Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 9 de febrero de 2002
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Anuncia reforma política para reducir 25% el gasto público y el número de legisladores

Convoca Eduardo Duhalde a reformar la Constitución y fundar una "nueva república"

La justicia impugna decreto que frena procesos judiciales contra las restricciones financieras

AFP, REUTERS Y DPA

Buenos Aires, 8 de febrero. El presidente Eduardo Duhalde convocó esta noche a reformar la Constitución para fundar una "segunda República Argentina" y optar entre el sistema presidencial y parlamentario, durante el anuncio de la reforma política acordada entre la nación y las provincias para reducir 25 por ciento el gasto público y el número de legisladores nacionales y provinciales.

En el día, la capital argentina, sus alrededores y la ciudad de Córdoba fueron de nuevo escenario de protestas contra el corralito, y esta noche se llevaba a cabo otro multitudinario cacelorazo. Al tiempo, el Poder Judicial declaró inconstitucional el decreto presidencial que suspendió por 180 días todos los proceso judiciales iniciados contra las restricciones financieras y la pesificación.

En un mensaje a la nación, Duhalde anunció el plan con el que pretende, además, reformar el régimen electoral y llamó a "iniciar un ciclo signado por otras instituciones renovadas" en Argentina, para los cual consideró "imprescindible" una reforma constitucional que funde una nueva República.

Esta reforma, que reducirá el gasto en unos mil millones de pesos (menos de 500 millones de dólares al cambio libre), permitirá eliminar la "sospecha popular sobre los políticos y la política", para que haya un principio de reconciliación, y por empezar los políticos debemos mostrar gestos de renunciación", expresó.

La reforma política tiene como fin reducir las estructuras de costo del sistema político argentino en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, y afirmó que otros objetivos son dotar de eficiencia a estas tres escalas y lograr mayor participación ciudadana.

Previamente, el presidente firmó un decreto que instaura el mercado de cambios a partir del lunes,que establece un mercado único y libre de cambios, uno de los pilares del programa económico anunciado hace cinco días por el gobierno para poner en orden las cuentas del Estado y la política monetaria.

Por la tarde, la jueza de lo contencioso administrativo Emilia García sentenció que vedar en forma generalizada la posibilidad de los ciudadanos de cuestionar la medida relativa al llamado corralito, implica el avasallamiento del derecho a la tutela efectiva, al declarar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que suspendió todos los processos judiciales iniciados contra las restricciones financieras y la pesificación.

Sobre la acción contra el decreto presidencial por un matrimonio argentino residente en Chile, García dijo que la norma no resiste la más elemental confrontación con la Constitución.

El decreto impugnado está vigente desde el lunes pasado, en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el bloqueo de depósitos bancarios y desató el temor de un colapso financiero, además de activar el descrédito de Argentina ante la comunidad internacional.

Alrededor de 500 ahorristas recorrieron este mediodía el centro de la ciudad de Buenos Aires golpeando cacerolas en contra de las entidades financieras, en una jornada signada por numerosas protestas en las localidades de Rosario (Santa Fe), Santa Rosa (La Pampa) y Santiago del Estero.

Ahorristas recorrieron la zona bancarias de Buenos Aires para pedir a gritos poder acceder a sus depósitos en dólares. Un pene inflable de cinco metros de alto fue colocado a las puertas de la sede del BankBoston estadunidense, con un cartel que rezaba "inmoral es quedarse con nuestros dólares".

Además, medio millar de trabajadores del sector farmacéutico se concentró frente al Ministerio de Salud para protestar por el aumento en el precio de los medicamentos, el desabasto de productos y la falta de pago de las obras sociales. Los farmacéuticos cortaron la céntrica avenida 9 de Julio en protesta por la emergencia sanitaria que vive el país luego de que 120 mil farmacias cerraron sus puertas durante seis horas en una señal de inconformidad.

El secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, Carlos Villagra, dijo que si no se encuentra solución inmediata al problema a partir de la próxima semana la gente no podrá comprar medicamentos.

En este marco, el gobierno hizo un urgente llamado a Estados Unidos a que defina su respaldo político a Argentina y lo concrete a través de ayuda económica de los organismos multilaterales de crédito.

El viceministro de Economía, Jorge Todesca, anticipó sin embargo, que no habrá un desembolso de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta por lo menos dentro de 30 días. El director gerente del Fondo, Horst Koehler, afirmó que la apertura de los bancos y los mercados de divisas, el lunes pasado, será un buen paso adelante, pero reiteró la exigencia de un programa completo y sostenible. La administración de Duhalde presentó esta semana un programa para los próximos años y un presupuesto en línea con la exigencia del FMI.

En Ottawa, el ministro de Finanzas de Canadá, Paul Martin, dijo que Argentina ha dado paso importantes hacia la superación de su crisis, pero todavía necesita hace rmucho más antes de que pueda recibir el respaldo financiero de la comunidad internacional. Estos durante la reunión de ministros de Finanzas de las mayores potencias industrializadas, que inició hoy en esa ciudad.

Detenido jefe policial de De la Rúa

En otro caso judicial, el ex jefe de la policía federal Rubén Santos, quien anoche fue detenido, aseguró que no es responsable de las protestas populares del pasado 19 y 20 de diciembre en Buenos Aires, que dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos.

Santos fue detenido anoche luego de que la justicia lo consideró autor mediato de las muertes cometidas por sus subordinados, pero su abogado defensor Carlos Zorraindo aseguró que el ex jefe policial en ningún momento impartió una orden que pueda interpretarse "en el concepto de hacer una represión ni es responsable de los exabruptos de sus entonces subordinados".

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