Si los jueces actúan apegados a derecho, debe quedar libre, sostiene su abogada

Analizan hoy el amparo de Ericka Zamora

Sesiona el primer tribunal colegiado de Chilpancingo; presentará su dictamen el viernes

BLANCHE PETRICH

Hoy sesiona a puerta cerrada el primer tribunal colegiado de Chilpancingo para decidir sobre el amparo solicitado por Ericka Zamora Pardo para la revocación de una sentencia de ocho años y medio que pesa en su contra. El viernes se dará a conocer el dictamen.

"Si los jueces actúan conforme a derecho -sostiene la abogada defensora Bárbara Zamora-, Ericka tendría que estar fuera de prisión hoy mismo."

Los magistrados del primer tribunal de la capital guerrerense admitieron el pasado 19 de abril las solicitudes de amparo de la universitaria detenida durante la masacre de El Charco, Guerrero, ocurrida en junio de 1998.

En esa ocasión fue acusada por el Ejército Mexicano de ser "comandante" del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y de haber participado en un presunto enfrentamiento entre esa organización y una unidad militar. Después de permanecer incomunicada, junto con otros detenidos, en instalaciones militares durante 30 horas, fue presentada ante el Ministerio Público (MP). Oficiales del Ejército rindieron ahí su declaración preparatoria, en la que la detenida aceptó todos los cargos. A pesar de que Ericka Zamora denunció desde el principio que fue torturada para firmar los documentos autoinculpatorios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no aceptó acreditar la práctica de tortura en su caso.

En contradicción con la CNDH, diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, sostienen que en este caso hubo tortura y que, por lo tanto, de acuerdo con la ley, el juicio debió haber sido anulado desde el inicio.

De los detenidos el 6 de junio, todos fueron liberados por falta de pruebas. Sólo fueron procesados Zamora y Efrén Cortés, quien también bajo tortura confesó haber portado una pistola durante el ataque a la comunidad El Charco. Cortés permanece en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

En marzo de 1999, una juez de Acapulco, Xóchitl Guido Guzmán, dictó una primera sentencia contra los dos coacusados por los delitos de rebelión, conspiración e incitación a la rebelión. Les impuso una pena de cinco años.

A lo largo de todo el proceso, de manera inusual estuvieron presentes en todas las diligencias seis agentes del Ministerio Público Federal y Militar y agentes de inteligencia militar. Una vez emitida la sentencia, el MP se inconformó con el fallo; consideró "insuficiente" la pena e interpuso un recurso de apelación para lograr una sentencia mayor.

Al poco tiempo se emitió una segunda sentencia contra Ericka Zamora por tres años y medio adicionales, por portación de arma reglamentaria del Ejército. Según la defensora Bárbara Zamora, a pesar de que en el lugar del arresto fueron encontradas 14 armas, en ninguna de las pruebas que presentó la parte acusadora (el Ejército) se determina que su defendida haya portado alguna de las ametralladoras, mucho menos haber disparado.

Por tratarse de lo que los jueces calificaron de delito grave, a Zamora no le fueron concedidos beneficios de reducción de pena por buena conducta ni de preliberación. En 1999 fue conducida, junto con los demás presos por motivos políticos de Guerrero, al penal de máxima seguridad de Jalisco, en castigo por haber organizado en el Cereso de Acapulco una organización de internos por los derechos humanos. Ericka Zamora participó en dos huelgas de hambre, una en el puerto guerrerense y otra en el penal de Puente Grande, que es un reclusorio exclusivo para varones, en el cual en su momento llegó a haber media docena de internas.

Ahora mismo la universitaria presa realiza su tercera huelga de hambre.

Según la abogada, el poder judicial se encuentra con el caso de Ericka Zamora frente a "una oportunidad histórica de corregir un juicio plagado de errores del Ministerio Público y de la PGR".

Señaló que la semana pasada el asesor de la Secretaría de Gobernación en este tipo de asuntos, Ricardo Sepúlveda, se ofreció a exponer "una opinión jurídica" en torno a los alegatos que contiene la solicitud de amparo. "A pesar de que ese gesto estaba fuera de tiempo, lo esperamos con interés. Pero Gobernación no cumplió ni siquiera con este mínimo detalle."