Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 13 de febrero de 2002
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Política

Pemex envió documentos certificados por notario

Entregan a Woldenberg informe sobre transferencias al STPRM

ENRIQUE MENDEZ Y GUSTAVO CASTILLO

La información que Hacienda y la Procuraduría General de la República negaron al Instituto Federal Electoral (IFE), sobre las transferencias por mil 100 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), le fue entregada a José Woldenberg por la propia paraestatal.

En esa información, Pemex revela a Woldenberg que el 11 de septiembre de 2000 -cuando se firmó el convenio administrativo sindical que permitió la liberalización, ocho días después, de 460 millones al STPRM- se llevó a cabo una comparecencia "ante el coordinador general de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social" para discutir la transferencia.

El primero de febrero pasado, el director corporativo de Administración de Pemex, Julio Camelo Martínez, envió al consejero presidente del IFE el oficio 0126, donde confirma que el 8 de junio y el 19 de octubre de 2000 la empresa expidió dos cheques a nombre del STPRM, uno por 640 millones y otro por 460 millones de pesos, ambos de la cuenta 00102135752 de Inverlat.

Ese dinero, según la Secretaría de la Contraloría, fue utilizado "con el propósito de atender gastos y costos originados por demandas judiciales interpuestas en contra del CEN del STPRM, las cuales no fueron especificadas".

El 22 de enero pasado, el IFE pidió a Pemex información sobre las presuntas transferencias que se habrían hecho a la campaña presidencial del PRI en 2000, a partir del acuerdo que asumió la Comisión de Fiscalización el 20 de enero pasado, dos días después de que La Jornada informó de la denominada Operación Crudo, así como de la detención de tres ex funcionarios del PRI, dos de los cuales ya fueron integrados al programa de testigos protegidos.

Dicho oficio -del cual este diario tiene copia- siguió una ruta marcada para que no se diera a conocer su contenido, ni siquiera a los consejeros del IFE. Luego de recibirlo, Woldenberg lo turnó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, quien informó a los otros consejeros que ya tenía la información de Pemex, pero que la podrían obtener por medio de la secretaría técnica.

El 30 de enero pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los ciudadanos podían obtener la información que el IFE posea sobre los partidos políticos. Ayer, este diario obtuvo el oficio de Camelo Martínez, quien precisó a Woldenberg que le envió ocho documentos "para los efectos a que haya lugar. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la finalidad a la que hubieran sido destinados los recursos públicos que fueron erogados por Petróleos Mexicanos".

Todos los documentos que, junto con el oficio, envió Camelo Martínez al IFE, son cotejados ante notario público: Convenio administrativo sindical del 5 de junio de 2000; tabla de amortización del préstamo y forma de pago por la cantidad de 640 millones de pesos; convenio administrativo sindical de fecha 11 de septiembre de 2000; comparecencia del funcionario de la Secretaría del Trabajo; cheque 8648 a cargo de Inverlat, de fecha 8 de junio de 2000, por la suma de 640 millones de pesos.

También una copia del cheque 15185 de Inverlat, de fecha 19 de octubre de 2000, por 460 millones de pesos; recibo sin número, de fecha 12 de junio de 2000, relativo a la cantidad de 640 millones de pesos, y el recibo sin número, de fecha 20 de septiembre de 2000, relativo a la cantidad de 460 millones de pesos.

Veraza, único arraigado

Ayer se confirmó que Melitón Cázares y Andrés Heredia fueron incluidos por la PGR en el programa de testigos protegidos y abandonaron la casa de seguridad en la que estaban arraigados.

Cázares y Heredia entregaron documentos e informaron a la UEDO -a cargo de la Operación Crudo- de la forma en que el PRI recibió las remesas del sindicato y cómo se utilizó ese dinero para el supuesto pago de premios derivados de rifas que el PRI realizó entre sus militantes y simpatizantes, y fueron "liberados" hace ocho días.

Sólo Alonso Veraza, quien fungió como coordinador administrativo de la Secretaría de Elecciones del PRI hasta agosto de 2000, bajo las órdenes de Carlos Almada, permanece bajo arraigo.

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