En el contexto de un seminario efectuado ayer, el secretario de Salud, Julio Frenk, reconoció que la inversión en salud en nuestro país -5.5 por ciento del PIB- está por debajo de la media en América Latina, y es incluso menor al de países mucho más pequeños que el nuestro, como Costa Rica, y que el de Colombia, nación en la que se desarrolla un conflicto bélico.

Cabría suponer que un gobierno en posesión de informaciones tan alarmantes tendría que estar empeñado en corregir la situación. Sin embargo, el propio Frenk destacó que el presupuesto del sector salud se redujo este año en cuatro mil millones de pesos -cerca de diez por ciento- con respecto al del año anterior. Y si con esto no hubiera suficiente motivo para alarma, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado López, señaló, en el mismo encuentro, que "en los años por venir se ve difícil que haya más recursos públicos" para atender la salud de la población, y enfatizó la postura oficial de compensarlos con inversiones privadas.

En suma, ante las graves carencias por las que atraviesan las instituciones públicas de salud, el actual equipo de gobierno no ve otro camino que el Estado abdique a su obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a disponer de atención médica y dejar los servicios correspondientes en manos del mercado.

Tal estrategia resulta inaceptable por dos razones principales. La primera es que violenta preceptos constitucionales como el artículo 2 (la federación, los estados y los municipios tienen la obligación de asegurar a los pueblos indígenas "el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional") y el 4 ("Toda persona tiene derecho a la protección de la salud") de la Carta Magna.

Por otra parte, si se avanza en la privatización de los servicios médicos, se traduciría en un incremento de las desigualdades sociales que ya existen en el país en materia de atención médica. La inversión privada puede, sin duda, ofrecer servicios de salud, a condición de que los pacientes los paguen.

Ayer se informó, en estas mismas páginas, de señalamientos críticos al actual gobierno por su empeño en privatizar la educación. Ahora los propios integrantes del equipo presidencial confirman que tal intención se extiende también al ámbito de la medicina.

Da la impresión de que la presente administración ha distorsionado el mandato popular recibido el 2 de julio de 2000 por el presidente Vicente Fox a tal punto que ha incluido en ese designio ciudadano el desmantelamiento de la educación pública y del sistema nacional de salud a fin de generar oportunidades de negocios privados.

Es preciso que la sociedad haga saber a las autoridades federales que el generalizado anhelo de cambio democrático no conllevaba, ni conlleva, la intención de excluir de la educación y la salud a la mayoría de los mexicanos.