El mito

La arremetida delirante de Vicente Fox contra la Constitución mexicana de 1917 constituye un grave error político, pues evidencia una vez más que quien pretende gobernar al país no tiene más proyecto que el de sus predecesores.

1. El pueblo mexicano entiende bien que el gobierno foxista no representa "transición democrática" alguna en relación con el régimen de la tecnocracia priísta (1982-2000), porque se sustenta en la impunidad de los mismos intereses dominantes que en connivencia con fuerzas del exterior han prevalecido sobre los derechos de los mexicanos, y por eso a nadie llama la atención que en los últimos meses se haya descubierto a Fox como un personaje tan corrupto como Salinas y Zedillo y que se esfuerce en aparecer como el principal encubridor de éstos.

2. "La transición" en el caso de México no podía haber sido más que un proceso de reconocimiento pleno de los derechos individuales y sociales de los mexicanos que se coartaron en los años del priísmo y para establecer un verdadero estado de derecho. Pero para Fox ésta significa precisamente lo contrario, desconocer los derechos colectivos y mantener las estructuras del narcopoder en los bancos y en las grandes empresas asociadas a sus amigos, de ahí que cada vez que aprovecha sus giras al exterior para hablar del "cambio" y de "la transición" que, según dice, llegaron con él, aparezca como un sicótico.

3. Las declaraciones que hizo a los periódicos de los estados, publicadas en El Universal (23 de mayo), afirmando que su tarea es lograr "una transición pactada", no logran esconder por lo mismo que en su delirio del segundo año, Fox pretende disciplinar a los partidos a sus compromisos con la administración Bush.

4. El proyecto trasnacional de cancelar los derechos fundamentales de la nación mexicana sobre sus recursos básicos y de desmantelar el sistema de garantías sociales de nuestro país, no se esconde ya, y el propio Fox, quien tiene la encomienda de Washington de negociar los cambios constitucionales con la oposición partidista, declaró en Madrid durante una entrevista en el programa Milenio, de Televisión Española (17 de mayo), que la Constitución mexicana responde al "régimen anterior", e insistió en que además de algunos cambios en materia política es necesario hacerle dos modificaciones que para él son fundamentales: tanto en materia laboral como de energía. Y que por ello su gobierno había procedido a una revisión de la misma a fin de ponerla "al día", anunciando que se llevarán a cabo audiencias públicas para legitimar esta iniciativa, elaborada a espaldas y en contra de los mexicanos.

5. La revisión de este proyecto antinacional, que se ha pretendido legitimar con la participación cómplice de los partidos políticos y de los académicos funcionales al foxismo, tanto en la mesa para la reforma del Estado de Muñoz Ledo en 2000 como en las consultas de la Secretaría de Gobernación en 2001, muestra claramente que lo que se pretende es desmantelar no sólo al Estado surgido de la Revolución Mexicana sino a la nación misma, eliminando todos los obstáculos para que el capital trasnacional se adueñe de los recursos básicos del país y obtenga una mano de obra barata. Con el pretexto de que se buscan cambios políticos que "modernicen" al régimen, que en su mayor parte son también verdaderas contrarreformas como la pretensión de establecer la relección de diputados y senadores para el periodo inmediato posterior o la de fortalecer el presidencialismo eliminando la intervención del Senado en la conducción de la política exterior y el requisito de los permisos al Presidente para ausentarse del país, lo que se pretende en el fondo es satisfacer las exigencias de Washington.

6. El escándalo que se ha suscitado en las últimas semanas sobre las irregularidades en las elecciones de 2000, en especial por las evidencias de que Vicente Fox alcanzó la Presidencia utilizando un macrofinanciamiento ilegal, proveniente del extranjero, y que en buena medida es de empresas que buscaban beneficiarse de las futuras políticas de privatización del foxismo, no sólo ha abierto como tema de discusión la conveniencia para el país de que Fox permanezca en el cargo, sino que ha hecho evidente que este individuo no tiene legitimidad alguna para pretender cambiar la naturaleza del Estado. El gobierno foxista no quiere reconocer sin embargo que es tan espurio como los gobiernos priístas y que no tiene mandato popular para modificar la Constitución, y pretende mantener un discurso sicótico sobre "el cambio" y "la transición" que no existen.

7. El rasgo fundamental del régimen priísta fue incumplir el marco legal del país, y lo que urge ahora es respetarlo y no intentar modificarlo con precipitación y al margen de los mexicanos para satisfacer la ambición del capital trasnacional y de los Amigos de Fox coludidos con esos intereses. La Constitución mexicana de 1917 no responde a régimen alguno, como afirmó Fox en su estulticia, pues el sistema de partido de Estado no se empezó a edificar sino hasta después de 1929, y fue un sistema de hecho y no de derecho. Y si bien la Constitución fue modificada en las últimas siete décadas, muchos de los cambios que se le hicieron -por lo menos hasta los años setenta- tendieron a ampliar las garantías individuales y sociales, aun cuando esto sólo fuese declarativo.

8. La crítica que se le hizo de manera recurrente al anterior régimen fue que durante siete décadas se había modificado más de 400 veces la Constitución sin que hubiese una participación de la ciudadanía para ello, pero lo cierto es que su espíritu originario sólo se trastocó con los cambios de orientación neoliberal aprobados durante los años de Salinas y de Zedillo. Y por ello no sorprende que el gobierno foxista pretenda ahora hacerle de golpe a la Constitución nada menos que 615 cambios; según revelaba Milenio Diario (13 de mayo), siguiendo la misma mecánica del priísmo de hacerlos sin la participación de la ciudadanía.

9. La costosísima campaña llevada a cabo por el gobierno de Fox para crear las condiciones para estos cambios constitucionales, pretendiendo que si no se entregan petróleo y electricidad a las empresas extranjeras el país va al desastre, no es nueva, pues ya se utilizó hasta la saciedad en los dos últimos gobiernos, que siguieron el mismo modelo de abandonar a las empresas públicas dejando de invertir en ellas y culparlas de todas las formas de corrupción.

10. La "transición foxista" no es más que un mito que no logra encubrir que la amplísima contrarreforma constitucional que desde Washington se le ha encomendado al gobierno actual busca hacer de México el patio trasero de Estados Unidos.