Antonio Gershenson

La nueva legislación eléctrica

La propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en materia eléctrica propone para las empresas públicas la autonomía de gestión. Esto se entiende como que la Secretaría de Hacienda deje de tener injerencia en la administración de éstas. Pero no. La dependencia deberá abstenerse de tener participación en el presupuesto, en lo que se refiere a sus propios ingresos. Sólo podrá limitar su nivel de endeudamiento

En diciembre pasado el presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República presentó, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece, un proyecto de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución, en materia eléctrica.

El pasado día 13 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados, dio a conocer un proyecto de reformas; entre ellas, sobre el mismo ámbito, una a la Constitución de la República. El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la próxima presentación de otra iniciativa.

Es poco lo que se ha hablado sobre estas alternativas, y mucho sobre las declaraciones al respecto. En vez de referirse de manera específica a cada uno de los puntos propuestos, a menudo se ha preferido regañar a los legisladores por no haber sacado ya la reforma, o bien descalificar lo que se supone quiso decir uno u otro, y no necesariamente sobre la propuesta que se hizo.

La semana pasada nos referimos a la propuesta del Partido Acción Nacional, mostrando que no tiene posibilidad de prosperar. Ahora es preciso señalar algunos puntos que considero medulares del planteamiento perredista.

Se propone, para las empresas públicas eléctricas, la autonomía de gestión. Esto se entiende como que la Secretaría de Hacienda deje de tener injerencia en la administración interna de éstas y, en particular, en cuanto a la facultad de frenar sus inversiones. Pero no. La Secretaría de Hacienda deberá abstenerse de tener participación en el presupuesto, en lo que se refiere a sus propios ingresos, del cual deberá informar al Congreso de la Unión junto con el presupuesto federal. Sólo podrá limitar su nivel de endeudamiento.

Se modera el régimen fiscal de estas industrias, acercándolo más al de una empresa normal. Y se confiere a estos entes públicos una autonomía técnica, que incluye la posibilidad de construir plantas y llevar a cabo otras actividades análogas.

Para contribuir a los ingresos de las empresas públicas eléctricas, se les autoriza a aprovechar sus derechos de vía (que tienen en las líneas de trasmisión, por ejemplo) para otros fines, como ductos (incluso los del gas, que consumen algunas plantas de generación de electricidad) y líneas de telecomunicación.

El principal control sobre estas empresas viene de la propia Cámara de Diputados, la cual debe discutir, modificar y, en su caso, aprobar su presupuesto, así como vigilar el uso correcto del mismo.

La regulación de las tarifas eléctricas, ahora en manos de la Secretaría de Hacienda, pasa, conforme a la citada propuesta del PRD, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual debería tener también autonomía.

También se promueve el estímulo a las fuentes renovables de generación de energía, como agua, viento y otras, y al desarrollo tecnológico de las mismas.

La propuesta del PRI, que no ha sido presentada aún, pero con base en los anuncios y las versiones parciales publicadas, sugiere que tendría similitudes o puntos en común con la del Partido de la Revolución Democrática.

Parece ser que las dos propuestas contienen algunos puntos que la otra no menciona o no desarrolla, pero no se ve, hasta el momento, que haya aspectos directamente contrapuestos.

Lo que debe buscarse en este contexto es que haya una reforma eléctrica, pues es necesaria, pero en un sentido de avanzar y no de retroceder. Es necesario un fortalecimiento de la industria eléctrica conforme a planes de largo y mediano plazos, y no someterla a ciclos de desarrollo alocado, cuando es o parece muy rentable invertir en ella, y luego escasez y apagones, cuando esa inversión deja de ser atractiva. Y hay condiciones para lograr este avance. Los puntos mencionados de la propuesta, presentada hace unos 10 días, son una buena base para la discusión.