Zozobra en dos comunidades mixtecas ante el riesgo de otra invasión; indiferencia oficial

MATILDE PEREZ U. /I ENVIADA

Tlaxiaco, Oax., septiembre. Con sigilo caminan entre los matorrales y pastizales de la serranía y de los morrales sacan binoculares para observar sus sembradíos y bosques. Es la única forma de poder acceder a la tierra de la que fueron expulsados con armas de fuego. Son los mixtecos de San Pedro Yosotato y Santa Catarina Yosonotú, que con murmullos explican al grupo de observadores de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, abogados, académicos y reporteros sobre grupos armados que podrían agredirlos en cualquier momento. Tragándose el miedo, la impotencia y el coraje narran cómo fueron despojados de sus tierras, su más valiosa propiedad.

La convivencia pacífica y hasta los enlaces matrimoniales que mantuvieron los habitantes de las comunidades de San Pedro Yosotato y Santa Catarina Yosonotú, municipio de Tlaxiaco, con sus vecinos de San Sebastián Nopalera, Zimatlán de Lázaro Cárdenas y Santa Lucía Monteverde, municipio con este último nombre, terminó cuando el actual diputado del PRD y ex dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática, Salomón Jara Cruz, fomentó la invasión y el despojo del territorio ejidal y comunal.

Al menos 332 comunidades mixtecas oaxaqueñas, distribuidas en 130 de los 156 municipios que integran esa región indígena, viven en constante zozobra e inestabilidad por los añejos conflictos agrarios, algunos de ellos exacerbados -como en los casos de San Pedro Yosotato y Santa Catarina Yosonotú- por la intervención de dirigentes o mandos medios de partidos políticos, la indiferencia del gobierno del estado e incluso por la actuación parcial de las autoridades agrarias.

Allí, en esas comunidades enclavadas entre las escarpadas montañas de las sierras Madre del Sur y Madre de Oaxaca, se respira el temor a ser venadeados en las brechas y caminos de terracería. En hombres y mujeres está latente la ira por el despojo de sus parcelas, donde sembraban maíz, frijol, algunas hortalizas y café, de sus fuentes de agua, de una fracción de los bosques de los que extraían la leña para uso doméstico, así como por la destrucción de sus viviendas.

Esas familias, que logran sobrevivir gracias a los dólares que les envían del extranjero -datos oficiales indican que más de la mitad de la población mixteca ha emigrado principalmente a Estados Unidos- exigen justicia a los gobiernos federal y estatal, y los responsabilizan de las posibles confrontaciones que podrían surgir si no respetan las leyes y se apegan a los convenios que han firmado algunos poblados.

Casi 98 mil hectáreas, del millón y medio del territorio mixteco, forman parte de los 167 expedientes de conflictos agrarios no resueltos en la región desde hace 40 años; en años recientes la disputa por la tierra se ha agudizado debido al acaparamiento de las áreas más rentables y de los escasos recursos naturales -agua y bosques- mediante mecanismos velados, expresan investigadores.

"¿Qué va a pasar después de tanto pisoteo? ¿Por qué los gobiernos federal y estatal no han hecho valer la ley?", preguntan los ancianos, viudas, esposas, ejidatarios y comuneros de San Pedro Yosotato (que tiene mil 357 hectáreas de bienes comunales) al grupo que invitaron a su poblado.

El pleito por la tierra de la ex hacienda de Jicaltepec, entre San Pedro Yosotato y San Sebastián Nopalera, nació junto con el siglo XX; desde entonces los incendios de bosques, huertas y sembradíos, robos de ganado y agresiones armadas marcaron los altibajos de la convivencia entre sus habitantes.

Tos ataques, dicen los ancianos, fueron esporádicos, pero luego de que por dos resoluciones presidenciales -una en abril de 1931 y otra de octubre de 1949- se les dotó de 499 hectáreas bajo el régimen ejidal, seis de ellas de riego, los altercados fueron más frecuentes; sin embargo persistieron los lazos de amistad y enlaces familiares.

Pero los disgustos no cesaron, por lo que en octubre de 1995, San Pedro Yosotato pidió al Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Huajuapan de León, la ubicación exacta de la línea de colindancia con San Sebastián Nopalera, y en abril de 1997 esa instancia agraria dictaminó que este último poblado debería respetar las mojoneras establecidas entre ambos ejidos, las cuales serían ratificadas por técnicos del TUA.

La ruptura fue definitiva cuando en febrero de 1998 habitantes de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, incitados por Salomón Jara Cruz, se posesionaron violentamente de 50 hectáreas, y hasta replegaron la acción jurídica agraria.

En septiembre de 1999, el magistrado del TUA, Gilberto Suárez Herrera, ordenó a la brigada agraria que suspendiera la ratificación de las mojoneras por la "imposibilidad material y jurídica (...) hasta que se den las condiciones propicias para llevarla a cabo".

Meses después, en noviembre de 2000, una treintena de familias de San Pedro Yosotato sufrieron otro agravio. Las mujeres, entre sollozos que tratan de acallar con sus rebozos, y los hombres con voz entrecortada, narran esa última invasión, la más violenta para ellos.

Del 9 al 12 de noviembre de ese año, fueron sitiados por gente armada de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, protegidos "política y jurídicamente" por el actual diputado perredista Salomón Jara Cruz. "Nos ba-learon día y noche, no respetaron a niños ni a mujeres, quemaron huertas, mataron vacas, chivos, a todos nuestros animales, destruyeron el canal de riego, derrumbaron las casas.

Los policías de la Judicial del estado vieron cómo nos disparaban y no intervinieron; hasta que llegó el Ejército se terminó la balacera y nos dejaron salir. Hirieron a mi esposo Fabián (López Díaz)", dice Angela López Castro, quien sostiene en brazos a su hijo de tres años; su esposo emigró a Estados Unidos en busca de trabajo.

"¡Que nos devuelvan lo nuestro! Esas tierras no son robadas", demanda Manuela Castro Santiago, y a su voz se une la de Elena Castro López, conocedora de los derechos que para la mujer indígena establece la Constitución local, quien pide al gobernador José Murat que no se "quede en la sombra, como lo hicieron los judiciales en noviembre de 2000, esperando que la sangre se seque en la tierra".

El gobernador "es una persona inteligente -dicen los integrantes del consejo de ancianos- pero algo le pasa porque no presta atención a nuestro problema, parece que quiere que nos matemos entre campesinos".

Y no dejan de recordar que los políticos hacen muchas promesas durante las campañas político-electorales, pero "cuando llegan al palacio (de gobierno) ni nos miran".

Tampoco olvidan que días después de la agresión y expulsión de sus tierras, el secretario general de Gobierno y el subsecretario de Desarrollo Político de Oaxaca les propusieron un "acuerdo negociado" con San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, pero tenían que "ceder más tierra" y por tanto no iban a desalojar a los invasores.

El agravio sigue, 65 familias están sin la tierra del valle -la más productiva de esa zona delimitada por los cerros El Catrín y Las Trancas- que les fue entregada y ratificada legalmente.

Y entre los llantos contenidos y los murmullos surge la advertencia: "si los gobiernos (federal y estatal) nos siguen engañando y no nos atienden, a ver a dónde vamos a buscar justicia, pero lo haremos".