Adolfo Sánchez Rebolledo
Mensajes cruzados
Es un hecho que los lideres sindicales petroleros están usando la negociación laboral en la empresa para llevar agua a su molino, chantajear al Presidente y evitar que la ley caiga sobre ellos, pero no es menos cierto que la causa penal emprendida por el gobierno también oculta motivaciones políticas que difícilmente pueden separarse de los aspectos judiciales del caso.
Nadie puede oponerse a que los líderes rindan cuentas y se les castigue si infringen la ley; menos debe tolerarse la impunidad a la que están acostumbrados los caciques sindicales. Sin embargo, es difícil no advertir los nexos entre la actual ofensiva contra la corrupción y el objetivo de minar al PRI de cara a las elecciones de 2003, pues esa es justamente la primera prioridad del "cambio", según Fox. En esa precipitación por ajustar cuentas con el pasado se encuentra el origen de un problema que pudo atenderse con firmeza, pero también con discreción y sin ánimos revanchistas, asegurando la gobernabilidad democrática a la que tantas frases le dedican los prohombres del régimen.
Fue el secretario de la Contraloría, con sus imprudentes revelaciones sobre la inminente caída de varios "peces gordos", el primero (pero no el último) en politizar un asunto cuyo tratamiento exigía rigor e imparcialidad y, sobre todo, sujeción estricta a las formas y los tiempos legales, dados los problemas que estaban y están en juego. Pero no se hizo así: las acusaciones se hicieron públicas sin el menor cuidado, anteponiendo el interés de la administración al debido proceso. El efecto de tamañas filtraciones fue catastrófico, pues transformaron la investigación que estaba en curso en un problema político de proporciones inimaginables que la autoridad, con su falta de visión, siguió complicando sin tener un plan a la vista.
Es evidente que al traslaparse la negociación laboral con la defensa de los líderes que presuntamente han cometido delitos, el problema se empantana y nos lleva a una situación de extrema gravedad, tanto más peligrosa porque de esta aventura puede resultar destrozada la posibilidad, no ya de hacer efectiva la democracia sindical, sino la sobrevivencia misma de la empresa y la convivencia política en un país que no acaba de consolidar las prácticas democráticas. Hay demasiados intereses nacionales y extranjeros que están esperando la paralización de Pemex para lanzar la ofensiva en favor de una reforma de la industria que a ellos les convenga.
Es razonable afirmar que la democracia en México será deficiente mientras prosiga la herencia del corporativismo sindical, pero no será desde arriba como se ponga fin a tantos años de mentira y corrupción, así la ley cumpla con su cometido. La tragedia del sindicalismo mexicano es, parafraseando a Revueltas, su "inexistencia histórica", el hecho de que los sindicatos son organismos que a pesar de las apariencias no expresan la voluntad de los trabajadores y, en cierto sentido, actúan contra ellos. El sindicalismo priísta no tiene más propósito que la reproducción de la burocracia que en el ámbito laboral se nutre de la despolitización, el atraso cultural y la competencia por el empleo para eternizarse en los cargos.
Por eso resulta tanto más extraño y lamentable que en aras de meter a la cárcel a la mafia de Romero Deschamps, sectores que se dicen de izquierda vean con simpatía a La Quina, quien resume los vicios del charrismo y ahora se esfuerza por volver a la dirección sindical para tomar venganza de quienes antes lo traicionaron.
