídica que se utilizó fue consensuada en todo momento con la Procuraduría de Justicia Militar y la cancillería, aseguró el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

El funcionario dijo también que el militar está en plena libertad de demostrar en los tribunales civiles su inocencia.

Mientras, senadores y diputados del PRD, así como el ombusman del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, consideraron que es una señal positiva la liberación del general Gallardo, pero es importante también que el gobierno de Fox cumpla cabalmente con la recomendación emitida por la Comisión Interameicana de Derechos Humanos (CIDH) y que dé respuesta a otros asuntos sobre violación de derechos humanos, como Acteal, Aguas Blancas y el asesinato de Digna Ochoa.

Entre los priístas hubo posturas confrontradas. Mientras la senadora Martha Tamayo consideró que la liberación del general Gallardo fue un triunfo de la sociedad civil, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, José Elías Romero Apis, dijo que es un mal precedente, "una mascarada bajo la cual, en actitudes aparentemente benévolas, se reduce a la nada el estado de derecho".

En el Partido de la Revolución Democrática, en cambio, tanto el coordinador de los diputados, Martí Batres, como el vicecoordinador de la bancada en el Senado, Demetrio Sodi de la Tijera, y la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, Leticia Burgos, coincidieron -en entrevistas por separado- en que la presión de los organismos no gubernamentales y del propio perredismo hicieron que finalmente el Ejecutivo liberara al general Gallardo.

Martí Batres resaltó que aún hay un gran trecho en materia de respeto a los derechos humanos, como lo demuestra el asesinato sin aclarar de Digna Ochoa, y muchos otros presos por razones políticas que siguen encarcelados, como Ericka Zamora.

Los senadores Sodi de la Tijera y Leticia Burgos expresaron que acompañarán al general Gallardo en su reivindicación total, en su demanda por instaurar un ombusman para las fuerzas armadas y en la revisión de todo el sistema de seguridad y de justicia tanto en el ámbito civil como militar.

Fox no puede adjudicarse el mérito, considera senadora priísta

En entrevista, la senadora del PRI Martha Tamayo dijo que Fox no puede adjudicarse el mérito, y "hay que reconocer a todos aquellos que hicieron posible que la CIDH actuara en favor del general Gallardo". Consideró que habría que analizar si el Ejecutivo no busca "tender una cortina de humo" ante las reacciones por el aumento a las tarifas eléctricas.

Sin embargo, los priístas de la línea dura no quisieron hablar en el Senado, y el presidente de la Comisión de Defensa, Ramón Mota, estuvo ilocalizable. En la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, José Elías Romero Apis, insistió en que el Presidente de la República conculcó el estado de derecho "al liberar a personas en contextos que no permite la ley". Aventuró incluso que es un "tanteo" del Ejecutivo para ver si puede seguir violando la Constitución.

En tanto, el diputado del PAN Armando Salinas Torre aclaró que no se trató de la liberación del general Gallardo, sino de "una compurgación de pena de un delito".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, dijo que la excarcelación de Gallardo es una "señal positiva del gobierno mexicano", pero advirtió que se requiere además el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, que incluye sancionar a quienes persiguieron y encarcelaron a Gallardo.

A su vez, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que tiene plena disposición para sostener un encuentro con el propio Gallardo y su familia para conversar, entre otros aspectos, sobre las posibles medidas de seguridad que el gobierno mexicano le ofrecería.

En diversas entrevistas radiofónicas, el funcionario insistió en que en este proceso de liberación hay que reconocer la "plena colaboración" de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual -dijo Creel- contribuye a consolidar "una visión de Estado en el que haya plena vigencia de los derechos humanos en el país". ALONSO URRUTIA, ANDREA BECERRIL, PATRICIA MUÑOZ Y ANGEL BOLAÑOS

Desde diciembre estaban preparando la excarcelación

Indecisión y doble discurso oficiales en el caso Gallardo

ONG atribuye a Santiago Creel el retraso en la salida

Barajaron negociadores ocho propuestas de solución

VICTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA

La liberación del general José Francisco Gallardo Rodríguez se estaba preparando desde diciembre pasado, pero la indecisión del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, retrasó la salida. Doce días antes de la audiencia en la que el gobierno mexicano debía comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo cedió.

En la mesa de negociaciones había ocho propuestas -basadas en el Código de Justicia Militar y el Código Federal de Procedimientos Penales- para liberar a Gallardo, entre ellas la de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), que pugnaba por reducir la pena y lograr la excarcelación.

-¿Ustedes me aseguran que el general aceptará la reducción de la condena? -planteó el responsable de la negociación por parte de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda.

-¿Usted me asegura que aceptan la reducción de la condena y lo dejan libre? -respondió la CMDPDH.

Era la víspera de las fiestas navideñas. Gobernación mediaba entre la Defensa Nacional y la organización. Ya entonces, los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habían fracasado.

En noviembre, una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -efectuada en Washington- concluyó con un ultimátum al gobierno de Vicente Fox: o liberan a Gallardo o el caso pasa ya al brazo judicial de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana, cuyas resoluciones son inatacables.

Durante la audiencia, la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos de México, Mariclaire Acosta, acusaba: "El Ejército no quiere que se le deje en libertad al general Gallardo". Su postura contaba con el respaldo, entre otros, del propio Santiago Creel.

Días después se fijó el plazo de la audiencia en San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, y con ello se precipitaron las negociaciones que cambiaron de interlocutor. La mediación correría a cargo de Gobernación.

Adriana Carmona, directora de Defensa de la CMPDDH, sostiene: "Había un doble discurso en el gobierno que desconcertaba. En las reuniones privadas con Sepúlveda encontramos mucho interés y mejor disposición que en la cancillería, pero los avances que teníamos se opacaban cuando los secretarios Creel o Castañeda planteaban públicamente la postura".

La posición del secretario de Gobernación oscilaba entre instar a Gallardo a acudir a la justicia civil ?en la que el general había ganado 37 amparos, sin que fueran respetados? y poner en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana. Para Creel, el gobierno no estaba plenamente seguro de que en el caso Gallardo procediera, pues ocurrió antes de que México ratificara su jurisdicción.

Sedena aún sostiene que es culpable

Sin embargo, en las negociaciones Gobernación pugnaba por liberar a Gallardo "dentro del marco jurídico mexicano". En el fondo lo que se buscaba era mediar para que el Ejército aceptara su liberación, sin que ello implicara admitir que se había procesado al militar de forma ilegal, pues hasta ahora, incluso tras su liberación, sostiene que es culpable.

La postura del general era aceptar su liberación siempre y cuando no implicara reconocer responsabilidad alguna en los delitos que se le imputaban. La negociación se agilizó entre Gobernación, Defensa y la CMPDDH. En la mesa se barajaron ocho posibilidades, entre ellas el reconocimiento de inocencia, el indulto y la reducción de la condena.

El reconocimiento de inocencia nunca lo aceptó la Defensa Nacional. El indulto no era viable porque implicaba una solicitud de Gallardo al Presidente y la aceptación implícita de su responsabilidad.

Explica la comisión pro derechos humanos: "Nos fuimos por la única vía que consensuara las posturas encontradas, y era la reducción de la pena. Esto ocurrió en un contexto político y legal en el que dejaba a salvo el derecho del general Gallardo para impugnar las condenas. Además, no se reconocía que la Sedena hubiera actuado de manera ilegal.

"Esto fue lo último, ante un panorama político en el que Sepúlveda nos confesó que no había sido fácil la negociación con la Sedena y que Gobernación entró a petición de Fox, en virtud de que las relaciones entre la Sedena y la cancillería no dieron los resultados esperados.

"En el último trecho, ya para liberar al general, Gobernación y la SRE optaron por excluirnos y cerrar la negociación con el general Gallardo. Nosotros nos enteramos a las 15 horas; Gallardo y después su familia nos informaron que habría una reunión a las 18 horas en el penal y nos invitaron.

"Todavía dudábamos de que lo iban a dejar en libertad. Pensábamos que en todo caso iba a ser una certificación del estado carcelario, porque recientemente se le había cambiado de penal. Horas después lo liberaron."