Desde diciembre estaban preparando la excarcelación

Indecisión y doble discurso oficiales en el caso Gallardo

ONG atribuye a Santiago Creel el retraso en la salida

Barajaron negociadores ocho propuestas de solución

VICTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA

La liberación del general José Francisco Gallardo Rodríguez se estaba preparando desde diciembre pasado, pero la indecisión del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, retrasó la salida. Doce días antes de la audiencia en la que el gobierno mexicano debía comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo cedió.

En la mesa de negociaciones había ocho propuestas -basadas en el Código de Justicia Militar y el Código Federal de Procedimientos Penales- para liberar a Gallardo, entre ellas la de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), que pugnaba por reducir la pena y lograr la excarcelación.

-¿Ustedes me aseguran que el general aceptará la reducción de la condena? -planteó el responsable de la negociación por parte de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda.

-¿Usted me asegura que aceptan la reducción de la condena y lo dejan libre? -respondió la CMDPDH.

Era la víspera de las fiestas navideñas. Gobernación mediaba entre la Defensa Nacional y la organización. Ya entonces, los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habían fracasado.

En noviembre, una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -efectuada en Washington- concluyó con un ultimátum al gobierno de Vicente Fox: o liberan a Gallardo o el caso pasa ya al brazo judicial de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana, cuyas resoluciones son inatacables.

Durante la audiencia, la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos de México, Mariclaire Acosta, acusaba: "El Ejército no quiere que se le deje en libertad al general Gallardo". Su postura contaba con el respaldo, entre otros, del propio Santiago Creel.

Días después se fijó el plazo de la audiencia en San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, y con ello se precipitaron las negociaciones que cambiaron de interlocutor. La mediación correría a cargo de Gobernación.

Adriana Carmona, directora de Defensa de la CMPDDH, sostiene: "Había un doble discurso en el gobierno que desconcertaba. En las reuniones privadas con Sepúlveda encontramos mucho interés y mejor disposición que en la cancillería, pero los avances que teníamos se opacaban cuando los secretarios Creel o Castañeda planteaban públicamente la postura".

La posición del secretario de Gobernación oscilaba entre instar a Gallardo a acudir a la justicia civil ?en la que el general había ganado 37 amparos, sin que fueran respetados? y poner en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana. Para Creel, el gobierno no estaba plenamente seguro de que en el caso Gallardo procediera, pues ocurrió antes de que México ratificara su jurisdicción.

Sedena aún sostiene que es culpable

Sin embargo, en las negociaciones Gobernación pugnaba por liberar a Gallardo "dentro del marco jurídico mexicano". En el fondo lo que se buscaba era mediar para que el Ejército aceptara su liberación, sin que ello implicara admitir que se había procesado al militar de forma ilegal, pues hasta ahora, incluso tras su liberación, sostiene que es culpable.

La postura del general era aceptar su liberación siempre y cuando no implicara reconocer responsabilidad alguna en los delitos que se le imputaban. La negociación se agilizó entre Gobernación, Defensa y la CMPDDH. En la mesa se barajaron ocho posibilidades, entre ellas el reconocimiento de inocencia, el indulto y la reducción de la condena.

El reconocimiento de inocencia nunca lo aceptó la Defensa Nacional. El indulto no era viable porque implicaba una solicitud de Gallardo al Presidente y la aceptación implícita de su responsabilidad.

Explica la comisión pro derechos humanos: "Nos fuimos por la única vía que consensuara las posturas encontradas, y era la reducción de la pena. Esto ocurrió en un contexto político y legal en el que dejaba a salvo el derecho del general Gallardo para impugnar las condenas. Además, no se reconocía que la Sedena hubiera actuado de manera ilegal.

"Esto fue lo último, ante un panorama político en el que Sepúlveda nos confesó que no había sido fácil la negociación con la Sedena y que Gobernación entró a petición de Fox, en virtud de que las relaciones entre la Sedena y la cancillería no dieron los resultados esperados.

"En el último trecho, ya para liberar al general, Gobernación y la SRE optaron por excluirnos y cerrar la negociación con el general Gallardo. Nosotros nos enteramos a las 15 horas; Gallardo y después su familia nos informaron que habría una reunión a las 18 horas en el penal y nos invitaron.

"Todavía dudábamos de que lo iban a dejar en libertad. Pensábamos que en todo caso iba a ser una certificación del estado carcelario, porque recientemente se le había cambiado de penal. Horas después lo liberaron."