La Fiscalía General apelará de la decisión de no procesar a Arnaldo Otegi en España

Aznar planta a los diputados; en bloque, los opositores abandonan la sesión como protesta

Ordenan el arresto de un directivo de la Caja Laboral Popular por presuntos vínculos con ETA

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de mayo. El Congreso de los Diputados de España vivió hoy una movida sesión: todos los grupos parlamentarios, con excepción del gobernante Partido Popular (PP, derecha) y de un reducido grupo de formaciones que mantienen alianzas con el gobierno, abandonaron en bloque el hemiciclo ante la "reiterada" ausencia del mandatario español, el conservador José María Aznar.

En tanto, la Fiscalía General del Estado presentó un recurso de apelación que cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de no considerar como terroristas recientes declaraciones del líder de la coalición separatista vasca Batasuna, al tiempo que la policía detuvo en la provincia vasca de Guipúzcoa a un director de auditoría de un banco por su presunta relación con ETA.

La protesta legislativa se suma a un cúmulo de manifestaciones de rechazo a las iniciativas del presidente del gobierno español, desde la huelga general prevista para el próximo 20 de junio hasta las reiteradas manifestaciones en contra de la reforma educativa que Aznar pretende impulsar vía decreto.

La democracia española, fundamentada en un régimen de monarquía parlamentaria, exige de los mandatarios una rendición de cuentas periódica ante el Congreso, la máxima institución del sistema. Bajo este argumento, y ante la "reiterada" ausencia de Aznar en las llamadas sesiones de control al Ejecutivo, los grupos parlamentarios de la oposición decidieron abandonar en bloque, a modo de protesta, el hemiciclo, un hecho inédito en la historia de la democracia de este país. La iniciativa fue apoyada por el principal partido de la oposición, el Socialista Obrero Español (PSOE), la coalición Izquierda Unida (IU, tercera fuerza), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto (que agrupa a distintas formaciones de Cataluña, Aragon y el País Vasco).

Esta protesta se sustenta en las ausencias no sólo de Aznar, que estos días vive inmerso en compromisos relacionados con la presidencia de la Unión Europea, al detentar durante seis meses su presidencia, sino también del resto de los representantes del gobierno, sobre todo sus dos vicepresidentes, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato. Ante esta situación de virtual abandono de la casa legislativa, la oposición decidió protestar de esta forma, aunque no abandonó sus obligaciones, al celebrar una especie de contrasesión en una sala dentro del propio Congreso.

El abandono parlamentario ocurrió poco antes de que la presidenta del Congreso, la derechista Luisa Fernanda Rudi, diera la palabra al vocero de su grupo, Luis de Grandes, quien como respuesta a este plante señaló: "Este tipo de acciones son propias de regímenes totalitarios socialistas".

Sin embargo, la oposición criticó que mientras Aznar justifica todas sus iniciativas y decretazos (avalados por "su" mayoría absoluta) aludiendo a sus 10 millones de votos, "nosotros (los grupos disidentes) tenemos 10 millones y medio de sufragios", así que, "a pesar de Aznar, también tenemos legitimidad".

En otro asunto, el archivo de la querella criminal contra Arnaldo Otegi, vocero y líder de Batasuna, considerado brazo político de ETA, provocó un enfrentamiento inédito en el seno del poder judicial, cuando la Fiscalía General del Estado, cercana al Ejecutivo, decidió presentar hoy un recurso de apelación que cuestiona una decisión adoptada por el Tribunal Supremo.

El tribunal decidió el lunes pasado archivar una denuncia que pretendía juzgar a Otegi por el delito de "terrorismo", por haber finalizado un mitin político en Francia con las palabras de Gora Euskadi Ta Askatasuna, que en vasco significan "Viva el País Vasco en libertad" y que además coinciden con las siglas del grupo armado ETA.

El tribunal consideró que no hay motivos para abrir un proceso judicial contra Otegi al argumentar que "apología del terrorismo" y "terrorismo" no es lo mismo y que, además, esta reivindicación había ocurrido en territorio francés.

Sin embargo, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, consideró que la "apología sí es un delito de terrorismo", al sostener que esta situación está prevista en el artículo 578 del Código Penal. El fiscal se pregunta en el recurso "qué es exactamente" el delito de terrorismo, pues a su entender hay una "preocupación institucional" porque el archivo de la denuncia contra el líder abertzale puede "servir de vehículo para proclamar una doctrina con importantes consecuencias jurídicas", como la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar este tipo de acciones o la "violencia callejera".

Por su parte, los vocales del grupo minoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -designados a propuesta del Partido Socialista e Izquierda Unida- rechazaron las críticas dirigidas por miembros del gobierno contra la decisión del alto tribunal, por entender que vulneran la independencia judicial.

Desde el gobierno, el vocero Pío Cabanillas arremetió de nuevo contra el Poder Judicial, al afirmar que "el respeto por las decisiones judiciales no puede cambiar las convicciones ni el texto de la ley", ya que a su entender la decisión del tribunal "llega a plantear un sinsentido".

En medio de este debate judicial y político, Otegi se negó hoy a opinar sobre la polémica, al sostener que sencillamente "no tenía ningún comentario" al respecto.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la detención de un alto financiero de la Caja Laboral Popular (una entidad financiera regional vasca), Ignacio María Mallagaray Cortázar, por estar supuestamente vinculado a ETA.

El magistrado sostiene que este funcionario pasó información al grupo armado sobre las actuaciones judiciales en su contra y que asesoró a la organización. Tanto el domicilio particular como la oficina de este ejecutivo financiero fueron registrados por agentes de seguridad del Estado, que además incautaron abundante documentación supuestamente relacionada con ETA.