En sentido inverso a los pronósticos, las elecciones internas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) prácticamente concluyeron ayer --los resultados oficiales serán dados a conocer el jueves-- al admitir Jesús Ortega el triunfo de su contendiente, Rosario Robles.

La jornada electoral no estuvo exenta de irregularidades pero, más allá de esos problemas que nadie esconde, lo relevante es que se saldó con un mensaje partidista que invita a la unidad, a abordar las diferencias en términos más constructivos.

La actitud del senador Ortega debe ser valorada en su justa dimensión en tanto que desactivó posibles conflictos, alentados sin recato, dicho sea de paso, por no pocos medios de comunicación.

Jesús Ortega tuvo la entereza de salir al frente y declarar que las tendencias del voto no lo favorecían y que, por lo mismo, no tenía empacho en reconocer el triunfo de Robles.

Queda ahora por delante, para la nueva directiva nacional, lo más complejo, ubicar al PRD en su papel de partido opositor de izquierda, un rol que fue perdiendo perfil en el fragor de las disputas internas y, sobre todo, de decisiones por demás desafortunadas, como la registrada en el Senado, el año pasado cuando la bancada perredista se sumó a la aprobación de una ley indígena contraria a los intereses de los pueblos indios.

Ser de izquierda no pasa por ir contra todo, contra todos. Ser de izquierda debería ser un ejercicio político tan sencillo como ser de derecha, sin afrentarse. Cada quien en su lugar, con sus banderas, con su ideología, con sus reivindicaciones.

Lo políticamente correcto no es sino una moda que, por lo visto en otras latitudes, empuja al desdibujamiento de las izquierdas que, temerosas o excesivamente prudentes --o ambas-- acaban siendo engullidas por las derechas modernas, entendidas éstas como lo que realmente son, derecha pura.

El PRD tiene ante sí un enorme desafío: convencer a la ciudadanía de que sus propuestas merecen ser estudiadas y tenidas en cuenta, y deberá afrontar el reto desde la izquierda, sin simulaciones vergonzantes. El resto del espectro político-electoral ya está cubierto desde hace mucho tiempo.

El caso del joven vasco Unai Romano, quien el año pasado fue detenido, torturado e incomunicado por la Guardia Civil por considerarlo sospechoso de pertenecer a la organización terrorista ETA, y que ha sido narrado en estas páginas en días pasados, es la punta del iceberg de un fenómeno habitual en los cuarteles policiales de España.

Para el gobierno de José María Aznar y para sus socios de la Unión Europea (UE), presidida en estos meses por el propio Aznar, lo anterior es una verdad incómoda, políticamente incorrecta e impresentable. En esa lógica, el régimen madrileño suele descalificar cualquier denuncia en este sentido como parte de campañas de opinión favorables a ETA y a su entorno.

Sin embargo, Amnistía Internacional, organismo dotado de gran autoridad moral en el mundo e insospechable de simpatías etarras --en numerosas ocasiones ha condenado los atropellos y crímenes del separatismo armado-- ha señalado con frecuencia el horror de la represión regular y sistemática que las autoridades de Madrid mantienen contra vascos no necesariamente vinculados a la organización terrorista. En un documento publicado en junio de 1999, el organismo humanitario señaló "la persistencia de denuncias de tortura y malos tratos formuladas por personas sospechosas de haber cometido algún delito, a las que se ha recluido en régimen de incomunicación; la continuada impunidad relacionada con los procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos y la dispersión de presos a lugares alejados de sus hogares". Más tarde, en su informe anual correspondiente a 2001, se refirió a presuntos etarras que fueron "torturados mientras permanecían recluidos en régimen de incomunicación".

La historia de Unai Romano encaja a la perfección en este modelo de accionar represivo y su testimonio habría podido corresponder a un disidente de la dictadura militar chilena, un habitante del estado de Guerrero durante la guerra sucia de los años 70, un combatiente salvadoreño en la década siguiente, a un palestino en una cárcel israelí o de un activista político de Turquía o Marruecos en cualquier momento de la historia moderna.

La singularidad del joven vasco no consiste en el trato que recibió de sus captores, sino en el hecho de que formalmente es ciudadano del Estado español, país integrante de la UE, a cuyo gobierno corresponde, por estos meses, la presidencia del organismo continental. Los guardias civiles que deformaron a golpes el rostro de Romano hasta dejarlo irreconocible revelaron, sin querer, el verdadero rostro de un gobierno represivo, antidemocrático y violador de los derechos humanos que gusta de presentarse como paladín de la legalidad y la democracia.

La denuncia de las atrocidades policiales españolas --y cuyas víctimas no son sólo los vascos sospechosos de terrorismo, sino también los inmigrantes africanos y latinoamericanos-- no implica, ni mucho menos, un intento de legitimar la barbarie etarra; el gobierno de Madrid, en cambio, con la persistencia de estas prácticas criminales, alienta, posiblemente de manera intencional, el salvajismo de signo contrario.