Luis Linares Zapata
El planeado viaje de Fox
Sí, Vicente Fox se volvió a ir de viaje. Y sí, también causó nuevo escándalo interno. Pero esta vez sus adelantados propósitos de gobierno, cuestionables afirmaciones, cenas semisecretas y hasta mentiras obedecen a una planeación estratégica nada despreciable. Se puede no estar de acuerdo con los contenidos o formas empleadas para difundir tal diseño general, pero alineando cada una de las partes dadas a conocer se conforma un paquete que de concretarse implicaría un real cambio de régimen.
Primero hay que enfrentar el hecho de que tal paquete fuera presentado en Europa ante medios de comunicación ajenos, a veces con audiencias calificadas impertinentes y con un discurso corto y hasta confuso, es cierto. Pero salvo la estrategia integradora con Norteamérica (incluyendo Canadá) como cauce para conducir las relaciones con el exterior, lo demás ya era conocido en México aunque con escasas repercusiones. Las reformas estructurales que persigue Fox, por ejemplo, están tan atascadas que ni siquiera han sido enviadas a los legisladores. La misma formación de un gobierno dividido y la concurrencia todavía desordenada y con liderazgos aún endebles de los partidos ha colaborado en la ineficiencia que se predica por aquí y por allá del Ejecutivo, pero también del Congreso. Pero aun reconociendo tan amplia gama de condiciones adversas para un gobierno fluido y eficaz, como la realidad lo muestra, la ausencia de una propuesta básica y hasta abarcante de la república que se pretende consolidar era ampliamente aceptada. Que los programas e iniciativas no sean conocidos a cabalidad y que al menos algunas de ellas, como la laboral, topan con obstáculos hasta ahora infranqueables, es una verdad que corre por la calle. O la fiscal, cuya versión original fue despedazada hasta dejarla en una miscelánea que, al menos por ahora, no cubre el indispensable requerimiento de financiar el acelerado crecimiento que se pretende y se necesita tener. Distintos avatares e imposibilidades de manejo, negociación y un incompleto basamento consensual constriñen, por otro lado, las pretendidas reformas eléctrica y energética, que completan el panorama de cambios a la estructura productiva.
Lo que ha logrado Fox al difundir durante su apretada agenda el paquete completo delante de españoles, belgas o comunitarios en general, fue darle una dimensión que no se había consensado en México y ante los públicos que habrán de lidiar con él. El referente al factor externo, como uno de los directamente interesados en los planes y las pretensiones del gobierno actual, es, quién lo duda, un reconocimiento factual a la globalidad como un inevitable dato a enfrentar y utilizar para el propio provecho. La potencialidad de la actividad diplomática como detonante del cambio interno, tan predicada por el canciller Castañeda, ha sido empleada en esta gira y sus resultados están pendientes de evaluación. Las primeras reacciones son encontradas, pero el efecto provocador tiene la virtud de haber desatado ciertos nudos que impedían la circulación del debate ante un conjunto de propuestas como las enunciadas por Fox en su gira europea. Para empezar se predica relanzar la ya mencionada revisión integral de la Constitución para, a renglón seguido, incluir la discusión del abarcante fenómeno toral de la integración a Norteamérica y recalar, con todas las implicaciones respectivas, en las reformas llamadas, porque lo son, estructurales.
La primera disputa en línea es la que ya provoca la factible y urgente reforma al sector eléctrico. Ella condensará en toda su magnitud y ramificaciones la naturaleza del país en que se habrá de vivir. De un lado se han colocado todos aquellos que empujan la trasnacionalización de la economía bajo la consigna de finiquitar las pendientes privatizaciones, y por el otro, se afilian y descubren los que desean mantener la industria eléctrica como enclave estratégico bajo la conducción del Estado y un estricto control y manejo por agentes nacionales. La declaratoria de inconstitucionalidad hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decreto del Ejecutivo que abría aún más a la participación privada el sector eléctrico fue, de hecho, una condena por idéntica condición a la ley de 92, aprobada por los priístas que secundaron a Salinas. Se tiene la obligación de finiquitar esa ilegalidad (con un cambio o no a la Constitución) y regularizar los intereses ya en juego que se han formado durante los 10 años transcurridos desde entonces y donde la fuerza de enormes capitales externos entrará en juego. Todo apunta hacia una confluencia entre posiciones de centroizquierda que han acordado fusionar dos proyectos de reforma: el del PRD y el que presentó el PRI. El PAN, por su parte, amenaza con una controversia constitucional como palanca de negociación. El referente obligado es el pavor que suscita la posibilidad de enfrentar los intereses creados que se alentaron al amparo de la citada ley del 92. Los resultados de esta disputa se verán a muy corto plazo y de ella saldrá un cuadro explícito de lo que México será a futuro.
