Establece medidas de seguridad para evitar un enfrentamiento entre indígenas

Interviene el gobierno de Chiapas en el conflicto entre Chalchiuitán y Chenalhó

Los comuneros y ejidatarios de uno y otro municipios se disputan más de 800 hectáreas

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 27 de julio. Policías estatales establecieron este sábado medidas de seguridad urgentes en los límites de los municipios Chalchiuitán y Chenalhó para evitar un posible enfrentamiento entre los grupos indígenas que se disputan más de 800 hectáreas.

La disputa entre los comuneros de Chalchiuitán y ejidatarios de Chenalhó -considerado uno de los cinco puntos de conflicto en Chiapas- se agudizó esta semana con el intento de habitantes del segundo municipio por recuperar lo que consideran su propiedad.

Ello obligó a los titulares de la Procuraduría de Justicia del estado y de las secretarías de Seguridad, de Gobierno y Agraria a sostener una reunión urgente donde determinaron las medidas cautelares en la zona.

Este sábado se envió al lugar a 25 policías sectoriales para ubicarse de forma permanente en la zona. A ellos se unirán otros tantos efectivos federales y estatales de las bases de operaciones mixtas que patrullarán la zona.

El secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, informó que por la tensión que prevalece entre los grupos en conflicto se intensificaron los sobrevuelos en el lugar.

"Siempre hay riesgo de la utilización de armas de fuego (de los grupos en disputa), por eso es importante que les quede claro que hay una presencia reforzada del gobierno estatal y deben esperar el fallo de las autoridades agrarias", sostuvo al ser interrogado sobre las denuncias que indican que los comuneros de Chalchiuitán están armados y patrullan lo que consideran su propiedad

El litigio es antiguo

Informó que hay un posición difícil tanto por parte de las autoridades de bienes comunales de Chalchiuitán como por los ejidatarios de Chenalhó, quienes esperan el fallo del Tribunal Agrario que resuelva sobre la posesión de esas tierras.

Y es que más de 150 familias indígenas de la etnia tzotzil de Chenalhó resultaron afectadas cuando el 12 de junio pasado comuneros de Chalchiuitán les destruyeron sus cultivos, como parte del intento por recuperar las 800 hectáreas que una resolución presidencial de 1988 determinó formaban parte de las 17 mil hectáreas de propiedad comunal, pero estaban habitadas por los ejidatarios de Chenalhó.

Los comuneros de Chalchiuitán argumentan que cuando promovieron la titulación de sus tierras, que comprenden unas 17 mil hectáreas, y al efectuar los deslindes, encontraron un faltante de 800 hectáreas que, sostuvieron, estaban en manos de los habitantes de Chenalhó.

De su lado, los de Chenalhó también promovieron el reconocimiento de 13 mil hectáreas de tierras bajo el argumento de que "históricamente" les pertenecen porque sus antepasados "han sembrado esa tierra".

A petición de los indígenas de Chenalhó, quienes entablaron un recurso de impugnación por la resolución presidencial, el Tribunal Superior Agrario intervino en el caso y actualmente ambos grupos esperan el dictamen de un tribunal unitario.

Sin embargo, ante la tardanza de las autoridades agrarias, el jueves pasado los habitantes de Chenalhó construyeron 13 viviendas en el terreno en disputa, a lo que los comuneros de Chalchiuitán respondieron disparando armas de fuego, como un intento por disuadirlos de su acción.

Para el subsecretario de Desarrollo Agrario de la entidad, Arturo Luna Lujano, existen dos razones en este conflicto, "una legal y otra histórica", pues mientras los de Chalchiuitán alegan que esas tierras se las dio el Presidente, los de Chenalhó dicen que a ellos les pertenecen porque sus abuelos siempre trabajaron esas tierras.

Se debe recordar que los otros cuatro conflictos que la Secretaría de la Reforma Agraria califica como focos rojos en la entidad, y que podrían suscitar enfrentamientos, son los de los municipios Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, Cintalapa y Santa María Chimalapas.

El factor común entre los anteriores conflictos son resoluciones presidenciales mal ejecutadas, que afectan por una parte a grupos de comuneros, cuya tierra se trabaja de manera colectiva, y por otra a ejidatarios que pugnan por la propiedad privada.