En la Judicatura, irritados por actitud de la PGR

La actitud de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación sobre presuntos nexos de un magistrado y una juez federal con bandas de narcotraficantes del Distrito Federal y la zona oriente del valle de México causó molestia en el Poder Judicial Federal, pues es la primera vez que una averiguación previa sobre presunta corrupción de juzgadores se realiza de manera unilateral y sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Señalaron lo anterior fuentes oficiales, las cuales recordaron que los juzgadores tienen fuero y que habría sido mejor solicitar al CJF el desafuero de los presuntos involucrados para confirmar las sospechas, porque de lo contrario la PGR no puede actuar legalmente en su contra.

Hasta el día de ayer el CJF -encargado de vigilar la actuación de jueces y magistrados- no había recibido los nombres de los juzgadores que según el fiscal de Atención a Delitos contra la Salud, Mario Estuardo Bermúdez Molina, estarían involucrados con bandas de narcotraficantes y, asimismo, relacionadas con los homicidios del comandante de la policía capitalina Guillermo Robles Liceaga; del ex fiscal de asuntos relevantes de la FEADS, Mario Roldán Quirino, y del agente del Ministerio Público Federal, Humberto del Aguila Pérez, como tampoco pruebas sobre su presunta culpabilidad.

-Si no han recibido la información solicitada, para según ustedes comenzar la averiguación interna correspondiente, Ƒen dónde queda la confianza entre poderes?

-Eso no me toca calificarlo, pero es evidente que fue desafortunada la forma en que Bermúdez dijo que no tenía por qué informar al Poder Judicial Federal.

Los funcionarios comentaron que en los casos de los dos magistrados que fueron consignados penalmente por presuntos actos de corrupción -Nicandro Martínez López, en octubre de 1999, y Fernando López Murillo, en junio pasado- fue precisamente el CJF el que consignó ante la PGR la denuncia para iniciarle proceso.

En esa ocasión el CJF siguió el procedimiento de "desaforar" a los magistrados para que se les iniciara causa legal en su contra -de inmediato fueron arraigados por la PGR e incluso López Murillo continúa en una casa de seguridad de la PGR, y seguramente será consignado por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Por lo que, en caso de que el Ministerio Público pretenda actuar en contra de los juzgadores sin solicitar su desafuero -que debe ser aprobado por el pleno del CJF-, podrían ser consignados penalmente por actuar fuera de la ley.

En todo caso, concluyeron los funcionarios, "Ƒqué no se supone que es un delito dar a conocer información sobre una averiguación previa en curso?"

JESUS ARANDA