Reclama que se permita a la Iglesia católica poseer medios de comunicación electrónicos

El Episcopado insiste en su demanda de que se impartan clases de religión en escuelas públicas

Comenzó la 73 asamblea plenaria Los obispos se reunirán hoy con Creel y legisladores

JOSE ANTONIO ROMAN

Impartir clases de religión en escuelas públicas, reconocer todos los derechos políticos a sacerdotes y religiosos, que las fuerzas armadas acepten la existencia de una pastoral castrense y que las iglesias puedan poseer medios de comunicación electrónicos son requisitos indispensables para que en México se respete plenamente la libertad religiosa, afirmó ayer la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En el primer día formal de trabajos de su 73 asamblea plenaria, los obispos católicos de todo el país expusieron, en participaciones de ocho minutos cada uno, su balance individual y colectivo de las re-formas constitucionales en materia religiosa aprobadas por el Congreso hace diez años. Pero también enlistaron los te-mas pendientes.

Durante los trabajos que se realizan a puerta cerrada en las instalaciones episcopales de lago de Guadalupe, en Cuautitlán-Izcalli, hubo voces, como la del obispo de Autlán, Lázaro Pérez Jiménez, que señalaron que no es interés de la jerarquía eclesiástica levantar la voz en busca de privilegios para la Iglesia católica, aunque esta fe sea mayoritaria en el país. "Lo que es un derecho natural está por encima de toda religión o posición económica".

En la sesión matutina, más de una veintena de obispos hicieron uso de la palabra, algunos con opiniones personales, pero otros más con las posturas de las regiones pastorales de las que forman parte varias diócesis.

De acuerdo con la mecánica de la asamblea episcopal, que concluirá el próximo viernes, los obispos prefirieron, primero, escucharse mutuamente antes de que este miércoles, en sesiones por separado, intercambien puntos de vista con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y con los coordinadores parlamentarios de las cámaras de Diputados y Senadores. Aunque la presidencia episcopal había informado que estas reuniones se llevarían a cabo ayer, el arzobispo Luis Morales rectificó y finalmente serán hoy miércoles.

A la conferencia de prensa de este primer día de trabajos formales de la asamblea, que tiene como tema principal evaluar los primeros diez años de las reformas legales en materia religiosa, acudieron el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, y los obispos de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi; de Orizaba, Hipólito Reyes Larios, y el auxiliar de la arquidiócesis de México, Guillermo Ortiz Mondragón.

Suárez Inda señaló que dichas reformas -impulsadas por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari- "hicieron a México un país más civilizado", pues hasta ese momento era un caso "muy atípico" en el concierto de las naciones, pues desconocía jurídicamente la existencia de las iglesias.

Estas reformas, agregó, representaron un avance importante, pero como toda obra y realidad humana, son perfectibles. Por eso, desde esta asamblea, los obispos queremos ofrecer nuestra reflexión en algunos puntos sobre los que creemos firmemente que puede darse un reconocimiento más pleno a los derechos de los ciudadanos, particularmente en materia de libertad religiosa.

"No pretendemos constituirnos en legisladores", manifestó el prelado moreliano, quien consideró que los diputados y senadores tienen disposición de escuchar al pueblo de México y, en consecuencia, a los obispos como parte de él. Adelantó que durante la reunión con los coordinadores parlamentarios, los obispos expresarán sus inquietudes en esta materia.

"Sabemos que no todo lo que pensamos es factible alcanzarlo inmediatamente, sabemos que no todo se podrá incorporar a la legislación, pero creemos que es importante el diálogo; queremos avanzar en una reflexión y en un reconocimiento de la justicia y la verdad. Creo que incluso podríamos caer en una omisión pecaminosa si por miedo calláramos", expresó.

Consideró que "la verdad tiene que proclamarse" independientemente de si es o no oportuno hablar sobre tal o cual tema, en referencia a que posiblemente el país, por la carga histórica que todavía pesa en la relación del Estado con la Iglesia católica, podría no estar listo para una reforma constitucional de este tipo.

Pero sin duda, expuso, los obispos "tenemos paciencia" y vendrá el tiempo para que todos estos planteamientos y exigencias de que se respeten los derechos humanos en la libertad religiosa terminen por ser un consenso y lleguen a ser una expresión generalizada de la sociedad mexicana. "Desde luego no queremos presionar ni violentar ningún proceso", aseveró.

Por su parte, el obispo de la diócesis chiapaneca de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, aclaró que la deliberación de estos temas se hace en el marco de los derechos humanos. "No estamos buscando privilegios ni ambicionamos poder, tampoco queremos manipular las conciencias ni aprovecharnos de que el catolicismo todavía tiene un porcentaje muy considerable de preferencia en el país y una historia que no se puede negar", dijo.

Deseamos, agregó, que los derechos humanos que son reconocidos internacionalmente sean respetados sin importar la tendencia, pensamiento político o ideológico del gobierno en turno. Por tanto, su respeto pleno no es ningún privilegio para la jerarquía o solamente para los católicos, sino para todos los mexicanos, explicó.

No faltan los enemigos de la Iglesia que piensan que los obispos estamos movidos por la ambición y el poder. Qué bueno, indicó el obispo Arizmendi, que nos lo hagan ver para no caer en esas tentaciones, pero comprendan que no es esa la petición de la Iglesia católica. "Somos respetuosos de la pluralidad que tiene este país. Si quisiéramos imponer la educación católica a todos los mexicanos, estaríamos violando los derechos fundamentales de los mexicanos no católicos", advirtió.

Y agregó: "lo que quiero decir a los enemigos de la Iglesia y a los religiosos y fe-ligreses de otras iglesias es que no tengan miedo ante las intenciones de los obispos. Estamos defendiendo los derechos de ellos mismos, de los protestantes, de los sin religión. No tengan miedo. No piensen que estamos aquí con el deseo de avasallar a todo mundo; al contrario, estamos defendiendo los propios derechos de nuestros enemigos".

El obispo de San Cristóbal insistió en que son los padres de familia los que deben decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Exigir esto, aclaró, no es querer imponer una religión, sino abogar por un legítimo derecho. Incluso afirmó que hay gobiernos que pagan a los maestros de religión y los materiales didácticos que se usan para esas clases, "son parte de los impuestos que pagan los ciudadanos".

Ante la exigencia de que las clases de religión se impartan en las escuelas públicas, tanto Arizmendi como Suárez Inda rechazaron que la Iglesia pretenda que su "chamba" de evangelización la haga el Estado. "En ningún momento queremos que el gobierno haga nuestro trabajo, sólo que nos lo deje hacer", respondió el obispo de San Cristóbal, durante la conferencia de prensa que se prolongó por poco más de una hora.

Refirió que los obispos de generaciones anteriores hicieron ya su trabajo: lograron las reformas de hace diez años. Los obispos de ahora, dijo, necesitamos hacer avanzar la historia, y recordó los múltiples sacrificios, muertes y sangre que tuvo que derramarse para alcanzar los cambios legales que hoy son una realidad.

El arzobispo Suárez Inda planteó que la exigencia de que pueda impartirse religión en las escuelas públicas implica, para la Iglesia católica, un enorme reto, sobre todo para la formación del personal que impartiría dichas clases. Pero lo que queremos es que no haya trabas, que haya la posibilidad de hacerlo; será un desafío grande capacitar personas, porque no necesariamente tendrían que ser ministros de culto, sino catequistas, laicos y también padres de familia.