Se negaron a trasmitir mensajes del IFE en 2000
Ordenan investigar a Montaño por no sancionar
a concesionarios de medios
MIREYA CUELLAR
Dos años después de la polémica respecto
a si el Instituto Federal Electoral tenía derecho o no a hacer uso
de los tiempos oficiales como organismo del Estado, la juez quinto de distrito
en materia administrativa en el Distrito Federal, Clementina Flores Suárez,
determinó que la Secretaría de Gobernación debe investigar
al ex director general de Radio, Televisión y Cinematografía,
Arturo Montaño, por no haber iniciado un procedimiento de sanciones
contra los concesionarios de radio y televisión que se negaron a
transmitir los promocionales del IFE en los meses de febrero y marzo de
2000.
En ese año de elecciones presidenciales, el IFE
tuvo un litigo con la Cámara de la Radio y la Televisión,
que le escamoteó el uso del llamado tiempo fiscal. A la Secretaría
de Gobernación y en especial al titular de RTC correspondía
intervenir para hacer cumplir la ley; sin embargo, el ex funcionario optó,
el 23 de marzo de ese año, "por suscribir un convenio de coordinación
de acciones para la difusión de los contenidos destinados a la promoción
del voto en el país, con la CIRT, en el cual esta última
se comprometía con sus agremiados a promover con recursos propios
la difusión de los mensajes del IFE".
Es decir, en lugar de hacer cumplir la ley como le correspondía
?explicó el consejero electoral Jaime Cárdenas? llegó
a un acuerdo con los concesionarios mediante el cual éstos "le hacían
el favor" al IFE de transmitir sus mensajes.
Montaño, la CIRT y el IFE optaron entonces por
recurrir al viejo adagio popular de que "más vale un mal arreglo
que un buen pleito", y decidieron posponer un litigio que les llevaría
varios meses, incluso años, en los tribunales. Las partes aceptaron
el acuerdo, en lugar de recurrir a un autoridad que definiera de una vez
por todas el asunto: el derecho o no del IFE a usar los tiempos fiscales.
Los concesionarios argumentaron que el IFE no era una
paraestatal y que los tiempos fiscales (el 12.5 por ciento de espacio a
que tiene derecho el Estado a cambio de no pagar ciertos impuestos) sólo
era para el gobierno, no para el resto de las instituciones del Estado.
La posición del IFE era en el sentido de que sí tenía
derecho. Y se firmó lo que llamaron "una tregua".
Sin embargo, a titulo personal y ostentándose como
tercero perjudicado, el consejero Jaime Cárdenas presentó
un amparo contra la decisión de la Secretaría de Gobernación
de no iniciar un proceso administrativo contra Montaño por presunta
violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Cárdenas lo acusó de caer en "omisión" al no obligar
a los concesionarios a cumplir la ley, y en cambio convertirse en intermediario
para una negociación.
