CEDH de Durango
Dan recomendación a la PGJE por caso de tortura
SAUL MALDONADO Y JESUS NARVAEZ CORRESPONSALES
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó a la Procuraduría de Justicia de Durango que sancione o destituya a cinco agentes que hace dos meses detuvieron ilegalmente y torturaron a tres personas presuntamente involucradas en el homicidio de un agente de la Policía Federal Preventiva y un estudiante del Instituto Tecnológico de Durango.
Norma Beatriz Pulido, presidenta de la CEDH, señaló que a partir de este miércoles la procuraduría cuenta con 15 días para dar respuesta de aceptada la recomendación y 30 para ejecutarla. De ser necesario, indica, deberá dar parte al Ministerio Público.
Hace dos meses ocurrió el homicidio de un policía federal preventivo y de un estudiante del Instituto Tecnológico de Durango. Agentes de la Procuraduría de Justicia del estado detuvieron entonces a Joel Carrillo Hernández, Gerardo Viggers y César González como presuntos responsables del homicidio. Los familiares de éstos presentaron una denuncia en la CEDH por tortura, detención ilegal y allanamiento.
La titular de la CEDH, Norma Beatriz Pulido Corral, dio a conocer que en la recomendación girada al procurador de Justicia del estado, Luis Celis Porras, se señala que los tres presuntos responsables fueron objeto de tortura, detención arbitraria, detención ilegal y, en el caso de César González, se le agrega allanamiento de morada.
Señala también que María del Pilar Torres García, novia de Joel Carrillo, fue detenida arbitraria e ilegalmente.
La semana pasada el gobernador Angel Sergio Guerrero señaló que en Durango no hay tortura y que era una práctica que desde hace varios años quedó atrás en la entidad.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, se investigue y se restituyan las garantías de la ley al ex comandante de la Policía Judicial del Estado Julio César Jiménez, quien fue arrestado, privado de su libertad y encerrado en un celda sin alimentos ni agua.
, según informó la instancia nacional.
Sobre el caso, el propio Jiménez Arcadia recuerda que en agosto pasado fue despedido de su cargo y detenido después que denunció públicamente que en la Procuraduría de Justicia del Estado había venta de plazas, cobro por asignación de puestos, tráfico de exámenes antidrogas apócrifos y desvíos de recursos.
"Antes de mi aprehensión, dijo, presuntos agentes judiciales dispararon balazos contra mi casa, amenazaron a mi familia y me sometieron al desprestigio público, luego me detuvieron y torturaron".
Tras ser excarcelado, el jefe policiaco presentó la queja por los daños en su contra ante la Comisión estatal de Derechos Humanos de Nayarit, y --según la titular de este organismo, Luz María Parra-- se encontraron fundamentos para emitir una recomendación a la PGJE para que se sancionara el caso, pero ésta fue rechazada por procurador Jorge Bañuelos Ahumada.
Ante ello, el 13 de febrero del presente año el agraviado presentó una impugnación ante la CEDH, lo que originó la apertura del expediente por parte del organismo nacional, que se hizo cargo del caso y que hoy emite una nueva recomendación al gobernador Echevarría Domínguez.
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