Carece el DIF de especialistas en niños explotados sexualmente

"LOS GOBIERNOS PRIISTAS NO TOCARON EL TEMA POR MOJIGATERIA"

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sólo hay 50 millones de pesos para atender a los infantes con problemas, y de esa cifra se destinan 8 millones a uno de los programas de mayor prioridad en los últimos meses: el combate a la explotación sexual comercial

ALMA E. MUÑOZ

El hecho de ser la primera directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en sacar a la luz pública el problema de la explotación sexual y la pornografía infantil es motivo de satisfacción para Ana Teresa Aranda, quien no deja de reconocer que dentro de la institución se carece de profesionales para atender a las víctimas de estos delitos.

A prácticamente un mes de que se ponga en marcha la segunda parte de la campaña Abre los ojos -en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)-, que tiene por objetivo incentivar las denuncias en la materia, asegura en entrevista que hablar de un mínimo de 16 mil infantes afectados es "apenas un acercamiento con la realidad, una forma de meterse en las causas de la problemática" para encontrar que, como en el caso de otros infantes en situación de vulnerabilidad, "primero hubo abuso dentro de su casa".

En sus oficinas centrales muestra apertura en cuanto al aborto, y aclara que esta es una decisión personal de la mujer.

Cuenta que en el instituto sólo hay 50 millones de pesos para atender a los infantes con problemas, y de esa cifra 8 millones se destinan a uno de los programas de mayor prioridad dentro del DIF en los últimos meses: el combate a la explotación sexual comercial.

Desde el terreno institucional critica que los gobiernos priístas no tocaran el tema por "prejuicio exagerado o mojigatería". Esa convicción, asegura, creó un ambiente de "mayor invisibilidad para quienes trabajan en este comercio ilícito y les dio oportunidades de ampliar sus redes y de acrecentarlas".

Para Ana Teresa Aranda cada quien puede poner el número que quiera en cuanto a las víctimas de estos delitos. "No es tan fácil contarlos en la calle como para meterlos en el diagnóstico del momento -elaborado por la investigadora Elena Azaola en ciudades fronterizas y turísticas del país-. Lo que hicimos fue sacar el tema, hacer que se ventilara y luego realizamos toda una campaña de sensibilización en los primeros seis meses de este año. Para el 15 de octubre saldrá la segunda parte, la que promueve la cultura de la denuncia".

A la par, trabajaron en la elaboración de un manual de atención a víctimas, diseñado por el Instituto Nacional de Siquiatría, y con él se capacita en estos momentos al personal de todos los DIF estatales, en cuanto a la atención médica, sicológica y de desarrollo humano.

"De suyo, el DIF ha estado atendiendo la problemática de abuso sexual de menores, pero al convertirse en un negocio todavía no tenemos los profesionales totalmente capacitados".

Rechaza que el gobierno "no esté haciendo absolutamente nada. Es cierto, apenas estamos impulsando acciones interinstitucionales y con organizaciones no gubernamentales que no pueden despreciarse. Sería absurdo que nosotros, como gobierno, echáramos las campanas al vuelo para decir que el problema se solucionó, cuando estamos empezando a atenderlo. No es cierto. Estamos muy lejos de lograr la solución, pero vamos por buen camino".

-Desde hace más de un año se está manejando la cifra de 16 mil infantes afectados. Hay organismos no gubernamentales que hablan de un incremento.

-Con el trabajo del Centro de Investigaciones Antropológicas, apoyado por el DIF y el Unicef, obtuvimos un diagnóstico para conocer más que el número; es apenas un acercamiento con la realidad; es meterse en las causas de la problemática y confirmar que el niño víctima de explotación sexual primero fue abusado en su casa, como también ocurre cuando se analiza la problemática del niño de la calle y de otros menores vulnerados. Tampoco descartemos el trabajo que hacen las redes delictivas por medio del chat con el objetivo de conseguir víctimas para sus páginas de pornografía infantil.

-De los 16 mil niños, ¿cuántos han sido rescatados?

-No hay en este momento un número. Este estudio se puso en manos de las autoridades. Nosotros no podemos ir por un niño y llevárnoslo nada más porque nos gustó. Hay de por medio un trámite ante el Ministerio Público Federal para que éste, a su vez, lo ponga en manos del DIF. Por eso nuestro ánimo de estar trabajando con la PGR, para que haga su parte en cuanto a la investigación del delito y, en caso de así corresponder, nos entregue al menor.

-¿Qué se hace con estos menores? ¿Se dan en adopción después de un tratamiento?

-Primero se constata si el niño fue sustraído del entorno familiar y si la familia no es culpable de la problemática, para reintegrarlo a su hogar. Cuando ha habido alguna disfuncionalidad dentro del núcleo, se intenta su armonización. De no conseguirse, iniciamos un proceso de adopción. No es tan sencillo, lleva mucho tiempo perder la patria potestad. Sobre muchos de los niños de nuestras casas hogar y albergues tenemos tutela temporal.

-¿Cuando llegan niñas embarazadas que fueron víctimas de abuso sexual?

-Se llega a dar el caso, y las atendemos con el programa de embarazo adolescente. por medio de él se mejora su autoestima y se les da una serie de cursos para que vayan recuperando el tiempo escolar perdido. En algunas partes, como Campeche, ya hay talleres donde se les enseñan oficios.

-¿Ya contemplaron la posibilidad de ajustarse a las legislaciones que permiten el aborto por esa causa?

-Lo que hacemos en el DIF es ayudarles a que completen su proceso educativo, y en el caso que requieran algún servicio sanitario las enviamos a la Secretaría de Salud. Tenemos algunos folletitos donde se habla de la capacitación que brindamos, y allí se alude a los tipos de exenciones que en materia de aborto plantean varias legislaciones estatales. No hacemos ninguna promoción en ese sentido, pero sí logramos la canalización de ellas cuando necesitan algún servicio.

-¿Qué sería más factible, que tengan a sus hijos, aborten o los den en adopción?

-No podemos intervenir en ese proceso. El DIF no tiene facultades legales para imponer decisiones. Es un asunto de conciencia, y sobre él debe decidir cada mujer. La política del DIF es en este sentido: hay que entregar herramientas y permitir que se tomen decisiones conscientes.