Vuelve a pedir el Papa la liberación de obispo

Alvaro Uribe, dispuesto a suscribir acuerdo humanitario con las FARC

DPA, AFP Y REUTERS

Santafe de Bogota, 13 de noviembre. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, se declaró hoy en disposición de suscribir un acuerdo hu-manitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a fin de lograr la liberación de todos los secuestrados a cambio de los guerrilleros encarcelados, tras lamentar el plagio del presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), Jorge Enrique Jiménez.

De su lado, el presidente venezolano, Hu-go Chávez, reiteró la disposición de su gobierno de acoger eventuales diálogos de paz de la vecina Colombia y los grupos ar-mados, al tiempo que Estados Unidos acusó judicialmente a tres líderes de las FARC de los delitos de secuestro y narcotráfico, entre ellos al jefe militar Jorge Briceño Suárez, conocido como Mono Jojoy.

El papa Juan Pablo II abogó por segundo día consecutivo por la liberación de Jiménez y el sacerdote Desiderio Orjuela, se-cuestrados el lunes, y a su llamado se sumaron otros dignatarios de la Iglesia católica latinoamericana, así como de España, Alemania y Estados Unidos.

El Celam también reiteró su reclamo para que sea liberado de inmediato su dirigente, y puntualizó que este plagio no sólo representa un duro golpe para la Iglesia católica sino que conlleva una acción contraproducente para las FARC.

Mientras prosigue una intensa operación militar de rastreo, por tierra y aire, en busca del también obispo de Zipaquirá y su acompañante, concentrado en una vasta zona de Cundinamarca, Uribe calificó lo ocurrido como un hecho "desgarrador".

El mandatario, quien este jueves cumple cien días al frente del gobierno, tras el plagio de Jiménez se vio obligado a convocar a una reunión de urgencia con congresistas para analizar el tema del "canje" entre los secuestrados por las FARC y guerrilleros recluidos en diferentes prisiones del país.

El senador Carlos Moreno dijo que el presidente está de acuerdo en ordenar la excarcelación de los guerrilleros, siempre que éstos sean trasladados al exterior y se desvinculen de las filas de la insurgencia.

El mismo Uribe dijo que la reunión fue "productiva", y confirmó que su gobierno sigue interesado en sostener diálogos con los grupos rebeldes a instancias de la ONU, y añadió que las gestiones en favor de un acuerdo de paz transcurren en medio de un "ambiente de completa confidencialidad".

Las FARC difundieron hoy un comunicado en el que fijan sus condiciones para el "canje" y a la propuesta que formuló el go-bierno de Uribe, y se comprometieron a li-berar a un grupo de gente en su poder, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a cambio de que se haga lo propio con "todos los guerrilleros" presos.

Para un eventual acuerdo, la guerrilla dice que sólo podrá ser discutido dentro del país y bajo la condición de que se desmilitarice una zona y se otorguen las garantías suficientes a los voceros de las FARC encargados de la negociación.

En tanto, Colombia expresó su satisfacción por el anuncio del procurador general estadunidense, John Ashcroft, de encausar ante una corte de distrito en Washington a tres líderes de las FARC, bajo cargos de secuestro y narcotráfico para obtener dinero y armas para actividades terroristas, por lo que se pediría su extradición.

En una primera acusación se menciona al jefe militar Jorge Briceño Suárez, en una lista de otras seis personas y entre ellas a Tomas Molina (Negro Acacio), por conspiración para introducir cocaína.

En una segunda acusación se implica a los dos anteriores y otro hombre sólo identificado como Loco, acusados en 1997 por secuestros de dos estadunidenses y matar a dos colombianos. En la tercera se implica el comandante guerrillero Henry Castellanos Garzón (Comandante Romaña) en el se-cuestro de cuatro estadunidenses, que estuvieron retenidos un mes en 1998.

En el campo de batalla, se reportó que las FARC sufrieron dos bajas, el arresto de ocho de sus combatientes y el desmantelamiento de seis de campamentos.