El programa de apoyo ha contribuido a agravar la devastación, señalan ONG

Proponen destinar a bosques recursos de Procampo

Necesario, evitar la pérdida de los 50 millones de hectáreas forestales que aún tiene México

MATILDE PEREZ U.

Para evitar la pérdida de los 50 millones de hectáreas de bosques y selvas que aún quedan al país, el gobierno federal debería reorientar la aplicación de los 12 mil millones de pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y destinarlos a la protección del recurso natural, sugirieron los directores del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), Gabriel Quadri de la Torre, y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís.

"Procampo es un incentivo perverso a la subvención improductiva; un pozo de miseria que ha contribuido a exacerbar la deforestación al inducir el cambio de uso del suelo", apuntó Quadri de la Torre.

En la presentación del estudio Deforestación en México: causas económicas. Incidencia del comercio internacional, ambos advirtieron que de continuar la deforestación al ritmo actual -de 800 a 1.5 millones de hectáreas, superficie equivalente a casi cinco veces el Distrito Federal-, en pocos años México perderá no sólo su biodiversidad, sino el agua, elemento indispensable para la vida.

La situación forestal del país es delicada, ya que de esos 50 millones de hectáreas arboladas, 24 millones son selvas caducifolias o secas que "no poseen ningún valor comercial apreciable", y sólo un millón son bosques o selvas tropicales húmedas cuyo valor comercial también está prácticamente agotado, ya que la mayoría carecen de las especies más atractivas: caoba y cedro.

Los otros 25 millones son bosques templados de pinos, encinos y otras especies que ofrecen un atractivo comercial, pero sólo 11 por ciento de esa superficie puede ser susceptible a los cambios directos inducidos por el Tratado de Libre Comercio, ya que la mayoría de la superficie está degradada.

Ambos consideraron que la apertura de tierras a la producción agrícola o pecuaria, así como la presión demográfica son los factores principales que amenazan los bosques y las selvas del país. Además, éstos son propiedad comunal, ejidal o privada, lo que limita la aplicación de programas de conservación, por lo que apremiaron a hacer cambios al artículo 27 constitucional. "Es indispensable hacer una evaluación honesta y transparente de la relación que indudablemente existe entre las propiedades colectivas y el contexto en el cual operan", puntualizó Quadri.

La revisión del artículo 27 constitucional debe orientarse -abundó el director del Cespedes- a eliminar la "absurda limitación de la propiedad forestal (de 800 hectáreas máximo), ya que constituye un serio obstáculo para la conservación de la biodiversidad del país". Agregó que en ese ámbito estarían las áreas naturales protegidas, que abarcan apenas 7 por ciento del territorio, las cuales deberían ampliarse a 20 millones de hectáreas.