Estimada Carmen: Te ruego insertes en El Correo Ilustrado la presente carta:

Ante el acoso sistemático que la PGR ha venido cometiendo en contra de reporteros de esta casa editorial, elevo mi más enérgica protesta condenando estas actitudes nefastas, propias de gobiernos retrógradas y fascistas.

La Jornada ha significado un espacio de libertad desde su fundación y no vamos a permitir que se atropelle esa conquista ganada a pulso.

Reciban nuestra solidaridad; estamos con ustedes.

Diputado Félix Salgado Macedonio (Guerrero)

Señora directora: Le solicitamos de la manera más atenta publicar en El Correo Ilustrado las siguientes consideraciones respecto al artículo "El caso María Claudia García", de Marco Antonio Campos (La Jornada Semanal, 10 de noviembre)

1) Como es de conocimiento público, María Claudia García fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada ilegalmente a Uruguay en 1976. Allí desapareció luego de dar a luz a una niña. En el año 2000, la hija fue localizada en Montevideo.

2) Según el artículo, los militares uruguayos fueron "palomas mensajeras de la paz" en comparación con sus congéneres argentinos y chilenos. Como todas las fuerzas armadas que participaron en la Operación Cóndor, las de Uruguay fueron ejecutoras de una represión despiadada contra los opositores políticos y, en muchos casos, hasta de sus allegados, familiares o amigos, y aun de los abogados defensores. En todo caso hay que decir enfáticamente que no se trata de comparar los 30 mil desaparecidos argentinos con los 176 uruguayos, porque no se está concursando por el premio mayor del horror sino que esas cifras sólo verifican diferentes estilos del accionar represivo. En este sentido vale la pena señalarle al autor, y a los lectores que quizás no conozcan la realidad uruguaya de los años 70, que los militares aplicaron el terror de Estado, la represión generalizada, la tortura sistemática y, también, la desaparición y la muerte. En materia represiva, Uruguay se caracterizó por una estrategia que le valió la denominación de la "cárcel más grande del mundo". Según el informe de SERPAJ, Uruguay fue "la nación que tuvo el mayor número de presos políticos en relación con su población" entre 1972 y 1985. Hubo "aproximadamente 31 presos políticos cada 10 mil habitantes" y se informa también que la gran mayoría fue torturada. El caso de María Claudia García forma parte de ese accionar represivo que nada tiene de portador de la paz.

3) En la cabeza del artículo, que probablemente no corresponda al puño y letra de su autor, se dice que "los uruguayos, hundidos en la hipocresía, no han querido profundizar en las investigaciones..." A esta altura de la historia endilgar conductas según nacionalidad, raza, credo, preferencia sexual u otra categoría genérica resulta discriminatorio y nos regresa a los tiempos del desprecio y del horror. Le recordamos a los lectores que en abril de 1989 se plebiscitó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986. El resultado significó, en la práctica, no revisar los crímenes cometidos durante la dictadura por militares y policías. Si bien 43 por ciento de los uruguayos manifestó su voluntad de derogar la ley, 57 por ciento la ratificó. Este resultado no fue ajeno a la amenazante campaña desplegada por el presidente Sanguinetti, en el sentido de que "derogar la ley de caducidad es regresar a los tiempos de los cuarteles". El reciente proceso judicial que terminó con la prisión del canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, da cuenta de que la lucha contra la impunidad ha continuado.

4) No exhibimos en estas líneas, por razones de espacio, errores contenidos en el texto y relativos tanto a responsabilidades de personas como a hechos históricos. Los cuestionamientos importantes están expuestos en los puntos anteriores.

Una vez más demandamos al gobierno uruguayo que se esclarezca el destino final de María Claudia García y de todos los casos de detenidos desaparecidos.

Silvia Dutrénit, Carlos Palleiro, Ana Buriano, Rubén Montedónico, José Luis Detta, Iván Altesor, Alfredo Rajo y varias firmas más

Señora directora: Solicitamos la oportunidad de expresarnos a través de este medio, ya que no percibimos salario alguno, por los motivos que aquí exponemos, y por lo que también le damos esta molestia al señor Carlos Slim, quien sabemos es dueño de Ferrosur, SA de CV.

Los suscritos somos trabajadores trenistas de la empresa Ferrosur y miembros del STFRM, sección 20. Hoy estamos en calidad de despedidos injustificadamente, con salarios retenidos (que ya habíamos devengado), debido a las múltiples irregularidades que los administradores han cometido desde que esta empresa abrió, obligándonos incluso a desempeñar trabajos que aún no han sido contratados y, al negarnos por razones de seguridad, obtuvimos la situación en la que hoy estamos. Además nos denunciaron ante la PGR; es decir, los administradores pretenden obligarnos a violar nuestro contrato colectivo, reglamento interior de trabajo y hasta el propio reglamento interior de transporte que ellos mismos nos entregaron y que se encuentra registrado ante la SCT.

En cambio, cuando nosotros necesitamos una pila para nuestro radiolocalizador la tenemos que comprar, ya que la empresa no ha cumplido, entre muchas cosas, con el artículo 3 del reglamento interior de trabajo, ni con el 45 del mismo, que trata de descansos; ni sanitarios tenemos, pero eso sí, se burlan de nosotros hablándonos de ISO 9000.

Cuando el secretario de esta sección 20, Carlos M. López Arenas, a quien los trabajadores elegimos con nuestro voto, solicitó el cumplimiento del contrato colectivo y los reglamentos, los administradores lo calificaron de negativo y le retuvieron el salario por segunda ocasión en este año, esta vez desde septiembre.

No estamos en contra de la modernización; estamos conscientes de que toda empresa es negocio y como tal necesitamos producir para obtener ganancias, esto nos queda claro, pero tampoco se vale tanto abuso que cometen los administradores para justificar los puestos que hoy ostentan, actuando en contra de la conocida labor altruista de Carlos Slim.

Ojalá el señor Slim nos permitiera su tiempo y disposición para conocernos más a fondo y entonces confirmar lo que decimos.
Responsables: Enrique Moreno Fernández y José Antonio Hernández Casas, conductores de trenes, y Rafael Zaragoza Arellano, maquinista de camino