Enrique Calderón A.

Electricidad: gobernar con el engaño

Ante la imposibilidad de hacerse de más recursos por la vía impositiva para pagar a los banqueros los adeudos acordados a espaldas de la nación, el gobierno de Vicente Fox ha cometido un error que, por sus graves consecuencias para el país, habrá de ser recordado como el paso siguiente de la secuela de empobrecimiento de las clases medias ordenada por Salinas y Zedillo, o como el más reciente de sus fracasos, si la sociedad mexicana reacciona de manera inteligente y decidida.

El aumento a las tarifas de energía eléctrica, impuesto por el gobierno foxista, ha sido presentado como la reducción a un supuesto subsidio, inventado como una de las muchas argucias retorcidas que han caracterizado a los últimos gobiernos de la República, en su afán por obtener recursos que luego son empleados para asuntos inciertos.

De tiempo atrás esos gobiernos vienen desviando cantidades importantes de recursos de la Comisión Federal de Electricidad, causando en parte que la energía eléctrica les cueste a los consumidores casi el doble de lo que vale en Estados Unidos y cuatro veces más que en Canadá, tal como lo informó el periódico Reforma (y no por ineficiencias de operación, como se ha querido presentar para el descrédito de la industria eléctrica mexicana).

Para dorar la píldora, enmarañando un poco las cosas, el gobierno "entrega un subsidio" equivalente a una parte pequeña de los montos de los que se apropia, lo cual reduce el botín que obtiene de la CFE.

Con este juego de dobles contabilidades el gobierno se ha venido presentando como un ente magnánimo y paternalista que a todos protege y subsidia, cuando en la realidad su función ha sido totalmente depredadora de la misma empresa, quitándole incluso cualquier capacidad de modernización o crecimiento con recursos propios.

Por otra parte, a la comparación de precios de la energía eléctrica entre México y Estados Unidos debe agregarse que los salarios de los mexicanos equivalen a la décima parte o menos de los salarios vigentes en Estados Unidos, de manera que en términos reales venimos pagando 20 veces más que los estadunidenses por el mismo servicio, aun antes del aumento.

El daño no para ahí. Las estadísticas conocidas del uso de la energía eléctrica indican que sólo entre 18 y 20 por ciento es destinado a las viviendas, mientras que 80 por ciento es utilizado por las industrias como insumo básico para su producción.

Si entendemos que la función del gobierno consiste en velar por el bienestar y el progreso de la nación, las medidas que Fox y sus colaboradores pretender imponer resultan inaceptables, porque encarecen un servicio vital para la subsistencia de la población, pero también por el daño que hacen a la economía a través de incrementos que vulneran la competitividad de las empresas mexicanas.

Difícilmente un gobierno puede rehuir su responsabilidad de garantizar las condiciones de operatividad y la infraestructura mínima para el desarrollo, escudándose en argumentos relacionados con la inconveniencia de seguir subsidiando. Los gobiernos no subsidian educación, salud, justicia ni energía. Están obligados a hacerlo, y para ello cuentan y han contado con los impuestos que la sociedad les entrega. Cualquier otra cosa es gobernar con el engaño.