Señora directora: Le pido incluir en El Correo Ilustrado una carta dirigida al presidente de México, Vicente Fox Quesada.

En los últimos días ha hablado de la importancia que su administración está dando al combate de la corrupción. Nadie puede oponerse a ello y me uno a la necesidad de resolver una problemática que nos afecta a todos. Por eso, si observa las calles aledañas a Palacio Nacional, se dará cuenta de que se han convertido en un estacionamiento.

En la calle de Moneda, la Plaza Manuel Gamio y sobre la acera entre Palacio Nacional y la Catedral, lo mismo hay vehículos oficiales y motocicletas de Presidencia de la República que de la SHCP, así como de vendedores ambulantes o la policía. Se estacionan en doble fila, a veces incluso sobre la acera de Palacio Nacional, y algunos tienen tarjetas de control, como en el caso de los vehículos de Hacienda.

Esto es prepotencia y corrupción, además causa deterioro, de por sí amplio, en el Centro Histórico, que alberga importantes ejemplos arquitectónicos y calles con tradición e importante significado, como la de Moneda.

Este uso discrecional de las aceras además crea problemas a los transeúntes y sobre todo a los ciegos que circulan por esa ruta. Quienes trabajamos en el centro de la ciudad usamos cotidianamente los transportes masivos para llegar ahí; los funcionarios en turno pueden hacer lo mismo, como en otras ciudades democráticas del mundo, que nos habla del respeto y conocimiento por el patrimonio cultural.

El Centro Histórico de la ciudad de México es considerado patrimonio de la humanidad y es visitada por miles de turistas nacionales e internacionales. Si no puede educar a los funcionarios, por lo menos pueden pagar estacionamiento y caminar como todos los ciudadanos mexicanos.

Ninguna remodelación del centro será real con ese estacionamiento "oficial" ni con la acera de Palacio Nacional en pésimas condiciones (por reparación) desde hace ya más de cinco años.

Elsa Hernández Pons

Señora directora: Por medio de la presente y ante la inminencia de que la delegada en Venustiano Carranza, María Morales Rubio, clausure el albergue Fray Servando, lugar donde dormimos los abajo firmantes, le solicitamos atentamente publicar nuestra petición de que no cierre ese lugar.

Somos un grupo de aproximadamente 100 mujeres y hombres (indígenas, personas de edad avanzada, jóvenes sin empleo, mujeres solas, indigentes, etc.) que por esta situación no contamos con documentos oficiales que nos permitan un trabajo estable y nos vemos obligados a contratarnos en subempleos temporales en los que ganamos esporádicamente cantidades menores al salario mínimo, por lo que nuestra sobrevivencia es cada vez más difícil y siempre nos vemos en la disyuntiva de permanecer en la calle o comer.

Recientemente nos hemos enterado de que el albergue de invierno que nos ha protegido desde los primeros días de enero a la fecha, ubicado en la calle de Fray Servando Teresa de Mier, entre Congreso de la Unión y San Ciprián, en la colonia Merced Balbuena, será cerrado el próximo 28 de febrero, con motivo del término de la temporada de frío.

Nos vemos obligados a pedirle de la manera más atenta que revalore la decisión y no cierre el albergue que ha sido vital para nuestra sobrevivencia. Algunas autoridades nos han informado que el albergue del Carmen siempre está saturado y el de Coruña será destinado a pacientes siquiátricos.

Por lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente considere no cerrar el albergue.
 

Todas y todos (hombres y mujeres en situación de calle). Julio Ramírez, Gabriela Galván Morales, José Luis Mata, José Reyes Perdomo y 92 firmas más

Señora directora: Ante las temerarias y calumniosas declaraciones de la señora Alma Delia Méndez Sánchez, publicadas el pasado miércoles 20 de febrero en la página 10 del diario que usted dirige, me permito efectuar las siguientes precisiones:

La nota informativa firmada por La Jornada de Oriente, en cuyo sumario se cita "El rector de la UAP, enviado del gobernador, ofreció dinero a Lozano, revela la viuda", destaca únicamente las infortunadas afirmaciones de la señora Alma Delia Méndez viuda de Lozano, y cita que acompañada de los legisladores federales Martí Batres y Miguel Bortolini denunció ante la delegación de la PGR que días antes de la muerte de Teodoro Lozano éste "fue visitado por el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger Guerrero, y el docente José Luis Cardona para ofrecerle dinero y una plaza de profesor universitario a cambio de que dejara de asesorar a la UCEZ".

Consecuentemente, la referida nota informativa no toma en cuenta la respuesta que el rector de la UAP envió el mismo martes 19 de febrero a todos los medios de comunicación, incluida por supuesto La Jornada de Oriente, ni tampoco la entrevista que al respecto concedió ese mismo día a diversos periodistas, y que le hizo llegar a La Jornada de Oriente, a través de la cual rechazó tajantemente las ligeras declaraciones de la señora Alma Delia Méndez.

La UAP, en el comunicado aclaratorio del mismo martes, establece que el rector expresa su rotunda indignación ante las difamatorias declaraciones vertidas por la señora Méndez, y denuncia la posible violación a la autonomía universitaria por la intromisión en la vida interna de la institución de los diputados Batres y Bortolini.

Por lo anterior, ratificamos que ningún colaborador de la administración central de la universidad tuvo relación alguna con el diputado desaparecido, ni la ha tenido con su viuda, la señora Méndez Sánchez.

Asimismo, el rector reitera su indignación ante las calumnias de que es víctima, y sostiene que es absolutamente ajeno al tema abordado en su nota informativa. De igual forma, se deslinda de los infundios y advierte que tales señalamientos pudieran, al dañar la imagen del rectorado, buscar debilitar el desarrollo de nuestra institución, que con trabajo, superación y esfuerzo ha logrado la vinculación y la aceptación social en los últimos años.

La rectoría de nuestra institución, por tanto, se reserva el derecho de adoptar las medidas legales a que hubiera lugar frente a los señalamientos y acusaciones sin fundamento.

Por último, nos parece oportuno señalar que tanto la versión de los señores Méndez, Batres y Bortolini como la del rector Enrique Doger Guerrero ?ofrecida con toda oportunidad? debieron publicarse en el mismo espacio para evitar la falta de equidad y el sesgo informativo.
 

Raymundo Vega Crespo, director de Comunicación y Relaciones Públicas

Señora directora: Aprovecho este medio para agradecer el interés que La Jornada ha mostrado a la información de AOL México, es por esto que considero importante aclarar a los lectores la carta publicada el 19 de febrero en esta sección, titulada: "Denuncia anomalías en America Online", firmada por Judith Reinoso González, donde hace patentes sus quejas sobre nuestra empresa y el servicio que ofrecemos.

Quisiera aclarar la confusión de Judith Reinoso González. Efectivamente AOL hace un cargo mensual (al término del periodo de prueba gratuito) a la tarjeta de crédito del usuario que elige esa modalidad de pago al momento de instalar el CD; sin embargo, la señorita Reinoso se registró el 27 de agosto a través de la opción de pago en efectivo y con ello obtuvo un mes de servicio gratuito.

Cabe mencionar que su adeudo es únicamente de 219 pesos más IVA (ya que AOL no cobra recargos), el cual se le hizo saber a través de una empresa de cobranza externa ya que en estos casos el departamento jurídico de AOL México no interviene. Es importante aclarar que la empresa de cobranza externa no expide facturas, para esto es necesario llamar a AOL y solicitarlas.

Quisiera reiterar que estamos siempre en la mejor disposición de atender a nuestros usuarios y a aquellos consumidores que así lo requieran y concretamente este caso ha sido atendido y resuelto, tanto con la señorita Reinoso, como con su tío, el señor José González, con quien ella nos refirió al contactarla. Espero sinceramente aclarar cualquier duda o confusión y quedo a sus órdenes.
 

Erick Sydow, director de Mercadotecnia de AOL México

Señora directora: Por este conducto me permito hacer algunas precisiones con respecto a una nota publicada en la edición del 24 de febrero, relacionada con la muerte de un joven en la zona norte de Chiapas.

Hasta el momento, el asesinato no tiene el menor vínculo con los procesos sociales y políticos de la región; ni mucho menos es consecuencia del proceso de pacificación en la zona.

El avance de las investigaciones corrobora que se trató de un hecho delictivo resultado de problemas personales entre jóvenes. La víctima y el homicida eran taxistas. El agresor manejaba una unidad pirata.

La familia del joven asesinado tenía conocimiento de esas diferencias y de que habían llegado hasta la amenaza de muerte por parte del presunto asesino, que fue inmediatamente detenido.

Mencionar a El Limar pudiera dar otra connotación, pero los hechos se suscitaron en Jol-ako, en el crucero que forman esta comunidad y el camino a Salto de Agua. En consecuencia, por la claridad de los hechos, la región se encuentra en un creciente proceso de estabilidad social.

José Domingo Pérez Sarmiento, director de Comunicación Social de la PGJ de Chiapas

El proyecto turístico más importante del actual sexenio es el de la escalera náutica, que comprende la península de Baja California, Sinaloa y Sonora. La Jornada Ecológica pidió la opinión de un grupo de prestigiosos científicos sobre sus posibles efectos ambientales y sociales. La respuesta fue tan positiva que rebasó el número de páginas del suplemento correspondiente a febrero y que hoy debía aparecer en Internet. Por tal motivo, resolvimos elaborar un número especial, febrero-marzo, en torno a la cuestionada escalera. Consúltelo el lunes 11 de marzo.

La dirección de La Jornada Ecológica