Las escuelas públicas afrontan carga
financiera anual superior a $100 mil millones
"Bomba de tiempo", problema de pensiones en universidades
Los sindicatos proponen crear fondos con aportaciones
de instituciones, trabajadores y gobierno
JOSE GALAN
Con una carga financiera superior a los 100 mil millones
de pesos en pensiones y jubilaciones al año, las instituciones del
sistema público de educación superior no han encontrado aún
un modelo que les permita resolver satisfactoriamente esta prestación
contemplada dentro de los contratos colectivos de trabajo.
Para los sindicatos, las instituciones deben crear fondos
de pensiones y jubilaciones, a través de aportaciones tripartitas
trabajadores-universidades-gobierno. Pero no hay solución, y se
trata de "una bomba de tiempo", afirma el Frente Amplio de Sindicatos Universitarios
(FASU).
Por su parte, las 134 casas de estudios afiliadas a la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) han comenzado a elaborar su propio diagnóstico,
pero fuentes de la asociación revelaron que dicho estudio no estará
listo antes de junio o julio, debido a la diversidad de estrategias utilizadas
por las instituciones para afrontar el problema.
Un mal esquema pondría en riesgo a las propias
instituciones
En
el análisis Las jubilaciones y pensiones universitarias, problemática
y soluciones, elaborado por Domingo Acuña Pardo, secretario
general de la Asociación Nacional de Sindicatos de Personal Académico
Universitario (Anaspau), se advierte que un mal diseño de los sistemas
de pensiones puede poner en riesgo la estabilidad económica "no
sólo de los fondos, sino de las propias universidades".
El establecimiento de estos mecanismos ha servido como
herramienta de negociación por parte de los sindicatos universitarios,
tanto de administrativos como de académicos, porque se trata de
una de las principales cláusulas de los contratos colectivos de
trabajo, con base en las garantías que al respecto establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero es un tema que las autoridades universitarias han
evadido o pospuesto ante la carencia de estrategias propias, de recursos
y de consenso con las diferentes instancias gubernamentales, a pesar de
que involucra, según cifras conservadoras del propio FASU, a más
de 60 mil trabajadores de escuelas públicas de educación
superior en todo el país, incluyendo los sistemas de enseñanza
tecnológica.
"Este es un problema que puede estallar en cualquier momento.
En las negociaciones salariales y contractuales que hemos observado, y
que se han desarrollado con dificultad, el tema de las pensiones y las
jubilaciones ha estado muy presente. Y las autoridades universitarias y
educativas no saben qué hacer", señala León Gutiérrez
Navas, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores
Universitarios (Contu), una de las tres ramas del FASU.
Para Acuña Pardo, debido al incremento en la esperanza
de vida de los trabajadores, es necesario revisar y modificar los sistemas
formales de pensiones universitarias. Y considera en su estudio que ya
no hay tiempo para discutir las modificaciones a los esquemas de la mayoría
de las universidades. Más bien, dice, "debe ser un hecho". Pero
advierte que para cambiar o instalar un sistema de jubilaciones "es necesario
considerar el aspecto económico, social y jurídico.
"La ANUIES podría contactar profesionales para
asesorar a las universidades sobre la evaluación de su sistema de
pensiones con el propósito de hacer la modificación, o bien,
la instalación de un nuevo sistema formal en el sector, y la asociación
también puede coordinar la homologación futura de los esquemas
de jubilaciones universitarias, que hoy se encuentran repartidos en una
gran variedad de formas", añade.
La ANUIES informa que ya se contrató a un grupo
de asesores que, precisamente, trabajan en el estudio de esa gran variedad
de formas de jubilación de todas las universidades, a fin de poder
presentar un diagnóstico sobre un tema que, anticipa, formará
parte importante de las discusiones en el Congreso de la Unión sobre
el presupuesto de la educación superior pública del país,
el próximo otoño.
Sin duda alguna, el impacto financiero de las jubilaciones
y las pensiones universitarias "ocupará gran parte de la discusión
de este año sobre la educación superior pública del
país", afirma David Villarruel, miembro del sindicato de la Universidad
Autónoma Metropolitana y de la dirigencia de la Federación
Nacional de Sindicatos de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (Fensuies), otra de las corrientes del FASU.
Acuña Pardo considera que ante las diversas formas
de entender el problema, algunas universidades rechazan los cambios a sus
esquemas de pensiones; otras están en favor de hacer modificaciones
sobre el sistema de "beneficio definido", y algunas piensan cambiar en
pro del sistema de cuentas individuales.
Pero cree saber con exactitud en qué consisten
los esquemas de aportaciones y el de beneficio definido. En el primer caso,
el trabajador sólo conoce el monto de sus aportaciones, no el de
los beneficios, pues éstos dependen del capital constitutivo acumulado
en su cuenta individual a la fecha en que se otorgue la pensión.
Las cuentas individuales tienden a beneficiar al patrón
"Se puede concluir que el esquema de cuentas individuales
tiende a beneficiar al patrón, pues éste no correrá
peligro de desequilibrio financiero, pero podría perjudicar al trabajador,
ya que no necesariamente le garantiza una pensión digna, ya que
su monto dependerá del total de las aportaciones, los años
de cotización, la tasa real de rendimiento y la edad de jubilación".
En el esquema de beneficio definido, el empleado conoce
el monto de los rendimientos a que tendrá derecho desde que ingresa
a trabajar. Es el caso de aquellas universidades en las que se otorgan
pensiones por jubilación a los 25 o 30 años de servicio,
sin importar la edad del trabajador, como sucede en la Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo.
El esquema de beneficio definido tiende a sobreproteger
al trabajador y su familia, y perjudica directamente al patrón e
indirectamente al mismo empleado, ya que éste corre el riesgo de
no recibir su pensión y, además, de perder su trabajo.
Para universidades, sindicatos y gobierno, la discusión,
pues, está abierta.
