Detectan irregularidades en la Conaliteg; presentarán denuncia contra ex funcionarios

Indagan la Secretaría de la Contraloría y auditores de la Cámara de Diputados

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El director de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco, anunció que la próxima semana presentará una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por los delitos de ''fraude, desvío de fondos y daño patrimonial'' en las gestiones de Antonio Meza Estrada y Humberto Blanco al frente de la comisión.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y auditores de la Cámara de Diputados indagan irregularidades en el periodo que abarca de 1999 a febrero de 2001, entre las que se encuentra la compra de papel con sobreprecio, el obsequio de papel a impresoras, anomalías en los procesos de licitación y la prestación de servicios de transportación a precios muy elevados.

La investigación además revela irregularidades en la construcción de la planta de la Conaliteg en el estado de Querétaro, que presuntamente fue obra de una ''empresa fantasma'', lo que ha impedido el cobro de una fianza por 300 millones de pesos.

Los funcionarios que presuntamente están involucrados en estas anomalías son Antonio Meza Estrada, quien fuera secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo cuando éste era secretario de Educación Pública y estuviera a cargo de la Conaliteg de 1994 a enero de 2000; actualmente es cónsul de México en Detroit. También Humberto Blanco, subdirector del organismo y de enero de 2000 a febrero de 2001 responsable del despacho hasta que Velasco fue nombrado director por el presidente Vicente Fox.

En entrevista con La Jornada, Velasco explicó que no está determinado el monto del supuesto fraude, pero estimó que si en medio año de esta administración se ahorraron 500 millones de pesos, en el periodo que se investiga la suma ahorrada podría superar los mil 500 millones, cosa que no sucedió

Por lo pronto, la auditoría de la Secodam, aplicada a una muestra de 13 órdenes de impresión, indica que hubo un desvío de 40 millones de pesos. Sin embargo, afirmó, a la Contraloría todavía le falta ''profundizar'' en sus indagaciones.

Ante estas anomalías señaló que la próxima semana presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable por la comisión de estos delitos. La Conaliteg, dijo, cuenta con las pruebas respectivas, sólo está en espera de adjuntar al expediente un informe del órgano interno de control de la Secodam.

Una de las irregularidades que se investigan es la construcción de la planta de Querétaro por parte de una empresa denominada Meñique, que para 2001 ya había desaparecido. Señaló que por esa causa no ha podido hacer efectiva una fianza con el Banco Bital por 300 millones de pesos.

La Conaliteg está promoviendo la realización de una auditoría de obra pública para determinar la responsabilidad de ex funcionarios de la comisión. Señaló que en la gestión de Meza Estrada se dio por bueno el trabajo de la constructora Meñique, siendo que no se habían concluido las obras de la planta tratadora de agua, de las oficinas generales y del comedor.

Como en esas secciones del edificio se detectaron desperfectos, entre los que se encuentran ''grandes grietas'', se solicitó a Bital el pago de la fianza, sin embargo, este banco respondió que no podía entregarla, porque los funcionarios de la Conaliteg ya habían firmado los documentos respectivos en los que aceptaban la terminación de la obra.

La adquisición de un edificio en la colonia Del Valle se suma a la lista de presuntas anomalías. Indicó que el inmueble, ubicado en la calle de Amores, estaba dañado a causa del temblor de 1985, además de que no contaba con puertas, plafones ni red eléctrica.

En cuanto a los libros, aseguró que se pagaba un precio muy alto por su impresión. En esos años, un ejemplar llegaba a costar hasta 12 pesos, cuando su precio actual es de la mitad.

El origen de este ''sobrecosto'' se debió a los altos precios que la Conaliteg pagaba por el precio del papel. Mientras a unas empresas se compraba a 6.75 pesos el kilo, a otras se pagaban 10.

Indicó que las empresas no informaban el costo real del papel a la comisión, razón por la cual las licitaciones debieron declararse desiertas, de acuerdo con el artículo 36 de la ley de adquisiciones. Esta legislación, explicó, señala que cuando un producto tiene el mismo costo para todos los impresores se tiene que establecer un costo real único de la mercancía.

Cuando descubrió este problema señaló que empleados de la anterior administración -que seguían en la Conaliteg- le informaron que las empresas declaraban diferentes precios porque incluían sus costos de bodega. Dijo que este argumento no es válido, ya que va en contra de la legislación.

También la Secodam detectó que, en ese periodo, la comisión tenía preferencia por algunos talleres como Monograf y Encuadernadora de Oriente, pese a que no ofrecían los mejores precios. Adicionalmente, la comisión obsequiaba 3 mil 500 toneladas de papel al año, ya que por concepto de desperdicio del producto las impresoras podían obtener 6 mil 500 toneladas, sin embargo éstas se quedaban con un total 10 mil toneladas de papel anualmente.

Por otra parte, las empresas Transportadora Nacional y Transporte de Materiales hacían 90 por ciento de los viajes, siendo que contaban con pocos camiones, cobraban precios muy altos e incluso hacían ''viajes fantasma''.