Elogia las reformas a la Ley de la CDHDF

Se avanza hacia una verdadera defensoría del pueblo: Alvarez Icaza

ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ

Las reformas y adiciones a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que aprobó el jueves la Asamblea Legislativa, son un paso muy importante para convertir al organismo en una verdadera defensoría del pueblo al adquirir la fuerza legal de una institución de Estado y no de gobierno, señaló el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza.

Se trata, aseguró, de "la legislación más avanzada en materia de derechos humanos del país", y destacó la facultad que le confiere dicha reforma para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que cite a comparecer a los funcionarios que no acepten las recomendaciones, así como a aquellos que las acepten parcialmente, o que habiéndolas aceptado no las cumplan.

"Más allá de la sanción moral que significa hacer pública la recomendación, la ALDF queda como una segunda instancia que puede llamar a los funcionarios para que expliquen por qué no se está atendiendo una recomendación, lo que es un principio fundamental de la rendición de cuentas", señaló.

Explicó que con la consolidación de su autonomía, la CDHDF podrá contar con patrimonio propio e incluso no tendrá que enviar su propuesta de presupuesto anual al gobierno de la ciudad, sino directamente al Poder Legislativo local.

Al respecto, mencionó que para el próximo año solicitó un presupuesto de 182 millones de pesos -incluido un fondo de reserva de 40 millones, para la adquisición de un edificio-, con los propósitos de abrir una unidad desconcentrada en Iztapalapa, crear un cuerpo de guardias y fortalecer las visitadurías.

Recordó que en 2002 se pidieron 202 millones de pesos y le fueron asignados 129 millones 800 mil, lo que representa, sin considerar el fondo de reserva, unos 52 millones menos de lo que se solicita para 2003. Esto "no es oneroso cuando se invierte en gobernabilidad democrática", afirmó en entrevista previa al segundo informe de labores del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jesús Campos Linas, al que asistió como invitado.

Más tarde, en conferencia prensa, Alvarez Icaza detalló el alcance de las reformas y adiciones a la ley del ombudsman capitalino, donde destacó también la creación del servicio profesional en materia de derechos humanos en el DF. Con esto, dijo, "se garantiza que la operación institucional corra a cargo de personal especializado, con estabilidad en el empleo y trascienda a las diferentes administraciones en el organismo".

Las modificaciones permitirán a la CDHDF conocer de los actos administrativos de funcionarios de los órganos de impartición de justicia, electorales y del trabajo y previsión social, siempre y cuando violen derechos humanos. El organismo tendrá además acceso irrestricto a los centros de reclusión y podrá visitar las instituciones de asistencia social.

En la entrevista previa al informe de Campos Linas, Alvarez Icaza señaló que la tortura continúa siendo una práctica cotidiana en la ciudad, y precisó que 70 por ciento de las quejas presentadas ante la CDHDF son contra elementos de las diversas corporaciones policiacas.
Aunque aclaró que no existe un uso político de la tortura, dijo que se requieren acciones más enérgicas para su erradicación pues, hasta el momento no hay ni una persona sancionada, cuando se trata de una queja constante.

Expresó la necesidad de "mandar una señal mucho más fuerte de que no se tolerarán abusos, pero teniendo en claro que existe un problema severo de condiciones de trabajo, salarios y equipamiento de los policías, que están muy lejos de ser dignas".

La aplicación de sanciones a funcionarios que lesionen la confianza de la ciudadanía sería un paso importante para atender los temas pendientes; el mayor número de quejas recibidas, es decir, siete de cada 10, están relacionadas con la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Policía Judicial, agentes del Ministerio Público y tribunales, puntualizó.