Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 30 de noviembre de 2002
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Política

Ana María Aragonés

Sugerencias migratorias para el TLC

Los focos rojos se han encendido ante un futuro que ya está aquí: la apertura de nuestros mercados a una treintena de productos agroindustriales desgravados, cuyo beneficiario será Estados Unidos. ƑDebemos seguir aceptando que el problema de los productores mexicanos es su ineficiencia, su falta de capacidad para lograr mejores y más baratos productos agrícolas? ƑEs justo hacer recaer sobre nuestros productores la debacle del campo? O debemos reflexionar acerca del papel jugado, tanto por Estados Unidos como por los gobiernos de México, bajo cuyos proyectos hemos perdido, por un lado autosuficiencia alimentaria, situación que por supuesto ningún país desarrollado ha permitido jamás, y población, debido a los inusitados flujos migratorios en la última década.

Por parte del gobierno mexicano, a pesar de que el sector rural presentaba una competencia que le era difícil enfrentar, la inversión gubernamental en proyectos agrícolas cayó 90 por ciento en siete años, cuando 39 por ciento de la población vive en las comunidades rurales. Y el gasto público al desarrollo agropecuario, que en 1981 significó 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), para 1999 bajó de manera significativa a 0.9 por ciento del PIB. Y bajo el gobierno de Vicente Fox, el blindaje es, por decir lo menos, una falacia.

Sin duda Estados Unidos presenta alta competitividad en materia alimentaria, lo que tiene varias explicaciones. En primer lugar, vivió una profunda restructuración productiva bajo la cual concentró producción y capitales; hay menos granjas, pero con más hectáreas de un mismo dueño, y lo mismo ha sucedido con las procesadoras de carne, que han vivido un proceso importantísimo de fusiones y reubicaciones geográficas hacia regiones más rurales para obtener diversos beneficios, no por las exenciones fiscales, sino por las condiciones del mercado de trabajo. Pero no puede dejarse de lado la aplicación de subsidios millonarios. Es fácil ver el abismo que existe entre la Unión Europea, que por cada hectárea cultivable otorga 722 dólares al año en subsidios; Estados Unidos, que destina 122 dólares, y México, que sólo asigna 53 dólares (El Financiero, 17 de octubre de 2002). Además, los subsidios al campo estadunidense alcanzarán 118 mil millones de dólares en los próximos 10 años, esto es, un incremento de 43 por ciento respecto de los que ya se aplicaban en aquel país (Reforma, 10 de octubre de 2002).

Pero todas estas industrias no habrían alcanzado la productividad extraordinaria que presentan de no ser por la incorporación creciente de migrantes mexicanos que aceptan trabajar en condiciones absolutamente desventajosas, tanto en industrias consideradas por el propio Departamento del Trabajo como las más riesgosas de Estados Unidos, así como en los campos agrícolas, para los cuales el gobierno ha dado toda una serie de facilidades a los propietarios, en perjuicio de los trabajadores.

Los migrantes mexicanos son en altísima proporción indocumentados, lo que quiere decir fácilmente sobrexplotados, y por ello con productividad creciente, pues pagan todo tipo de impuestos sin recibir a cambio los beneficios correspondientes, generando ganancias millonarias al gobierno de Estados Unidos.

La triste paradoja es que nosotros enviamos migrantes para elevar la productividad en el país vecino, gracias a lo cual Estados Unidos puede invadirnos de alimentos, "porque son más baratos y competitivos". Y nuestros migrantes son desplazados por los mismos productos que serán trabajados por ellos, pero... en el país vecino. El círculo perverso se cierra con las remesas, ya que sirven para mantener la reproducción de una fuerza de trabajo que estará en posibilidad de responder a las demandas laborales de Estados Unidos, y esto sin ningún costo ni para su gobierno ni para el de México, sino sólo para los migrantes.

Un acuerdo de esta naturaleza no se puede revertir, pero si nuestros políticos mantienen su posición cuando señalaron que "el TLC fue un acuerdo entre magnates y potentados, un acuerdo para los ricos y poderosos de Estados Unidos, México y Canadá... un acuerdo que excluyó a la gente común y corriente de las tres sociedades... un TLC que nos llevará a una completa desindustrialización, mayor desigualdad social y un largo periodo de bajo crecimiento..." (palabras expresadas por Jorge G. Castañeda en su libro The Mexican Shock) es momento de exigir lo que en su momento no se hizo: abrir un acuerdo paralelo migratorio, con una propuesta integral de política migratoria, pero cuya primera y urgente resolución sea la amnistía a los migrantes indocumentados.

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