El techo para el sector debe ser de uno por ciento del PIB, insiste el CAP

Con ínfimo presupuesto, de nada sirve el blindaje agroalimentario: CIOAC

La falta de inversiones pone en riesgo 23% de los empleos del país, sostiene el CNA

MATILDE PEREZ U.

Un blindaje agroalimentario sin presupuesto suficiente es sólo una mezcla de ideas y estrategias que publicitan las "buenas intenciones" del gobierno federal, pero no "sirven a los campesinos", aseveró el dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera.

Consideró que la propuesta de destinar 33 mil 954 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para el fomento a la producción y el gasto operativo, es limitada y ajena a la realidad del campo.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señaló que el presupuesto que propone el gobierno federal implica una reducción de 9.1 por ciento, en términos reales, si se toma en cuenta la inflación, estimada en 5 por ciento para fin de este año. El proyecto del Ejecutivo, insistió, no canaliza recursos suficientes para el campo, a pesar de la urgencia de blindarlo ante la apertura, en 2003, prácticamente total a las importaciones generadas por el Tratado de Libre Comercio (TLC).

No invertir en este sector productivo pone en riesgo la viabilidad y permanencia de más de 23 por ciento de los empleos remunerados en el país, y es una señal desfavorable para los productores, que han realizado todos los esfuerzos para mejorar su competitividad y mantener la producción alimentaria del país, destacó.

El CNA puntualizó que el sector agropecuario genera 7 millones de empleos y participa con 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que la inversión acumulada directa del TLC, a partir de su puesta en marcha (1994), es de sólo 0.25 por ciento del total nacional. Agregó que el gasto público para el desarrollo agropecuario se redujo 53 por ciento, en términos reales, desde 1990 hasta este año, y el crédito se contrajo 80 por ciento.

Estas cifras contrastan con la importancia del sector y el débil apoyo que el gobierno está considerando para 2003, año en que los productores entrarán de lleno a una contienda desfavorable.

A pocos días de que las organizaciones campesinas sostengan un encuentro para definir sus estrategias en defensa de un presupuesto que, afirman, debe ser equivalente a uno por ciento del PIB, Ovalle Vaquera agregó que los 110 mil millones de pesos de la propuesta gubernamental -resultado de la suma del gasto social y el estímulo a la producción- son insuficientes, ya que por lo menos deberían ser 265 mil millones.

Comentó que la propuesta Acciones de política agroalimentaria y pesquera para el fortalecimiento sectorial, que presentó el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, como parte del blindaje, "no ayuda a atemperar la situación que se presentará en el campo a partir de 2003", porque no se establecen recursos específicos ni se prevén espacios para los productores más vulnerables. "Son estrategias generales, como si nadie hubiera pensado y sugerido acciones antes".

Diálogo con legisladores

Aseguró que a pesar del disgusto que ha causado la propuesta de presupuesto, la CIOAC seguirá participando en el consejo mexicano para el desarrollo rural, pero, esto no significa renunciar a las movilizaciones ni a la búsqueda de alianzas con otros sectores de la producción y organizaciones campesinas, así como el diálogo con los legisladores e incluso con la Conferencia Nacional de Gobernadores. "La sociedad rural debe buscar condiciones para mantenerse y mejorar su situación y sensibilizar a la población de que la lucha por un nuevo rumbo para el país es de todos".

Por su parte, el Congreso Agrario Permanente (CAP) destacó que persiste un ambiente de incertidumbre en el campo, porque "no se percibe un sentido de urgencia en el gobierno; las autoridades se han limitado a realizar declaraciones publicitarias y a difundir medidas de tipo general y no existe ninguna garantía de que habrá inversiones adicionales a partir de 2003".

De acuerdo con el CAP, al blindaje agroalimentario que proponen Usabiaga y el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, debe sumarse un "blindaje político, porque están creciendo los síntomas de ingobernabilidad. Un cambio de fondo implica replantear la orientación de la política económica que reconozca la función clave que juegan la sociedad rural y el sector primario en el desarrollo del país".

Las 12 organizaciones que integran el CAP reiteraron que "el techo presupuestal para el sector debe ser equivalente a uno por ciento del PIB, sostener el aumento durante una década y considerar estratégica la producción avícola, ganadera, agrícola y forestal, que contemple el pago por servicios ambientales. Ya no queremos el modelo neoliberal impuesto desde hace 20 años, sino que el mercado interno sea la base del desarrollo rural y que se establezcan mecanismos que hagan efectiva la participación de las organizaciones de productores".