REFORMA INDIGENA

Se carece de una política efectiva de atención a las etnias, advierten

Replantear la ley indígena, piden diputados de PRI y PRD

Afirman que en esta materia el Poder Ejecutivo nada ha hecho

CIRO PEREZ SILVA

Diputados del PRI y del PRD se manifestaron por replantear los contenidos de la ley de derechos y cultura indígenas y revisar todos aquellos puntos que generan controversia, para crear condiciones que abran de nuevo el diálogo con las diferentes etnias del país. ''Estas pasan por una política efectiva de atención a las comunidades indias, que el Ejecutivo no ha implementado'', advierten.

Agustín Trujillo Iñiguez, diputado priísta por Michoacán, manifestó su respeto por la resolución que asumió la Suprema Corte respecto de las controversias constitucionales interpuestas por municipios indígenas, sin embargo, consideró que los legisladores tienen la obligación de revisar la reforma constitucional ''y proponer una alternativa distinta''.

Se refirió a aspectos como el hecho de declarar sujetos de derecho público a los indígenas, a revisar los términos de la autonomía y de la libre determinación, ''es decir, tenemos la obligación como legisladores de revisar a fondo los temas signados en los acuerdos de San Andrés, sin afectar cuestiones de carácter constitucional, con el objeto de que desde el Congreso se aporten soluciones que generen condiciones para que las partes puedan sentarse nuevamente a la mesa de diálogo'', además de incorporar a la legislación secundaria elementos para el desarrollo social, la salud, procuración de justicia y aplicación de recursos públicos a favor de los pueblos, advirtió.

A su vez, Florentino Castro López sostuvo que la ley indígena es un esfuerzo que hizo el Congreso por crear un artículo exclusivo que contemplara derechos económicos y políticos de los indios, misma que logró el consenso de todos los partidos en el Senado, consenso que perdió cuando los diputados del PRD se manifestaron en contra.

''Pero me parece que es un esfuerzo importante; una ley no resuelve por sí sola el problema de los pueblos indios, cuando todos sabemos que no tiene que ver con una declaración simbólica de sus derechos, sino con la falta de una política que saque a las etnias del atraso en que han estado. En esa materia el Ejecutivo tiene mucho que hacer, a efecto de ver en el presupuesto cómo llevar a la práctica lo dicho en la reforma en términos de recursos. Yo creo que la resolución de la corte confirma que la ley indígena tiene carácter constitucional, y por otro lado, me parece que la resolución no va a generar una escalada de violencia en Chiapas. Considero que son otras razones, como los problemas económicos no resueltos y los aspectos sociales no atendidos. Con ley o sin ley, esos problemas persisten, el balón está en manos del Ejecutivo para ser congruente en la asignación de recursos para hacer frente a esos problemas''.

El diputado priísta por Hidalgo, David Penchyna, advirtió que la resolución de la SCJN es ''acatable'' y no puede ser atacada por las posiciones que a diferentes actores políticos convengan. ''Las diferencias abundan cuando tenemos un Ejecutivo que en materia indígena no ha hecho nada. En el decreto de presupuesto para este año, se ordenó descentralizar el Instituto Nacional Indigenista para que los estados absorban esas funciones, toda vez que no son lo mismo las comunidades de Chihuahua que las de Chiapas. Ambas tienen diferencias muy importantes en el tratamiento de las etnias; el Ejecutivo no ha cumplido, pero lo que es peor, el fondo indígena asignado al INI es el fondo que más retraso en su ejercicio tiene este año''.

A su vez, el perredista Emilio Ulloa externó su preocupación por el hecho de que la posición respecto de las etnias por parte del gobierno no pasen del discurso, y dijo que debe promoverse la revisión de la ley. ''Me parece que el camino que debe resolver es el amparo, en términos de que puedan darle la razón a las etnias, una vez que la SCJN vaya al fondo de la controversia. Yo creo que a la Corte le faltó un mayor cuidado en esa definición''.

Ulloa Pérez consideró, sin embargo, que ''lo que pueda suceder hacia adelante en Chiapas'' es una responsabilidad de todos los actores políticos.

REFORMA INDIGENA

Desconocen el derecho mexicano, expresa el legislador panista

Descalifica Calderón a Saramago y Sábato

GEORGINA SALDIERNA

El coordinador de los diputados federales panistas, Felipe Calderón, descalificó ayer, con el argumento de que no conocen el derecho mexicano, los planteamientos de los escritores José Saramago y Ernesto Sábato, en torno a que el fallo de la Suprema Corte constituye una bofetada de desprecio a los pueblos indígenas y significa que el Estado ve en esas comunidades al ''enemigo interno''.

A más de año y medio de que la cúpula panista no viera mal el encuentro de Saramago con el presidente Vicente Fox, y de que el portugués reconociera la voluntad presidencial de resolver el conflicto de Chiapas, ayer hizo evidente un giro en su percepción sobre el escritor.

A su vez, el coordinador para el diálogo en Chiapas, Luis H. Alvarez, consideró respetables las críticas de los escritores, pero ''no corresponde a la realidad llegar a esas conclusiones a partir de un posicionamiento de uno de los poderes''.

El resolutivo de la Suprema Corte que desecha las controversias constituciones interpuestas en contra de la reforma indígena es ''por supuesto un referente'', pero ''sólo eso''. No hay que sobredimensionar las cosas, subrayó.

Calderón argumentó que la Corte lo que resolvió es si la reforma estuvo apegada a derecho. Eso es lo único que se debe ver en el fallo. La SCJN no tiene como responsabilidad decidir el tema de fondo que corresponde precisamente al constituyente permanente, subrayó.

Reconoció que el tema de la reforma indígena es controvertido; divide y, ciertamente, los mexicanos ''no estamos de acuerdo''. Por eso, ''tenemos que seguir explorando y buscando una solución que le ponga fin a este problema que aún no está resuelto'', dijo en el marco del Consejo Nacional del PAN.

De acuerdo con el legislador, los estados tienen ahora la gran responsabilidad de avanzar en sus ordenamientos locales, en la búsqueda de las condiciones legales que se adapten más a las condiciones de los pueblos indígenas en cada una de las entidades.

Una posición similar expresó el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, quien refirió que ahora lo que debe hacerse es aplicar la reforma constitucional a plenitud, y una vez que ''veamos en dónde hay alguna deficiencia, mejorarla y superarla''.

Rechazó que la decisión de los magistrados abra el camino a la zozobra en Chiapas, luego de pedir que se acate con toda solidez su resolución.

Calderón insistió por su lado en que hay mucho por hacer en cumplimiento de la reforma constitucional, sobre todo en términos de programas públicos en zonas indígenas, combate a la pobreza, respeto a la cultura y desarrollo de la cultura e identidad de las comunidades. ''En este sentido hay mucho qué hacer y todo tiene que ser impulsado desde el gobierno federal, pero también es imprescindible la tarea de los gobiernos locales'', puntualizó.

Para Luis H. Alvarez, aún queda un amplísimo campo de acción. ''La verdad de las cosas es que en su origen el conflicto zapatista tenía que ver más con demandas en el campo de lo social'', subrayó, luego de recordar la primera declaración de los zapatistas en torno a las condiciones de vida de los indígenas. Al respecto, señaló que con tratar de comenzar a resolver esos explicables reclamos se da margen para la acción de los gobiernos tanto en el ámbito federal como estatal y de las propias comunidades y los municipios.