Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 31 de agosto de 2002
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Política

Retenidos para exigir la cancelación de un proyecto que implica despojo de tierras

Liberan labriegos poblanos a empleados de la SCT

LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 30 de agosto. Integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZ) liberaron hoy a dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal retenidos el jueves pasado en la junta auxiliar de San Pablo Actipan, municipio de Tepeaca, en demanda de que el gobierno estatal cancele las construcciones del Proyecto Millenium (PM). Los inconformes y autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal acordaron que dentro de 10 días se dará una "respuesta definitiva" sobre la viabilidad de dicho plan gubernamental, así como dejar sin efecto las 13 órdenes de aprehensión contra los labriegos.

El conflicto que comenzó en noviembre de 2000 se recrudeció el jueves pasado, cuando pobladores descubrieron entre los documentos de los empleados retenidos varios oficios girados por la SCT estatal a los comisariados ejidales de la zona de Tepeaca, en los que se explicaba que el PM consiste en la construcción de una carretera de cuota de 54 kilómetros que une Puebla con Tecamachalco; el desarrollo de dos parques industriales en los municipios de San Francisco Mixtla y Tecamachalco, así como el establecimiento de una reserva territorial y zonas residenciales en la alcaldía de Cuatinchan.

El hallazgo echó por tierra las declaraciones del gobierno estatal, de que el plan consiste sólo en una carretera. "Esas son las mentiras del gobierno: primero dice que no hay parques industriales y ahora dice que sí; nos ofrece precios de miseria por el despojo de nuestras tierras, quiere que los campos se conviertan en maquiladoras y que los campesinos nos borremos; sólo quiere explotarnos más, le somos un estorbo", afirmó Concepción Colotla Gonzaga, dirigente de la UCEZ.

La detención de los funcionarios Ignacio Ramírez López y Diego Flores Rodríguez ocurrió el jueves 29 de agosto al mediodía en el municipio de Huixcolotla, adonde habían acudido con la intención de persuadir a varios pobladores de que vendieran sus tierras para la construcción de la carretera Puebla-Tecamachalco.

Capturados por centenas de campesinos armados con machetes y palos, ambos servidores públicos fueron trasladados a San Pablo Actipan. Concepción Colotla anunció que los liberaría cuando el gobierno estatal confirmara por escrito la cancelación definitiva del PM.

La Segob estatal decidió entablar una mesa de negociación con los quejosos, la cual se efectuó en la cabecera municipal de Tepeaca. Rómulo Arredondo Gutiérrez, director general de Gobierno, propuso a los inconformes que a cambio de la liberación de los retenidos el gobierno estatal se comprometía a que en 10 días daría una "respuesta definitiva" al conflicto, una vez que analizara tres puntos: la repercusión por los nuevos recortes presupuestales de la Federación al desarrollo de la obra pública de la entidad; los problemas técnicos operativos presentados para la construcción de la carretera Puebla-Tecamachalco, entre los que se incluyen las protestas de varias comunidades, y la viabilidad de la propuesta alterna al PM presentada por los labriegos a principios de este año.

En ese lapso, agregó, el gobierno estatal se abstendría de realizar cualquier acción en la región de Tepeaca que tuviera como finalidad convencer, proponer u obligar a los pobladores a que vendieran sus tierras, así como realizar trazos para la vía.

Después de una hora de discusión, el representante gubernamental también aceptó que se firmara una minuta de acuerdo en la que se incluiría la cancelación de todas las órdenes de aprehensión que existen contra los campesinos opositores al Millenium. La reunión concluyó con la propuesta de que este sábado se reiniciarían las pláticas y se firmarían los acuerdos, debido a que los campesinos debían someter a consulta de las comunidades la oferta del gobierno.

El mismo jueves corrieron algunas versiones que apuntaban la existencia de una pugna al interior del gobierno estatal por la resolución del conflicto en la región de Tepeaca. Por un lado, Jesús Morales Flores y Marco Antonio Flores Rojas, hermano del gobernador de Puebla y titular de la SCT estatal, respectivamente, presionaban e intentaban dar continuidad al PM, pese a la tendencia negociadora adoptada desde hace varias semanas por el mandatario estatal, Melquiades Morales Flores, quien instruyó al secretario de Gobernación local, Carlos Arredondo Contreras, emprender pláticas con los campesinos.

Versiones no confirmadas señalaron que la administración melquiadista estaba dispuesta a suspender el PM pese al costo político que esto representaría. ƑCon la solicitud de un plazo de 10 días, el gobierno estatal no busca encontrar una salida decorosa del conflicto?, se le preguntó a Rómulo Arredondo. "El gobierno del estado está buscando la salida más conveniente", señaló tajante.

A las 11:46 horas de este viernes los miembros de la UCEZ y Rómulo Arredondo reiniciaron las negociaciones en Tepeaca. El director general de Gobierno presentó una propuesta de minuta de acuerdo que incluía los puntos tratados un día antes, pero los ejidatarios expusieron la necesidad de que la Procuraduría General de Justicia en Puebla diera a conocer el número y el nombre de las personas sobre las que existía alguna orden de aprehensión, los cuales deberían anexarse a las fojas de acuerdo.

La petición fue aceptada. Media hora después, Arredondo Gutiérrez dio a conocer que había dos procesos (94/2001 y 176/2002, ambos radicados en el juzgado de defensa social de Tepeaca) y 13 órdenes de aprehensión, principalmente contra los principales dirigentes de la UCEZ: Concepción Colotla, Pascual y Benjamín García, así como Jacqueline Rosas.

Durante varios minutos los más de 150 campesinos que asistieron a la reunión presentaron una larga de lista de quejas y exigieron la destitución de Marco Antonio Rojas Flores. Cerca de las 14 horas, ambas partes firmaron la minuta de acuerdo y se trasladaron a San Pablo Actipan para la liberación de los dos funcionarios, quienes no presentaban lesiones o signos de maltrato.

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