El pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair, reunidos en Washington, expresaron su determinación de actuar militarmente contra Irak en forma unilateral y al margen del derecho y de la institucionalidad internacional. Más aun, dejaron claro que el jueves próximo la Organización de Naciones Unidas se verá sometida a una suerte de ultimátum por parte de los dos gobernantes: si el Consejo de Seguridad no se resigna a apadrinar la agresión bélica contra el país árabe, Washington y Londres actuarán por su cuenta para deponer al régimen de Saddam Hussein. Un día antes, el político laborista llevó su servilismo hasta el grado de comprometerse a derramar "sangre británica" en Irak, a pesar de la oposición que la proyectada aventura bélica suscita incluso en las filas de su propio partido.

Bush y Blair aseguraron que disponen de "pruebas suficientes" acerca de los presuntos intentos iraquíes de fabricar armas nucleares; hace ya semanas que uno y otro han ofrecido mostrar tales evidencias, pero hasta ahora las únicas son las afirmaciones de los propios declarantes. En contraste, el ex inspector Scott Ritter, quien durante siete años encabezó un equipo de la ONU a cargo de desmantelar el arsenal iraquí después de la Guerra del Golfo, dijo que las pruebas mencionadas por Bush y Blair no existen, y advirtió que la incursión militar que obsesiona al mandatario estadunidense sería un "error histórico".

Por fortuna, Ritter -quien sin duda sabe de lo que habla- no es el único que pone en cuestión las coartadas gubernamentales estadunidenses e inglesas para poner bajo su control el territorio iraquí. En el primer círculo de la Casa Blanca y en la clase política estadunidense también se han alzado voces que señalan la improcedencia de una invasión del país árabe, algunas de ellas de círculos republicanos: Henry Kissinger, Brent Scrowcroft -ex asesor de Seguridad Nacional de George Bush padre- y el senador Chuck Hagel. En el escenario internacional, Francia, China y Rusia -los otros tres integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Gran Bretaña y Estados Unidos- han manifestado abiertamente su oposición a acciones militares unilaterales contra Irak. Ayer mismo, en lo que significó una réplica a los mensajes de Bush y Blair, el ministro ruso del Exterior, Igor Ivanov, advirtió a Washington que su empecinamiento en derrocar a Saddam causarían "un daño irreversible a la coalición antiterrorista" internacional conformada tras los atentados del 11 de septiembre, advirtió que los presuntos intentos de Bagdad por hacerse de armas de destrucción masiva deben ser tratados de manera política y señaló que es a la ONU a la que corresponde enfrentar el problema. Similares advertencias han externado los gobiernos de Alemania, Bélgica y España, amén de que la perspectiva de una incursión militar occidental resulta alarmante e inaceptable para el conjunto de los países árabes, incluidas las siempre proestadunidenses monarquías petroleras de la Península Arábiga.

En tales circunstancias, un ataque bélico estadunidense-británico contra Irak no sólo resultaría un acto ilegal, inmoral y bárbaro, sino acaso también un suicidio político para sus solitarios promotores.