Refrenda el secretario de la Defensa compromiso de las fuerzas armadas con el Presidente

"El Ejército no tiene confusiones; la lealtad no es motivo de deliberaciones", asegura Vega García

RENATO DAVALOS

En un aniversario más de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, aseguró que el Ejército no tiene confusiones. "Nuestra lealtad no es motivo de deliberaciones." Es, dijo, un gran patrimonio en el seno militar, un bien que debe ser cuidado con esmero cotidianamente.

A las fuerzas armadas "la lealtad nos permite tabajar sin inquietudes ni distracciones", manifestó el general.

En el alcázar de Chapultepec, el presidente Vicente Fox, su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial y de las fuerzas armadas convergieron en la rememoración de la Marcha de la Lealtad, en su 89 aniversario.

Unico orador, el titular de la Defensa evocó la gesta de los cadetes del Colegio Militar en 1913 y refrendó la lealtad de las fuerzas armadas hacia el Presidente de la República. "Los soldados no tenemos confusión. Refrendamos el compromiso de continuar aquella marcha, hoy al lado del comandante supremo."

Vega García insistió en que la lealtad en el seno del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tiene un enorme sentido: ser siempre leales al Presidente. No son permisibles dudas o deliberaciones. El concepto es total, no por estar escrito en las leyes, sino por la convicción de ser respetuosos y servir a la sociedad.

Vega García sostuvo que "la obediencia permite la custodia de las armas que la ley y la nación nos confían".

En su mensaje, el secretario de la Defensa Nacional aseguró que no hay duda en el presente ni en el futuro. La lealtad es un gran patrimonio en el seno militar, un bien que "debe ser cuidado cotidianamente".

La lealtad, insistió, no es motivo de deliberaciones. "Por el contrario, es un compromiso ineludible. Nos permite trabajar sin inquietudes o distracciones, conocedores en todo momento de cuál es la misión de las fuerzas armadas."

Instituciones sólidas permiten a México hacer frente a desafíos

En la ceremonia, que apenas duró 20 minutos, Vega García señaló que actuar con lealtad es convicción que corresponde a la grandeza de quienes forjaron el país. México puede hacer frente a los "desafíos y al peligro", resaltó, porque dispone en todo momento de las fuerzas armadas, de la unidad de la sociedad y de la fortaleza de las instituciones.

Interpretar la historia ?resumió? no basta, pues hay que extraer de ella la sabiduría de la experiencia como guía para el futuro.

Al término del acto, el presidente Vicente Fox retornó a la casa presidencial. Lo esperaban los panistas en la sede nacional blanquiazul, adonde acudiría poco después.

Sin validez, los argumentos del secretario Peyrot

Sólo el Senado puede autorizar salida de tropas, plantea estudio de consultor

ANDREA BECERRIL

La pretensión del secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, de enviar al extranjero una delegación de la Armada mexicana a participar en las maniobras multinacionales encabezadas por Estados Unidos -conocidas como Unitas-, sólo puede darse con la autorización del Senado de la República, advierte un estudio elaborado por el consultor jurídico legislativo de esa cámara.

El documento es la base de la argumentación que el Senado debe esgrimir para evitar que la Secretaría de Marina imponga el criterio de participar en las maniobras navales que la United of Internacional Submarine Warfare (Unitas) llevará a cabo el próximo 11 de marzo en aguas de Colombia, sólo con el consentimiento del presidente Fox y sin el aval del Congreso, expresa José Carlos Cota Osuna, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Secretario de la Comisión de Marina, Cota Osuna precisa que el asunto debe acelerarse, toda vez que está próxima la fecha en que podría salir un contingente de la Armada mexicana al extranjero. Sobre todo, dice, porque la opinión que al respecto ya fijó el consultor jurídico legislativo del Senado, Gerardo Perdomo Cueto, es que "no existe alguna disposición expresa que faculte al Ejecutivo a autorizar el envío de las fuerzas armadas, ni en caso de guerra ni en ningún otro".

El documento del consultor jurídico, que elaboró a petición del presidente de la Comisión de Marina, el perredista Antonio Soto Sánchez, establece asimismo que carecen de validez los argumentos del almirante Peyrot, en el sentido de que existen antecedentes de la salida de tropas a otras naciones sin la autorización previa del Senado. Están los casos, por ejemplo, de cuando elementos del Ejército y la Armada asistieron a misiones humanitarias en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países que fueron afectados por desastres naturales.

Al respecto, el consultor jurídico legislativo advierte que si bien en términos del artículo 89 constitucional, fracción 10, la titularidad de la dirección de la política exterior corresponde al Presidente de la República, el ejercicio de esa atribución, por mandamiento del artículo 49 de la carta magna y los términos del artículo 76, fracción uno, debe ser controlada por el Senado de la República, "como uno de los órganos de máxima representación política de la nación".

No hay excepciones

De acuerdo con ello, el artículo 76 constitucional, fracción tres, previene que el Senado tiene la potestad de autorizar al Ejecutivo federal permitir la salida de tropas fuera de los límites del país, el paso de fuerzas extranjeras por el territorio mexicano y la estación de escuadras de otras naciones, por más de un mes, en aguas mexicanas.

"La redacción textual de ese precepto impide deducir excepciones, ya sea para fines humanitarios o de cualquier otra índole. En ello consiste la eficacia del control senatorial sobre la actividad exterior del Ejecutivo federal, máxime cuando por un principio de interpretación jurídica no cabe hacer distinciones donde la ley no las hace."

En su interpretación, el órgano jurídico de la Cámara alta resalta que, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, fracción cuatro, corresponde al Presidente de la República disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente; es decir, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.

Sin embargo, también el artículo 89 establece que la condición para que el Ejecutivo federal pueda disponer de los institutos armados del país es la perturbación o amenaza de la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.

"No existe, en cambio, alguna disposición expresa que faculte al Ejecutivo a autorizar la salida de tropas de territorio nacional, ni en caso de guerra ni en ningún otro, lo cual significa que en el sistema de control constitucional de las actividades externas del Ejecutivo federal corresponde al Senado de la República autorizarlo, como jefe supremo de las fuerzas armadas."

En este sentido, precisa el consultor jurídico legislativo, "el planteamiento hecho por el secretario de Marina conduce a desvirtuar los principios y operancia del control político del Senado en materia de política exterior del Ejecutivo federal, pues independientemente de que los fines humanitarios de los institutos armados pudieran explicar su salida del país, en una actitud solidaria con otras naciones hermanas, es necesario considerar el cumplimiento de un deber y previamente observar las obligaciones constitucionales que lo permiten".

Además, la finalidad humanitaria que pudo en otros escenarios sustraerse al control del Senado no apoya los objetivos declarados por el almirante Peyrot, los cuales, aun sin revestir un estado de beligerancia, responden a la exigencia de una mayor capacitación de la Armada nacional en el campo de su competencia. En síntesis, es necesaria la autorización del Senado para que las tropas mexicanas salgan a las maniobras de Unitas en aguas internacionales, concluye el consultor jurídico legislativo.

Aunque el documento fue enviado a la Comisión de Marina del Senado desde el pasado 12 de diciembre, el organismo senatorial no ha hecho nada al respecto.

En entrevista, el senador priístas Cota Osuna manifestó que, en su carácter de secretario de esa comisión, pedirá que se aborde de inmediato ese asunto para evitar que se pase por encima de las facultades de la Cámara alta, sobre todo en un asunto tan delicado.

La pérdida de rango, consecuencia del proceso, dice Macedo

Estrictamente, a Gallardo sólo se le redujo la pena, asegura la PGR

La PFP protege al militar desde que dejó la cárcel: Creel

RENATO DAVALOS Y CLAUDIA HERRERA

Respecto al caso del general Francisco Gallardo, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, dijo que "estrictamente" hubo una reducción de pena, y la resolución de la justicia militar "ahí está inscrita". La pérdida de su rango, indicó, fue "consecuencia legal" del proceso. Ahora, las decisiones "pueden ser combatidas" por los medios constitucionales establecidos.

Entrevistado también al término de la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, refirió que en el caso del general Gallardo, la aplicación de la ley "nunca generará desestabilización". Informó que el militar cuenta con protección de la Policía Federal Preventiva desde que salió de la cárcel.

Sobre este tema, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que el Ejército no podrá sancionar a Gallardo en caso de que no pueda presentarse ante la Secretaría de la Defensa en las próximas horas, porque Gobernación se comprometió a que el militar será respetado mientras se aclara su estatus dentro de la milicia.

-ƑSe respondió a presiones internacionales en este caso? -preguntaron al secretario de Gobernación.

-La posibilidad de aplicar la reducción de pena, la solicitud de familiares, de las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convergieron en la decisión.

Macedo de la Concha expuso que él tiene hoy la responsabilidad de la PGR. En su oportunidad, citó, la ejercí en la conclusión del proceso en el que los tribunales de las fuerzas armadas se pronunciaron, dijo en alusión a cuando se desempeñó como procurador de Justicia Militar.

Los tribunales de las fuerzas armadas, añadió, se pronuncian determinando la culpabilidad o inocencia de alguien. Ahí "concluí mi trabajo", asentó.

-ƑGallardo sigue siendo culpable?

-Ustedes saquen sus conclusiones -reviró. Pero les diría que "es una disminución de pena, estrictamente. Las leyes son muy claras".

-ƑEl Ejército se ve fortalecido con esta decisión?

-En estos momentos no puedo asumir la posición de las fuerzas armadas.

-ƑSe respondió a presiones externas para la liberación?

-No me corresponde haber tomado la decisión, sino el trabajo de la aplicación de la ley, y en eso "he sido respetuoso toda mi vida".

-Como ex procurador de Justicia Militar Ƒqué opina de la liberación?

-Como procurador siempre trabajé en la aplicación de la ley. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. La culpabilidad o inocencia de alguien se basa en la resolución de los tribunales competentes.

-ƑGallardo es o no culpable?

-Ahí están las leyes, y son muy claras en ese sentido.

La pérdida del rango es una consecuencia legal, asentó. Se trata de una pena establecida en la resolución de los tribunales y adquiere vigencia cuando un militar está más de dos años en prisión.

-Entonces, Ƒno puede recuperar el rango?

-Existe el juicio de amparo al que pueden acudir aquellos que crean violentados sus derechos fundamentales. La resolución de la justicia militar está inscrita, y ahora puede ser combatida por todos los mecanismos de los tribunales civiles constitucionales.

-ƑEl Ejército tendría que aceptar una resolución en el caso de que proceda el amparo?

-No puedo hablar de un futuro que no conozco, pero el procedimiento ahí está, y es para todos los mexicanos.

Macedo recordó que él encabezaba una región militar cuando Gallardo ya había sido consignado. La Corte le había negado dos o tres amparos, y la Procuraduría Militar hizo el trabajo que le correspondió y aplicó estrictamente la ley.

La reducción de la pena, resumió, es una figura que existe, y la facultad del Presidente de la República está inscrita en la ley.

Estaremos atentos a lo que se resuelva: Creel

Creel citó que Gallardo le solicitó un encuentro que se concretará en los próximos días, y cuando le preguntaron si el gobierno gestiona ante la Corte el respeto al rango del militar recién excarcelado, respondió que el proceso tendrá que darse paso a paso, y que como representantes del Poder Ejecutivo estarán muy atentos a lo que resuelva el Poder Judicial.

Respecto al planteamiento de Gallardo para que se modernice el Ejército, Creel apuntó que ese proceso está en marcha en las instituciones públicas, y recordó que los archivos de los 70 fueron entregados por la Secretaría de la Defensa, lo que es un aporte fundamental para el trabajo que hará el fiscal especial. Son informes que se públicarán para que los conozcan todos los mexicanos, añadió.

-ƑLas acciones de Gallardo pueden desestabilizar al Ejército?

-Nunca generará situaciones de desestabilización en la legalidad y el camino de las instituciones, por el contrario, la fuerza de éstas es lo que da solidez al Estado.

Desde que salió del penal, dijo Creel, Gallardo tiene resguardo de la Policía Federal Preventiva; estamos tomando todas las medidas que la misma familia ha solicitado -respondió cuando le preguntaron si se teme un atentado contra el militar.

Sedena no podrá hacer nada contra Gallardo

Adriana Carmona, directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que lleva el caso Gallardo, explicó que en las negociaciones con Gobernación, que posiblemente se reanudarán el martes próximo, se definió que la Sedena no podrá actuar en contra de el militar, porque su liberación fue producto de una resolución del Poder Ejecutivo.

A su salida de la prisión, Gallardo expresó su preocupación sobre este punto, porque de acuerdo con la ley castrense, tiene 72 horas, a partir de que dejó la prisión, para presentarse ante esa autoridad, o de lo contrario se le puede iniciar un nuevo proceso por el delito de deserción.

En referencia a las declaraciones de Macedo de la Concha, en el sentido de que el militar perdió su rango a causa de una sentencia legal, Carmona señaló que esa resolución no es definitiva, porque aún falta que el Poder Judicial resuelva el amparo indirecto que interpusiera Gallardo por el incumplimiento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La postura de Macedo contradice la del Ejército, sostuvo. En un oficio de finales del año pasado señaló que Gallardo era un "preso militar" que estaba depositado en un centro penitenciario del estado de México.

Si el alto mando castrense intenta sancionarlo desconociendo su grado, precisó, Gallardo tendría más argumentos para continuar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que en su resolución, la CIDH no sólo recomendó la liberación del general, sino también que se le restituyeran sus derechos y que se investigara y sancionara a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra.

La abogada planteó que están en espera de que en los próximos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en torno a la liberación de Gallardo, y por lo pronto, la CMDPDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) enviarán al organismo un informe conjunto.

La decisión de continuar o no el proceso ante la Corte Interamericana dependerá de si la resolución del Poder Judicial denega el amparo, debido a que ello podría ser utilizado por el Ejército para desconocer los derechos laborales del militar.

Carmona expuso que la liberación de Gallardo resuelve una parte del problema, pero aún falta que el gobierno garantice la debida reparación del daño de acuerdo con los estándares internacionales, lo que comprende la restitución de sus derechos, indemnización, rehabilitación y satisfacción, así como las garantías de no repetición.

El Congreso de la Unión -estimó- también debe legislar sobre la obligatoriedad de las resoluciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Tiene que establecerse claramente la voluntad de dar cumplimiento a aquellos compromisos que México ha adquirido para la promoción y protección de las garantías individuales.

En tanto, José Luis Gutiérrez, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), de Mesoamérica -que junto con la CMDPDH presentó la queja ante la CIDH- señaló que están evaluando con Gallardo si tiene sentido o no pugnar porque se realice la audiencia del próximo 19 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistado vía telefónica, indicó que la Corte Interamericana tiene la decisión final sobre la realización de la audiencia, porque ese organismo fue el que convocó a comparecer al gobierno y a la defensa de Gallardo.

La esposa del general presentó una queja ante la CDHDF por "diversas agresiones"

La PGJDF cuidará provisionalmente al militar excarcelado

Por instrucciones del titular de la Procurador general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, la Policía Judicial capitalina brindará, de manera provisional, protección al general José Francisco Gallardo y a su familia, "para garantizar su integridad física y sicológica". Previamente, Gobernación informó que la PFP protege al militar desde que salió de la cárcel.

La PGJDF informó que las medidas cautelares responden a la queja que presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del DF la esposa del militar, Leticia Enríquez Sánchez, en la que refiere que tanto su esposo como sus hijos, Marco Vinicio, Alejandro, Francisco y Jessica Gallardo Enríquez han sido agredidos en diversas ocasiones, por lo que además, la PGJDF inició una investigación.

Enríquez Sánchez expuso en su queja ante el ombudsman capitalino que al estar libre su esposo, teme por su seguridad y la de sus hijos.

El titular de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, remitió una copia de la queja a la titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la dependencia, Margarita Espino del Castillo Barrón, y en menos de 24 horas la procuraduría capitalina respondió al comisionado de la resolución tomada por Bátiz Vázquez.

El oficio refiere que en atención a la queja presentada ante la CDHDF por Leticia Enríquez Sánchez, la fiscalía desconcentrada en Tlalpan inició la averiguación previa 23/336/02-02 y se instruyó también al titular de la Jefatura General de la Policía Judicial capitalina, Damián Canales Mena, para que agentes judiciales de la corporación se pongan en contacto con la familia del general Gallardo, a efecto de aplicar las medidas de seguridad provisionales.