Alejandro Zapata Perogordo

La herencia

En la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en algunos medios de comunicación se abordó un tema importante: los salarios de algunos ediles del estado de México, calificados atinadamente como "escandalosos", pues se evidenciaron excesos en las retribuciones otorgadas.

Tal situación ha dado pauta a la reflexión que deberá ser acompañada por una acción inmediata: la revisión no sólo de los salarios de los servidores municipales, sino de todos aquellos que laboran en cualquier orden de gobierno y, con ello, el transparente manejo de los dineros públicos.

Debemos recordar que algunos años atrás era prácticamente tarea imposible conocer los ingresos de los servidores públicos, y muy especialmente el del presidente de la República, seguido por funcionarios de primer nivel como legisladores, gobernantes o presidentes municipales, dado el manejo discrecional que éstos hacían del presupuesto asignado, pues se repartían bonos y compensaciones a voluntad. Lamentablemente, estas prácticas aún son comunes en algunas entidades, todavía existen en nuestro país las partidas secretas, el manejo arbitrario de viáticos y de grandes cantidades de dinero por las que no se exige comprobación alguna.

Por supuesto que trabajar en el gobierno y además estar cercano a los funcionarios de cierto nivel regularmente se convertía en jugosos rendimientos, de ahí la frase popular: "Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error".

Se fue tejiendo una gran telaraña bajo reglas muy claras dentro del sistema, a efecto de mantener controles especialmente corporativistas, distribución de espacios, canonjías y privilegios, así como el establecimiento de negocios vinculados con la actividad gubernamental, de tal manera que a la corrupción se le vio como toda una cultura. ƑY qué se compraba con esto? Lealtades, contubernio, impunidad, disciplina y, sobre todo, la marginación para pensar y establecer posturas ideológicas.

La imposición de esas reglas de actuación fueron mermando el sistema político mexicano, que aún no se ha librado de escozores y resistencias para su replanteamiento, pese a la existencia de indudables avances democratizadores. Ahora lo que está marcando la pauta es la búsqueda de la confianza ciudadana para hacer de ella el soporte que permita caminar con su apoyo. Sin embargo, diversas fuerzas políticas buscan desorientar a los ciudadanos a través de procesos de descalificación.

Y es por lo anterior que se hace necesario mandar mensajes claros de transparencia. Se debe empezar por los puntos sensibles relacionados con la conducción de los recursos públicos. No es solamente un proceso coyuntural o una posición simplista; es necesario ahondar en las actitudes, en la congruencia, en las estructuras y en el sistema, pero hay que tener cuidado, porque esto, que se dice fácil, ha sido el tema principal de los mejores discursos políticos que los mexicanos hemos escuchado durante décadas, mientras la práctica discordante nos muestra ejemplos infames y vergonzantes.

A fines de 2000, por primera vez en la historia contemporánea de este país, la Cámara de Diputados fijó el salario del presidente de la República. Lo que en otras épocas se hubiese tomado como injuria ahora es un principio de orden, de voluntad política, de transparencia y de cambio.

De manera similar, el presupuesto de 2002 en su artículo 41 determina un tabulador inicial, a fin de establecer los salarios de diversos servidores públicos, de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada encargo. Se trata de un hecho inédito, trascendente y positivo, mediante el cual se permite tener conocimiento e inclusive hasta opinar sobre lo que debe retribuirse a los servidores públicos federales. En los estados, sólo Guanajuato y Nuevo León han legislado en esta materia.

Aunado a lo anterior, se encuentra la iniciativa de acceso a la información, para otorgar carácter de ley y, por lo tanto, obligatoriedad de apertura a los archivos de las dependencias federales, a fin de que todo interesado pueda tener entrada a los expedientes y, con ello, transparentar la administración pública.

Desagraciadamente, los ejemplos anteriores no han sido secundados en las entidades federativas, donde aún se resisten a someterse al escrutinio público y prefieren mantener oculta la información.

Reitero que no son suficientes los cambios a la ley, pero coadyuvan en el combate a la corrupción, otorgan certidumbre y transparencia. Esencialmente se necesita convicción, sin importar de qué partido provenga. Ahora requerimos el compromiso de quienes desempeñan un cargo público para trabajar con eficiencia, transparencia, honestidad y responsabilidad.

Vicecoordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados