Sección Instructora

Como una ambulancia que corre a toda velocidad con la sirena al máximo volumen, el PRI grita "¡huelga, huelga!", como si la huelga no fuera para defender a los trabajadores, el priísmo no tiene empacho en declarar, falazmente, que la formación de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados podría acarrear inestabilidad económica y política en el país. Es un chantaje, dice el Presidente de la República, y la verdad es que en ello coincide gran parte de la sociedad.

Cuando despidieron a miles de trabajadores de Pemex, cuando éstos perdieron prestaciones o poder adquisitivo, cuando se debilitó el contrato colectivo de trabajo, los mismos líderes petroleros ni siquiera pestañearon. No hubo amagos de huelga ni amenazaron con desestabilizar el país. Dichos líderes simplemente no defendieron a los trabajadores. Ahora se ponen muy bravos y pretenden movilizar a quienes han ignorado, pero para que los defiendan por estar presuntamente involucrados en el llamado Pemexgate.

Lo sucedido el pasado martes 24 en la Cámara de Diputados es muy sencillo: se instaló la Sección Instructora. ¿Esto es motivo para una huelga en Pemex? ¿Esto es causa de una crisis económica? Quien lo afirme debe explicar la relación causal entre un hecho y otro, pues dicho razonamiento sólo entrañaría una perversión, toda vez que sería tanto como decir que la paz social y la estabilidad económica se fundan en la impunidad.

Por cierto, se instaló la Sección Instructora con un retraso de dos años. ¿Habría que esperar más o de plano se trataba de no hacerlo nunca? Se instaló, además, con la composición necesaria para que hubiera decisiones. Dejarla empatada, como ocurrió en otros casos, hubiera significado jugar a la simulación e integrar una instancia destinada a no concluir nada. Tal era el cometido de una de las partes. De hecho, en los momentos previos a la aprobación se intentó una composición diferente de dicha sección. No obstante, era una estratagema más. Conformarla con representantes de cuatro partidos no eliminaría la posibilidad del empate. Este se destrabaría, supuestamente, con voto ponderado. Sin embargo, la figura del voto ponderado para la Sección Instructora no se encuentra en la ley. En suma, ello no hubiera significado una salida o solución sino regresar a aquello que se pretendía evitar desde el principio.

La Sección Instructora es una instancia conformada por cuatro legisladores, cuya función es atender las solicitudes de desafuero enviadas por las autoridades que procuran justicia. Dicha sección elabora dictámenes en los que se propone la procedencia o no del desafuero de un servidor público. Estos dictámenes deben ser llevados al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

La Cámara, por medio de la Sección Instructora y del pleno, no condena o absuelve al funcionario en cuestión. Lo único que hace es ponerlo en igualdad de circunstancias que cualquier otro ciudadano frente a los órganos que imparten justicia.

La Sección Instructora, al analizar el caso de los líderes petroleros y otros asuntos, tendrá que hacer un minucioso estudio jurídico de los expedientes que haya remitido la autoridad correspondiente, mismos que deberán estar integrados con solidez y consistencia.

Independientemente de lo anterior, este caso nos conduce a una reflexión histórica, política y programática. El Pemexgate es símbolo de varios fenómenos negativos que se entrelazan simultáneamente. Es la impunidad de quien puede estar cometiendo ilícitos sin recibir sanción; es más, ni siquiera procesamiento alguno. Es la corrupción de quien se apropia de recursos públicos. Es la herencia del charrismo sindical. De una cúpula de líderes enriquecidos, alejados de los trabajadores. Es el corporativismo de sindicatos que son empleados para las necesidades de un partido político, que fue partido de Estado. Además, es el saqueo de la empresa pública.

Contra todo eso, por cierto, han luchado segmentos de la sociedad y la izquierda mexicana principalmente. Que nadie se equivoque: los líderes petroleros no son perseguidos por sus ideales, no son defensores de los trabajadores ni de la empresa pública. Acaso podrían ser personajes que han incurrido en irregularidades e ilegalidades, lo que se sabrá una vez que se analicen los expedientes enviados por la PGR a la Cámara de Diputados.

Defender a la empresa pública significa sanearla, vigilar sus finanzas y evitar que sea saqueada por razones gremiales o electorales, aspectos completamente ajenos a sus fines. Finalmente, con sentido de responsabilidad, el gobierno federal debe satisfacer las demandas salariales de los trabajadores de base en Petróleos Mexicanos de acuerdo con las posibilidades de la empresa. Ello sería positivo para el gobierno, obviamente para los trabajadores que sí requieren un salario justo, y también para la acción de la justicia.