Demandan a Usabiaga y Derbez más información

Organizaciones campesinas ponen en duda el blindaje agropecuario

MATILDE PEREZ U.

Organizaciones campesinas y legisladores dudan sobre la efectividad del blindaje agropecuario que, según los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, y de Economía (SE), Luis Ernesto Derbez, servirá para proteger los productos agropecuarios en el marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

A partir del primer día del próximo año, todos los productos -excepto maíz, frijol y leche en polvo- estarán desgravados. Sin embargo, hasta la fecha el gobierno federal no ha especificado cómo operará y cuáles serán los recursos del blindaje agropecuario, evaluaron las organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP).

Julián Luzanilla Contreras, coordinador de los diputados del sector campesino del PRI, dijo que los legisladores tienen dudas en torno a los mecanismos de operación de dicho blindaje, por lo que solicitó la comparecencia de los titulares de Sagarpa y SE para que expliquen los alcances de la estrategia de defensa de los campesinos.

El Congreso de la Unión requiere mayor información para tener claros los objetivos del blindaje, ya que en los dos años de gobierno de Vicente Fox las políticas públicas no han logrado revertir el deterioro del agro. "Es evidente que los programas gubernamentales son ineficaces e insuficientes", agregó Luzanilla Contreras.

La comparecencia de ambos secretarios ante las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y de Comercio de la Cámara de Diputados y del Senado es obligada, ya que deberá autorizarse un presupuesto agropecuario elevado para 2003, expuso.

En los últimos años, indicó, las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario sufrieron un cambio radical que provocó una acelerada disminución de los apoyos económicos en infraestructura hidráulica, comercialización, financiamiento, seguros, investigación, capacitación y asistencia técnica, así como el gradual desmantelamiento de las instituciones gubernamentales que fueron creadas para impulsar el desarrollo del sector rural.

Los campesinos quedaron desprotegidos ante la apertura comercial puesta en marcha desde 1985, con la incorporación de México al GATT y la firma del TLCAN en 1994, en el que se aceptó la liberación de las importaciones en un lapso de 15 años, situación que llevó a una crisis a todas las actividades agrícolas y ganaderas.

Esa crisis, comentó el coordinador en turno del CAP, Juan Leyva Mendívil, causó la descapitalización de los productores, los precios de los granos y productos pecuarios se desplomaron por las importaciones altamente subsidiadas, comunidades empezaron a quedar como pueblos fantasma por la migración y la pobreza apareció en las zonas que durante años fueron ejemplo del desarrollo agrícola.

En el campo hay una amenaza latente para la estabilidad social y política del país, si esto no se atiende no habrá gobierno que pueda frenar las protestas de campesinos cuya sobrevivencia está en riesgo por la apertura del mercado nacional a las importaciones de los productos agropecuarios y los efectos de la ley agrícola de Estados Unidos, que durante los próximos diez años otorgará subsidios por 190 millones de dólares a sus productores, advirtió.

Para el legislador priísta y el coordinador en turno del CAP es urgente que el gobierno federal asuma su responsabilidad histórica de impulsar, de-fender y proteger al sector agropecuario con un presupuesto adecuado y programas específicos de apoyos y subsidios para la producción y comercialización.