A UN AÑO DEL 11-S

Han dado un "golpe silencioso, pero feroz y extenso" contra nuestras comunidades, dicen

Los inmigrantes, bajo estado de sitio desde los atentados del 11 de septiembre: defensores

Ni un detenido por violaciones migratorias ha sido implicado en acciones terroristas

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 8 de septiembre. Una de las respuestas inmediatas del gobierno federal después de los atentados del 11 de septiembre fue declarar que los procesos judiciales sobre inmigración serían ahora realizados en secreto, y la aplicación de una serie de medidas que, en su conjunto, han establecido un virtual estado de sitio para las comunidades, afirmaron varios defensores de inmigrantes entrevistados esta semana.

Gobiernos estatales y locales, empresas y varias organizaciones comunitarias alrededor del país se resistieron a estas medidas federales, particularmente la que solicitaba que las policías locales se encargaran de delitos migratorios.

Por otro lado, aunque al principio estalló una ola antinmigrante -particularmente contra toda persona que pareciera "árabe" o "musulmana"- la actitud ante los inmigrantes varía mucho en diversas partes del país. Es decir, no todos se sumaron al apoyo de las nuevas medidas y sus implicaciones promovidas desde Washington.

No obstante, un sondeo de diversos grupos que trabajan con comunidades de inmigrantes revela un consenso de que, tal como lo califica Angie Kelly, del Foro Nacional sobre Inmigración, "se ha dado un golpe silencioso pero feroz y extenso" contra las comunidades. "Nuestro gobierno está operando secretamente, con detenciones que son indefinidas y audiencias judiciales a puerta cerrada", acusó.

"Lo que se empieza a decir en la comunidad de inmigración es que el ambiente aquí ya se ha empeorado al grado que es como en los peores tiempos de la Proposición 187", agregó Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza, refiriéndose a la medida estatal antinmigrante en California promovida en los años 90 por el entonces gobernador Pete Wilson. La diferencia es que la 187 era una sola ley, mientras que ahora hay una acumulación de cambios en política federal que afectan directamente a los inmigrantes.

Las comunidades, insisten estos defensores, son de las más patrióticas en este país. Por ejemplo, desde el 11 de septiembre se ha incrementado el número de hispanos que ingresan a las fuerzas armadas, y hay más banderas y otros símbolos patrios en las comunidades latinas que en otras zonas de las ciudades. Pero en lugar de trabajar con estos sectores para mejorar la seguridad y promover la cooperación, el gobierno federal la ha tomado contra ellas con una serie de medidas que resultan en el hostigamiento y persecución de gente trabajadora inmigrante.

Una de las primeras acciones del Departamento de Justicia después del 11 de septiembre fue girar instrucciones a los tribunales de inmigración para cerrar al público toda audiencia relacionada con la gente detenida después del día de los ataques, explicó Jeanne Butterfield, la representante en Washington de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. "Los tribunales de inmigración no sólo fueron cerrados a los familiares de los detenidos, sino a los medios y el público y hasta a dos legisladores federales que intentaron asistir a algunas de las audiencias", explicó. Varios tribunales de distrito han declarado que la orden para realizar audiencias judiciales cerradas es inconstitucional, pero el Ejecutivo ha apelado estos fallos y, mientras tanto, las medidas siguen vigentes.

El gobierno federal, afirma Butterfield, arrestó a cientos de personas después del 11 de septiembre y utilizó como pretexto violaciones de las leyes de inmigración para mantenerlos encarcelados sin tener que acusarlos de otros delitos relacionados con la llamada "guerra contra el terrorismo". Pero la implicación de estos arrestos fue que los detenidos, la mayoría de los cuales eran originarios de países de Medio Oriente, sí estaban de alguna manera vinculados con grupos responsables de los ataques.

Sin embargo, Butterfield señala que un año después, ni una sola persona de las detenidas por violaciones migratorias después del 11 de septiembre ha sido implicada en los atentados.

Como resultado, subrayaron estos defensores de inmigrantes, en lugar de buscar la forma de trabajar con las comunidades latinas y otros inmigrantes, el gobierno de George W. Bush ha optado por tratar a estos sectores como "el enemigo". Señalan ejemplos como la revisión de documentos de trabajo en lugares de empleo y al identificar algún trabajador cuyos papeles son irregulares, agentes armados interrogan a los "sospechosos".

Entre las nuevas medidas está la obligación de todo inmigrante de reportar un cambio de dirección dentro de los primeros 10 días al mudarse, y de registrar su presencia con las autoridades locales o enfrentar severas penas.

"Si uno no cumple con registrar un cambio de dirección particular, está sujeto a una multa, un periodo de cárcel, y la deportación", explicó Butterfield a La Jornada. Información personal sobre inmigrantes también se está incorporando a los bancos de datos federales sobre crimen, otra medida que genera la impresión de que estas comunidades son "sospechosas".

Por último, la decisión del Departamento de Justicia de revertir tres décadas de política federal y ahora instar a las policías estatales y locales a aplicar las leyes de inmigración sólo intensifica el clima de temor. Aunque muchos departamentos de policía y gobiernos locales han rehusado aceptar este cambio de política, en Florida y Nueva York, la policía ha empezado a cooperar en este rubro. "El efecto es que en algunas comunidades de inmigrantes la gente ahora cree -según la información que nos llega- que ya no pueden llamar a la policía para pedir auxilio, reportar un crimen o un incendio u otra emergencia", explicó la abogada Butterfield.

"La combinación de todo esto nutre la sensación entre los inmigrantes de que están bajo un estado de sitio", concluye Muñoz, del Consejo Nacional de la Raza. Señaló que aun si esta no es la intención del gobierno federal, "el efecto es el mismo".

A pesar de toda la retórica entre la cúpula política de la importancia y respeto de las comunidades latinas e inmigrantes, estas mismas se sienten cada vez más bajo ataque, afirmaron los defensores.

El Foro Nacional sobre Inmigración -una red nacional de grupos de defensa de inmigrantes- también ha sido informado por sus afiliados de una creciente ola de crímenes motivados por el odio racial o étnico contra comunidades inmigrantes. "Muchos más defensores, desde Alaska, a Maine, a Florida, están reportando que hay un creciente temor en estas comunidades", informó Kelly.