HIDALGO: REPUDIAN ÑAÑUS PRIVATIZACION DE AGUAS NEGRAS

FRANCISCO I. MADERO, HGO., 29 DE MAYO. Alrededor de 600 campesinos bloquearon esta mañana la carretera en dos puntos nodales de la región para impedir que se concrete el plan del gobierno federal, iniciado con la creación de la Ley Nacional de Aguas en 1992. Los inconformes consideraron que este sería el primer paso a la privatización de las aguas negras que riegan desde 1886 unas 150 mil hectáreas y dan sustento a más 200 mil indígenas ñañús de unos 25 municipios del Valle del Mezquital y la región de Tula.

AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTAS DE CHIAPAS

HUIXTLA, CHIS. Rosario González Chay y Alberto García Velázquez, reporteros de dos medios locales, denunciaron públicamente amenazas de muerte por parte del director de seguridad pública municipal, Martín Palomeque Sánchez, así como familiares de éste quienes se encuentran molestos por las denuncias de corrupción que han publicado. Ambos periodistas señalaron que son objeto de hostigamiento y amenazas directas y vía telefónica por este funcionario.

CRITICAN DESINTERES DE GOBIERNO DE GUANAJUATO POR UNA LEY

GUANAJUATO, GTO., 29 DE MAYO. Diputados locales del PRI y uno independiente criticaron la falta de interés del gobernador Juan Carlos Romero Hicks para enviar una propuesta sobre la ley de acceso a la información pública. El legislador priísta Miguel Montes García indicó que su bancada presentó "la primera iniciativa de ley que fue retomada por otros estados en marzo de 2001; sin embargo, no tenemos dicha ley por la promesa incumplida del gobernador de enviar al Congreso su proyecto de ley". Por su parte, el diputado independiente Martín Ortiz afirmó: "El gobernador no tiene la voluntad ni el deseo político de que Guanajuato cuente con una ley de acceso a la información, y siento que pudiera estar tomando una actitud política de bloquear esta iniciativa e impedir que los guanajuatenses cuenten con un nuevo derecho político, que es el de acceder a la información pública".

POLEMICA SOBRE VIGENCIA DEL OMBUDSMAN EN YUCATAN

MERIDA, YUC. En el papel estrictamente jurídico, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dejó de funcionar hace dos semanas, cuando el Congreso local aprobó una ley en la materia con la que se derogó el ordenamiento que creó originalmente dicha instancia. De esta forma, los ciudadanos yucatecos "quedaron en un estado de indefensión de sus garantías al no haber, en este momento de confusión legal, una dependencia que vigile y sancione a las autoridades que violentan la legalidad", afirmó Cleominio Zoreda Novelo, coordinador de la fracción priísta de la Legislatura estatal. Por su parte, la bancada panista sostuvo que la Codhey "sí existe y está en plena función, y lo único que hace falta es designar al nuevo ombudsman en un plazo no mayor a 45 días, conforme estipula la nueva ley que, sin embargo, no pudo ser elevada a rango constitucional al no contarse con el voto de las dos terceras partes (al menos 17 diputados) del Congreso yucateco".