Ayer, ante la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la secretaria general de ese organismo, Elba Esther Gordillo, rompió finalmente el silencio público en el que había permanecido en días recientes y afirmó que no ordenó la ejecución, en 1981, del profesor Misael Núñez y que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar su inocencia. Al mismo tiempo, pidió el cese del "canibalismo" en su contra y se dijo agraviada porque desde "su casa" (refiriéndose, cabe suponer, al PRI) la han acusado de un crimen que, reitera, no ha cometido.

De las palabras de la dirigente priísta podría deducirse que se encuentra convencida de que el germen de las acusaciones en su contra se encuentra en su partido. El propio presidente del PRI, Roberto Madrazo, arropó ayer a Gordillo e instó a sus correligionarios a "cerrar filas" ante las agresiones "de adentro y de afuera", y advirtió -acaso como una confesión involuntaria- que deben defenderse mutuamente porque "mañana podría ser cualquiera de nosotros" el que resultase inculpado.

En todo caso, como se ha informado en este diario, las acusaciones recientes contra Gordillo tienen un origen conocido: fue Carlos Jonguitud Barrios quien, por su propia decisión, recordó la presunta relación de la actual secretaria general del PRI con los crímenes del 30 de enero de 1981. Tras estas declaraciones, familiares de las víctimas, líderes y organizaciones sindicales, así como diversas voces del ámbito político y social han manifestado su opinión sobre estos hechos y, quienes así lo juzgaron pertinente, presentaron denuncias ante las autoridades competentes.

Empero, si en el PRI se ha desatado una lucha de poder, tal circunstancia no guarda relación con la necesaria clarificación de los hechos y las responsabilidades en torno al asesinato de Núñez. Por respeto a la memoria de las víctimas y a sus familiares; por la obligación jurídica y moral de las autoridades de hacer valer el estado de derecho y desmantelar las redes de complicidad e impunidad que impidieron que, hace más de 20 años, se hiciera justicia en este caso, y por la conveniente revalorización de quienes, desde el magisterio democrático y otros movimientos sociales, contribuyeron al desarrollo político del país, el crimen que arrebató la vida a Núñez debe ser cabalmente esclarecido, sin importar quiénes resulten responsables.

Tienen razón los mentores democráticos que presentaron la denuncia contra Gordillo y Jonguitud cuando afirman "que la transición democrática no puede estar en manos de gente descalificada moralmente para poder expresarse ante la sociedad mexicana".

En consecuencia, corresponde a los tribunales dilucidar si Gordillo y Jonguitud tuvieron relación con los asesinatos del 30 de enero de 1981. Que cada una de las partes implicadas presente las pruebas que acreditan sus alegatos y que, en estricto apego a la legalidad, a las garantías constitucionales y al estado de derecho, sea la justicia la que exculpe o aplique el castigo que corresponda. Por el bien de la nación, este doloroso episodio de la guerra sucia del régimen y sus estamentos sindicales contra el magisterio democrático no debe permanecer un día más en la impunidad y el olvido.