Desconoce el paradero de cinco detenidos en 1974

Presenta la familia Guzmán Cruz denuncia por desaparición forzada

CAROLINA GOMEZ MENA

Después de "soportar casi 28 años de silencio" de las autoridades sobre el paradero de cinco miembros de la familia Guzmán Cruz (entre ellos dos menores de edad), a quienes se vinculó con la Liga Comunista 23 de Septiembre, parientes de las víctimas presentaron una denuncia penal por el delito de desaparición forzada contra quienes resulten responsables, informó Jorge Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En conferencia de prensa a las afueras de la Fiscalía especializada para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos, creada hace cuatro meses, Jorge Fernández lamentó que no haya cambio en el rubro de derechos humanos, ya que ni siquiera el titular de dicha fiscalía -Ignacio Carrillo Prieto- tuvo la deferencia de presentarse a la audiencia, a pesar de que se le notificó hace "unos 15 días".

El abogado dijo que, con su ausencia, Carrillo Prieto "no le dio al caso la prioridad que requería" y lamentó que "el trato que da el Ministerio Público a este tipo de casos sea deficiente y dilatorio, y pone en duda la voluntad política de la fiscalía".

Los hechos ocurrieron entre el 16 y el 24 de julio de 1974, cuando elementos de la Dirección Federal de Seguridad del estado de Michoacán detuvieron a tres de los hermanos (Venustiano Guzmán, quien tenía entonces 15 años; Solón Adenauer, de 17, y Amafer), así como a su padre, José de Jesús Guzmán Jiménez. Mientras que Armando, el otro hermano, fue aprehendido en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México.

Posteriormente todos fueron trasladados al Distrito Federal, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Jorge Fernández explicó que la denuncia penal por el delito de desaparición forzada tiene fundamento en lo establecido en el artículo 215 A del Código Penal Federal, y en la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir y hacer cumplir los compromisos derivados de la legislación internacional, como la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, recientemente ratificada por México.

Resaltó que el caso es particularmente grave porque dos de las víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, lo que se dio a pesar de que el país había ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual obliga a cada nación a tomar consideraciones primordiales para asegurar su protección.

Huber Guzmán Cruz, familiar de los desaparecidos, manifestó que para los parientes de los desaparecidos "el panorama no ha cambiado; estamos cansados de denunciar y recibir el mismo trato ambivalente y no atento".

Fernández exigió que la fiscalía especial actúe con "inmediatez y contundencia". Consideró que las observaciones que presentó Amnistía Internacional deben ser atendidas por el gobierno federal, y llamó a los funcionarios de la fiscalía a actuar en concordancia con las promesas hechas por el Ejecutivo federal en cuanto a la observancia y vigencia de los derechos humanos.

Agregó que con la denuncia se pretende lograr el esclarecimiento de los hechos, satisfacer el derecho a la verdad para los familiares, que se repare el daño, se identifique a los responsables y se ejerza acción penal contra ellos, y que se establezcan medidas para que acciones de esa naturaleza no se repitan.