Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 30 de mayo de 2002
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Política

Ese reajuste impactó el gasto social, señalan

Acuerda la Permanente citar a Gil Díaz para que explique el recorte

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó ayer citar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, a fin de que explique a los legisladores por qué se determinó llevar a cabo un reajuste de 10 mil 100 millones de pesos que impactó en el gasto social y, fundamentalmente, en los rubros de educación, combate a la pobreza y salud.

Durante la sesión, diputados y senadores decidieron llamar también a comparecer al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, y al titular de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Humberto Murrieta, para que precisen la situación que guardan los pasivos y activos del IPAB.

Una vez aprobados los llamados a los funcionarios, el debate legislativo se centró en los recortes presupuestales, y diputados y senadores de PRI y PRD insistieron en que el gobierno federal debe reintegrar los recursos que disminuyó al gasto social, toda vez que el precio internacional del petróleo ha repuntado y ahora se pueden regresar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los 2 mil 500 millones de pesos que le quitaron.

Los panistas no estuvieron de acuerdo en ello e incluso el senador Fauzi Hamdan sostuvo que no se recortó el gasto social, sino el corriente, y dijo que el ajuste al presupuesto del IMSS no es significativo, porque ''no representa ni 0.6 por ciento del total de sus ingresos''. Señaló también que la crisis por la que atraviesa el Seguro Social viene de administraciones anteriores y no tiene que ver con la disminución presupuestal.

En lo que podría ser un avance de la discusión que se dará cuando comparezca Gil Díaz, los diputados Manuel Añorve, del PRI, y Luis Miguel Barbosa, del PRD, así como el senador del tricolor Germán Sierra, rechazaron tales aseveraciones. Ese recorte en el IMSS -le recalcaron a Hamdan- significa que muchas clínicas y hospitales no puedan operar.

''Justificar con el pasado acciones que en este momento se están llevando a cabo es inmoral y no lleva a nada'', advirtió el senador Sierra Sánchez. Desmintió también la afirmación de Hamdan de que no se recortó el gasto social y le hizo notar que los mayores recortes se dieron en salud, educación y en los fondos de los estados de la República.

Puso como ejemplo el de su entidad, Puebla, donde en lo que va del año el presupuesto se ha visto afectado en 3 mil 118 millones de pesos, lo que representa una reducción de 10 por ciento respecto al calendario de participaciones enviado por la Secretaría de Hacienda a las entidades federativas.

Ademas, dijo, si a esos 3 mil 318 millones de pesos se les adiciona el recorte al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, de 96.7 millones, la afectación real al estado de Puebla alcanza 3 mil 414.7 millones de pesos, cifra no muy diferente a la que se quitó a otras entidades federativas.

''Puebla y el resto de los estados ya no resisten otro recorte presupuestal'', insistió el legislador. Hizo notar que en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros existen recursos que deberían estarse destinando a restituir los presupuestos recortados tanto de las entidades de la República como del IMSS y otras instituciones.

Sierra resaltó también que el Ejecutivo federal debe ajustarse a lo aprobado por el Congreso, además de cumplir su palabra y restituir cuanto antes a los estados los presupuestos afectados por el recorte. Una disminución presupuestal que por cierto, resaltó, no afectó casi nada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ni a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la que creó incluso 7 mil 500 plazas más.

El diputado priísta José Elías Romero Apis advirtió a su vez que no se justifica recorte alguno en las instituciones de seguridad social, ni el IMSS ni el ISSSTE. No es posible seguir, dijo, con ''la inmoralidad'' de condenar a esas instituciones a funcionar con la mitad o la cuarta parte de lo que les corresponde por ley''.

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