Señora directora: Le ruego publicar esta carta dirigida al presidente de la República, Vicente Fox Quesada:

Señor Presidente: Leí con mucho interés sus declaraciones hechas a diferentes medios de comunicación a su regreso de Cuba.

Según lo publicado en La Jornada el pasado martes 5 de febrero, usted demandó al gobierno de Cuba que se acerque a los "estándares de derechos humanos y de democracia que se afianzan" en América Latina. También entregó al comandante Fidel Castro una lista de ciudadanos cubanos presos "con la esperanza de que sus casos sean revisados".

Señor Fox: soy ciudadana mexicana y madre de una estudiante presa por razones políticas. Mi hija ha sido injustamente sentenciada a más de ocho años de prisión después de organizar e impulsar una campaña de alfabetización en el estado de Guerrero.

Si usted es congruente con sus palabras, entonces yo le hago la misma solicitud que usted hizo al gobierno cubano: revise el caso de Ericka Zamora Pardo para que pronto pueda ser puesta en libertad.

Mi hija acaba de anunciar públicamente que en los próximos días comenzará una huelga de hambre para exigir esa libertad.

Mi familia y yo respetamos esa decisión, pero quisiéramos evitarle un sacrificio personal extremo. Por ello le exijo otra vez al gobierno federal que tome las medidas necesarias para liberar a mi hija.

Alfonsa Pardo Lozano, madre de Ericka Zamora Pardo

Culpan a Soberanes de usurpar atribuciones del Poder Judicial

Señora directora: La garantía individual y social del artículo 17 es uno de los pilares del proyecto nacional establecido en la Constitución Política Mexicana: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales", que se complementa con el artículo 21: "la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público".

Congruentemente, en una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la PGR no podía cerrar el caso del crimen de Tlatelolco 1968 alegando la prescripción de los delitos sin antes investigar los hechos, otorgando una implícita consideración jurídica de que no existe tal prescripción, todo ello en favor del interés social agraviado.

Por este régimen de derecho, resulta más escandalosa la ilegal postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, que en clara usurpación de las funciones propias y exclusivas del Poder Judicial y el Ministerio Público Federal --e incurriendo en actos violatorios de los deberes oficiales consagrados en los artículos 7, fracción VI, y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que podrían ser tipificatorios de un posible delito contra la administración de justicia (artículo 225-VIII del Código Penal Federal)-- declara irresponsablemente que los delitos en mención ya prescribieron, por lo que no se podrá fincar responsabilidad penal alguna, además de que no procede una fiscalía especial (El Universal, 12/02/02), exculpando de facto a los presuntos responsables del genocidio de Tlatelolco.

Asimismo, contradice flagrantemente la ejecutoria de amparo dictada por el máximo tribunal (descalificando a priori la averiguación previa ordenada) y quebrantando las normas imperativas emanadas del derecho internacional sobre derechos humanos en las que se establece, sin reserva o limitación alguna, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, contrariando la determinación anunciada por el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, en el sentido de que el recién nombrado fiscal para desaparecidos de los años setenta, Ignacio Carrillo Prieto, se encargará de tal investigación.

Además, siendo los titulares de la CNDH y de esta fiscalía miembros cercanos de un mismo equipo político y universitario, se puede presumir que el este último tiene ya resuelto el caso, pues desde ahora cuenta con la declaración oficial de la no procedencia del ejercicio de la acción penal, debido a la prescripción de los delitos, en un abierto desacato que anula virtualmente el mandato de la SCJN.

Por tanto, el Poder Judicial se verá, presuntamente, imposibilitado para guardar y hacer guardar la Constitución (artículo 97), salvo que utilice los medios de coerción que sean necesarios, llegando incluso a promover la separación del cargo y la consignación ante un juez de tan cumplidos "defensores de los derechos humanos" (artículo 107-XVI).

Esto le sucede a los mexicanos, por dejar a la Iglesia en manos de Lutero.

Adalberto Saldaña Harlow y Raúl Jiménez V.

Negligencia en Telcel provocó que le negaran tarjeta bancaria, acusa

Señora directora: Ante todo debo aclarar que soy español y resido en México desde hace nueve años. He estudiado una maestría en este país y ahora trabajo aquí, pago mis impuestos y no tengo intención de regresar.

Hecha la aclaración, quiero señalar que hace seis meses solicité a un banco una tarjeta de crédito, que me fue negada por estar "boletinado" (sic) en el mentado buró de crédito (BC). Seguro de que nunca he tenido un crédito, fui a Condusef a denunciar el caso y al mes siguiente recibí el reporte del BC. En él aparecía, en medio de mis datos, un adeudo a la empresa Telcel denunciado ¡en Sinaloa!

¿Cómo es posible que "boletinar" a una persona pueda hacerse sin ningún rigor? ¿Cómo es posible que a nadie, ni a Telcel ni al BC, le "brinque" el dato? Porque no parece normal que alguien, además de extranjero, que vive y trabaja en el DF (lo demuestran los datos recientes que proporcionó el BC), vaya a Sinaloa a gastar la estratosférica cantidad de 927 pesos en un celular. Es un poco chafa para estafa, incluso para un gallego, ¿no le parece?

De buena fe acudí con mi reporte a Telcel, pero ahí un empleado del Centro de Atención a Clientes me dijo que si lo anterior era cierto tendría que verificarlo con su empresa. Ante esa grosería, le pedí que me demostrara que yo, alguna vez, había sido cliente de dicha empresa, pero el señor dijo que no tenía ahí todos los expedientes. Mi respuesta fue que ese era su problema, que México era un estado de derecho y que ellos tendrían que demostrar mi culpabilidad y no yo mi inocencia.

Por supuesto que inicié una demanda ante Profeco, aunque dos semanas después un abogado de Telcel me informó que el problema tuvo su raíz en un aparente homónimo. Por Dios, que alguien le aclare a Telcel que Ignacio Javier Martín Sánchez (yo) no es homónimo de Ignacio Martínez Sánchez (el sinaloense), sólo son nombres parecidos, lo que demuestra la ignorancia de los empleados que manejaron este expediente y que puede ser muy peligroso.

El mencionado abogado me dijo que después del 30 de enero podría llamar por teléfono al BC y comprobar que ambos expedientes habían sido separados. Así consta en el acta de Profeco. Pero el 7 de febrero el BC me informó que no me darían esa información, que sólo a las instituciones.

Además de querer dejar constancia del hecho, quiero que Telcel me demuestre, por escrito, que me quitaron el problema en que su incompetencia me metió. Claro que considero que merezco algo más que la disculpa de un empleado, ya que hay errores que no se pueden disculpar. Es decir, que si yo cometo un error equivalente que perjudique a terceros, podría terminar en la cárcel, sin embargo, una empresa que lucra con ello no se ve obligada a nada. Por mi parte, puede usted comprender que mi confianza en Telcel es nula, por lo que decidí, además de reabrir el expediente en Profeco, enviar esta denuncia a los periódicos para que el público sepa a qué gente le da su dinero.

El perjuicio evidente que la negligencia de Telcel y el BC me ha ocasionado --seis meses sin poder contar con un crédito al que tendría derecho por historial y por mis ingresos-- ¿quién me lo va a compensar? ¿Telcel? La verdad, no lo creo.

I. Javier Martín Sánchez

Cuotas "ilegales" en el Colegio Francés Hidalgo

Señora directora: Me dirijo a usted para denunciar el abuso que pretende cometer el Colegio Francés Hidalgo (CFH) en contra de los padres de familia de la comunidad escolar de esta institución educativa.

La semana pasada llegó a nuestras manos la circular de cuotas y servicios para reinscripción al periodo escolar 2002-2003, misma en la que, a diferencia de otros años, se nos informa lo siguiente: "Se comunicó a las mesas directivas de la Sociedad de Padres de Familia la decisión de establecer una aportación anual de 2 mil pesos, que servirá para avanzar en la ejecución del desarrollo de la institución en los aspectos siguientes: recuperación, remodelación y creación de instalaciones educativas; capacitación y actualización para profesores y personal administrativo del colegio; equipamiento de talleres, laboratorios y centro de cómputo".

Más adelante, el comunicado establece que el pago de la aportación deberá realizarse "para reinscripción de los alumnos". Con lo que se supone que de no pagar la cantidad nuestros hijos quedarán sin la posibilidad de ingresar al colegio.

Considero este cobro ilegal y solicito la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor en este asunto para los directivos desistan en su idea de inventar cobros que lesionan la ya de por si deteriorada economía familiar.

María Dolores Núñez Rivera