Necesaria, la apertura en frecuencias y tiempos, cita un estudio

La sociedad debe tener mayor injerencia en medios electrónicos

JENARO VILLAMIL

Durante los 40 años de vigencia de la Ley Federal de Radio y Televisión sólo se ha otorgado una concesión de radio a una asociación civil real -Radio Teocelo, de Veracruz-, mientras que 84 por ciento de las frecuencias pertenece a empresas privadas y solamente 16 por ciento a medios con fines sociales, se destaca en el estudio No más medios a medias, una obra que recupera la participación de las organizaciones ciudadanas en la revisión integral de los medios electrónicos en México.

Este recuento elaborado por las investigadoras Beatriz Solís Leree, Aleida Calleja Gutiérrez e Irma Avila Pietrasanta, expone la posición de más de una decena de organizaciones no gubernamentales que participaron en las negociaciones para la reforma a la ley federal, destacando, entre otras propuestas, la necesidad de abrir las frecuencias y los tiempos de los medios privados y públicos a las organizaciones civiles, comunitarias y a los productores independientes.

''En los países más desarrollados y democráticos la injerencia de la sociedad civil en los medios es una constante y de ninguna manera ha significado desorden, competencia desleal o peligro, al contrario, es la posibilidad de concretar la pluralidad y la equidad informativa, y tiene con los medios privados una convivencia, que aunque no siempre sea fácil, sí bastante complementaria'', argumentan las autoras del estudio editado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), Comunicación Comunitaria AC, la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes del Senado y la Fundación Frederich Ebert.

Entrevistada vía telefónica, Aleida Calleja subrayó que tal como está la ley, y como se han aplicado las políticas de concesión y permisos en medios electrónicos, existe un ''abuso de poder'' que ha hecho que sólo 0.01 por ciento de las frecuencias pertenezca a la sociedad civil. ''En otros casos, aunque sean asociaciones civiles, sabemos que se trata de prestanombres y que no existe una vocación de servicio social''.

Por esta y otras razones, los grupos civiles participantes en las siete mesas de negociación propusieron, entre otros puntos:

-Conformar consejos ciudadanos tanto en el órgano regulador de la ley como en los órganos de gobierno de los medios públicos. El único consejo de este tipo que ha existido fue el que operó en Canal 22.

-Reconocer que la figura de medios públicos también abarca a los medios sociales, ciudadanos e independientes. ''Por ello se planteó la necesidad de crear la figura de medios no lucrativos para que -sin eximir la responsabilidad del Estado en este terreno- se permita la intervención de otros actores sociales a fin de contribuir a la generación de recursos económicos.

-Reafirmar la naturaleza de los medios como ''un servicio público''. Crear la figura de los permisos que sean explotación directa del Estado, con financiamiento por parte de las instituciones públicas, pero ''con la posibilidad de utilizar la figura del patrocinio para allegarse recursos extras, dadas las condiciones de adelgazamiento del gasto público imperante en nuestro país''.

-Participar y crear un órgano autónomo y plural como instancia que defina las concesiones y regule contenidos de los medios. ''Esta propuesta de un órgano autónomo es una vieja demanda. La más reciente se expuso en 1999, cuando más de mil 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país se reunieron para construir una agenda social bajo el nombre de El poder es la gente, con el objetivo de comprometer a los candidatos presidenciales'', argumentan las autoras.

-Hacer público el proceso de otorgamiento y refrendo de las concesiones, así como el contenido de los contratos. Establecer el registro público de concesiones y permisos, que permita garantizar el acceso a una información de interés público.

-En los medios públicos, establecer en la junta directiva de cada medio una adecuada representación de los grupos sociales.

-Introducir el derecho de réplica como un derecho ciudadano de cara a informaciones inexactas o que puedan resultar agravantes en cada uno de los medios públicos. Este derecho es uno de los pocos consensos que se lograron en las mesas, ya que tanto concesionarios como autoridades y grupos ciudadanos están a favor de la creación de esta figura.

-Establecer un código deontológico en donde se plasmen los compromisos éticos ''para un manejo veraz e imparcial de la información y de una política editorial plural, incluyente y responsable''.

-Crear la figura jurídica de ''radio y televisión comunitaria''.

Sobre programación, las autoras recogen una de las principales demandas de la sociedad: ''La libertad de expresión entraña necesariamente la pluralidad informativa, por lo que es necesario establecer las condiciones para que los grupos de participación ciudadana colaboren para hacerla realidad''.

También consideran necesario que exista un registro público ''que dé seguimiento al comportamiento de los medios frente a las solicitudes de derecho de réplica, y se pueda consultar con claridad y transparencia el funcionamiento de los medios y del respeto a este derecho, así como su desempeño en su programación y manejo informativo''.

En programación prácticamente no hubo acuerdo con los concesionarios ni con las autoridades. Entre las propuestas principales de las organizaciones civiles están:

-Definir formas de descentralización de los tiempos oficiales en los medios públicos, a fin de que los gobiernos de los estados y los municipios puedan hacer uso de ellos para la difusión de los mensajes de interés local y regional, en las empresas de radiodifusión de cada uno de los estados.

-Que de 12.5 por ciento de los tiempos fiscales, 6.25 sea pagado en efectivo por los concesionarios y ''se destine a un fondo de apoyo a la producción audiovisual social y ciudadana, que será transmitido por un consejo ciudadano designado por la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones públicas y privadas''. El consejo administrará el restante 6.25 por ciento, que se seguirá pagando como tiempo aire: dos terceras partes podrán ser aprovechadas por el Estado y una tercera por los grupos civiles que lo soliciten.

-Considerar ''los derechos del auditorio o bien la recepción crítica, donde los ciudadanos tienen voz y voto para la defensa de sus derechos e injerencia en la programación''. Se hace especial énfasis en regular la programación destinada a la infancia.