Funcionarios del sector critican la iniciativa
El PAN no incluyó presupuesto fijo en su proyecto para el Poder Judicial
JESUS ARANDA
La iniciativa de reforma constitucional propuesta el 20 de marzo por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, ''con el fin de fortalecer'' al Poder Judicial de la Federación (PJF), generó dudas y cuestionamientos de funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente acerca de la pretensión de los legisladores de que los fallos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sean ''definitivos e inatacables'' y que ni siquiera el pleno de la Corte pueda cuestionarlos.
Funcionarios judiciales se quejaron de que dicho proyecto de ley no incluya que se establezca un presupuesto fijo para el Poder Judicial Federal. Esta ha sido la demanda más sentida de los ministros en los últimos años, debido a que la judicatura federal no cuenta con los recursos suficientes para crear los juzgados y tribunales suficientes para atender los crecientes reclamos de impartición de justicia.
La propuesta de ''fortalecer'' al Consejo de la Judicatura Federal considera que es ''indispensable reflexionar nuevamente'' sobre la restructuración de este órgano colegiado, para que cumpla de manera eficaz su función como órgano auxiliar en la administración de la judicatura federal.
De esta manera, plantean reformar el artículo 100 constitucional en el que se precisa que el CJF está facultado para expedir acuerdos generales, ''pero estableciendo que las decisiones del consejo sean definitivas e inatacables. Con ello se eliminaría la facultad que tiene el pleno de la Corte de revisar, y en su caso, revocar los acuerdos que apruebe el consejo, por mayoría de ocho votos''.
Sin embargo, precisamente la facultad que tienen los ministros de revisar las decisiones de los consejeros ha generado desde la creación del CJF, en 1995, una controversia al interior del Poder Judicial Federal, respecto a cuál es la autoridad máxima de esta instancia: el pleno de ministros o el de consejeros.
En 1999 una reforma constitucional estableció que los ministros están facultados para revisar decisiones del CJF referentes a la destitución, inhabilitación, ratificación y sanciones que impongan los consejeros a jueces de distrito y magistrados de circuito. De no existir esta facultad, los juzgadores afectados por una decisión del consejo quedarían en estado de indefensión ante las decisiones de los consejeros, porque no habría ninguna instancia ante la cual pudieran apelar e inconformarse.
Respecto a la expedición de acuerdos generales, apenas a fines del año pasado surgió una controvertida decisión del CJF, cuando pretendió imponer a los jueces y magistrados una lista de candidatos que habían aprobado un examen de aptitud para el cargo, para que de entre ellos eligieran a sus secretarios y actuarios. Un grupo importante de jueces y magistrados se opusieron a ese acuerdo, con el argumento de que violaba la Constitución, porque ésta señala que los jueces y magistrados designan libremente a sus colaboradores.
Esta inquietud fue retomada por los ministros, quienes después de agrias discusiones con los consejeros obligaron al CJF a dar marcha atrás con su acuerdo, y lo orillaron a emitir otro en el que se respetara el derecho de los juzgadores de elegir a sus subordinados, pero previo examen de aptitudes que elabore el Instituto de la Judicatura Federal.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, sería muy peligroso confrontar al pleno de la SCJN y al CJF al quedar ambos órganos colegiados al mismo nivel, es decir, que se dejara de lado la supremacía jurídica que tienen los ministros sobre determinadas acciones de los consejeros, como lo relativo a las quejas administrativas de jueces y magistrados, y su facultad de revisar los acuerdos generales del Consejo cuando éstos incidan negativamente en la labor jurisdiccional de jueces y magistrados.
Por otra parte, la iniciativa de los legisladores panistas plantea que los tribunales que actualmente están en la esfera del Ejecutivo federal, como son el de Justicia Fiscal y Administrativa, los Agrarios, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros, se integren al Poder Judicial de la Federación.
Los diputados plantean que la situación por la que estos tribunales están en la esfera del Ejecutivo, ''va en detrimento'' del PJF como responsable de la potestad jurisdiccional y la solución de controversias.
Además del riesgo que implicaría una restructuración del CJF, los funcionarios de la Corte señalaron que para el pleno de ministros tiene importancia fundamental la aprobación de una reforma que establezca en la Constitución un presupuesto fijo para la judicatura federal -los ministros consideran que 3 por ciento del presupuesto de egresos sería el deseable, aunque se darían satisfechos con 1.5 por ciento.
Los ministros han considerado en diferentes ocasiones que una condición sine qua non para que el PJF logre su total autonomía e independencia, pasa necesariamente por la plena autonomía presupuestal.
