Para el gobierno federal, en la zona hay un serio problema de "ingobernabilidad"

Se alistan fuerzas de seguridad para desalojar 35 comunidades de la reserva Montes Azules

HERMAN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 15 de marzo. El operativo de desalojo-reubicación de las comunidades ubicadas en los codiciados extremos de la reserva de la biosfera Montes Azules está prácticamente en marcha. Aprovechando el tiempo de secas, la fuerza pública federal e incluso el Ejército se estarían preparando para entrar a la selva y sacar a los pobladores de cuando menos 35 comunidades indígenas asentadas ahí. Esta vieja obsesión del zedillismo se ha vuelto un asunto de seguridad, ya no nacional, sino internacional. Para el gobierno federal, se trata de un serio problema de "ingobernabilidad".

En los niveles de decisión federal y estatal se manejan ya los pasos a seguir para tal maniobra. La punta de la madeja está en el paquete de denuncias presentadas a modo, el 12 de septiembre pasado, por Margarito Chanka Yun Yuc, Pablo López Rodas y Fidencio Martínez, representantes de tres comunidades lacandonas (en total son seis), en contra de los pobladores de 16 comunidades. La acusación, que hasta hoy sigue su curso legal, es por "despojo, daños a la ecología y los que resulten". En Chiapas son delitos graves, del fuero federal, no alcanzan fianza y la pena puede ser hasta de 8 años de prisión.

Un día después, el 13 de septiembre, se instaló en Tuxtla Gutiérrez la Mesa Ambiental, presidida por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y con la participación de instancias estatales y federales. En tanto se iniciaban las averiguaciones previas contra los 16 poblados, la citada Mesa acordó actuar ya en algunas comunidades de Montes Azules. (Hace una semana, el 7 de marzo, el delegado de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), miembro de la Mesa, declaró que ésta ya había avanzado "90 por ciento" en sus trabajos, que incluyen la "reubicación" de las comunidades).

Desde entonces han habido reuniones y cabildeos en diversos centros de decisión nacional e internacional. Las comunidades zapatistas y de la ARIC Independiente, que son las amenazadas por el desalojo, han denunciado desde diciembre pasado incursiones del Ejército, sobrevuelos a baja altura y amagos de inminente desalojo.

Según declaró hace cuatro meses el titular de la Profepa, Ignacio Campillo García, el gobierno federal "tiene detectados nueve puntos de alta ingobernabilidad"; de éstos, dos son prioritarios: Montes Azules y El Vizcaíno (reserva de ballenas en el mar de California). Estos puntos fueron elegidos "como las regiones de mayor prioridad para instaurar el orden y el estado de derecho", precisó el funcionario (El Universal, 25 de diciembre de 2001), a la vez que aceptaba la probable participación del Ejército federal "en la medida que sea necesario. Vamos a requerir que nos apoyen en los operativos, y después en las labores de operación y vigilancia".

La "alta ingobernabilidad" en estas regiones ya había sido señalada en noviembre por el entonces consejero nacional de Seguridad y hoy representante de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Zinser.

En el caso de Chiapas, la Mesa Ambiental, encargada de "aceitar" la gobernabilidad, está conformada por Semarnat, Profepa y Conafor, como instancias federales; y por parte del gobierno chiapaneco, las secretarías de Gobierno, Desarrollo Agrario y de Pueblos Indios, así como el Instituto de Historia Natural y Ecología, la Sedeso estatal y la Procuraduría de Justicia.

El Plan Puebla-Panamá

Muchas cosas se dan por hecho en las esferas gubernamentales, en la medida en que existe la determinación de que el Plan Puebla-Panamá se implemente pase lo que pase. Por lo pronto ya está, a punto, la que será ruta de maquiladoras entre Benemérito de las Américas y Palenque, a lo largo de toda la franja norte de la selva Lacandona. En los próximos meses echarán a andar diversas industrias, y todo está listo para convertir en autopista de cuatro carriles la de por sí flamante carretera fronteriza, que pasa a escasos kilómetros de Montes Azules.

También avanzan los proyectos para una presa monumental en la barranca Boca del Cerro, a costa de las aguas del río Usumacinta y tierras silvestres, incluso los poblados, propiedad de millares de indígenas. Un proyecto hidroeléctrico trasnacional, en territorios mexicano y guatemalteco, ambicioso y cargado de promesas de inversión.

Precisamente a los inversionistas se refería la pasada Navidad el titular de la Profepa, al decir que el gobierno federal debe ofrecerles "una infraestructura fuerte, bien aceitada". Campillo García declaraba tranquilamente que esto sucederá "en la medida en que podamos ofrecer un marco jurídico de inspección y vigilancia adecuado", para que los inversionistas nacionales y extranjeros estén "dispuestos a poner más recursos", y mencionaba como primer ejemplo Montes Azules. De acuerdo con observadores independientes, las autoridades "quieren limpiar la selva de pueblos".

De acuerdo con diversas denuncias, existen 49 comunidades en peligro. Por lo pronto, contra 16 ya corre la cuenta regresiva de las averiguaciones previas: Primero de Enero, Nuevo Caracol, Nuevo Chamizal, San Antonio Miramar, Nuevo Aguadulce, Ranchería Corozal, San Francisco, San Gregorio, Nuevo Guadalupe Tepeyac, Nuevo Israel, El Semental, Salvador Allende, Santa Cruz, Primera y Segunda Ampliación San Antonio Miramar, Sol Paraíso y Arroyo Cristalina.