Dos integrantes de la directiva del STPRM, indiciados en el caso Pemex
La UEDO cita a declarar a líderes petroleros
Otros irán en calidad de testigos Se investigan más movimientos irregulares de fondos
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) citó a comparecer, en calidad de indiciados por lavado de dinero y delincuencia organizada, a integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que no tienen fuero constitucional, como parte de las investigaciones del caso Pemex.
Leocadio Mendoza, secretario del interior y de acuerdos ante el consejo de administración de Pemex, y su subalterno Santiago Redgis, deberán comparecer ante el Ministerio Público Federal para declarar en torno del desvío de mil 580 millones de pesos de la paraestatal al sindicato petrolero.
La UEDO ya formalizó los citatorios, según información obtenida, y las fechas para que acudan son el próximo miércoles 22 y jueves 23 de mayo, respectivamente.
Otros mandamientos ministeriales fueron entregados a Jesús Olvera Méndez y a Pablo Pavón Vanales, integrantes del comité ejecutivo del STPRM, éstos en calidad de testigos.
La UEDO amplió sus indagatorias respecto de posibles actos de lavado de dinero (jurídicamente denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita), y delincuencia organizada, tras obtener mayores datos de quiénes participaron en la entrega de mil 580 millones de pesos de Pemex al STPRM, y de los cuales se destinaron por lo menos 500 millones de pesos para la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, en junio de 2000.
Leocadio Mendoza y Santiago Redgis habrían participado de manera directa en la firma de convenios mediante los cuales Pemex hizo entrega de recursos financieros al STPRM, los cuales no habrían estado apegados a la normatividad de la administración pública federal, indicaron los informantes.
Hasta el momento, indicaron las fuentes consultadas, la investigación no se ha cerrado en torno a los líderes del STPRM, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, quienes poseen fuero constitucional, ya que esto no es impedimento para que se vayan acreditando los hechos ilícitos que cometieron durante distintas revisiones contractuales entre Pemex y el sindicato petrolero, sobre todo en la revisión del año 2000, y en la cual se hizo un presunto pago por incumplimientos que originó el desvío de mil 100 millones de pesos.
