Encuestas de ese partido sitúan a Fernández Garza 16 puntos abajo de González Parás

En el PAN se da por perdida la gubernatura de Nuevo León

Consejeros del albiazul sugieren concentrar los recursos en Colima, Campeche y San Luis Potosí

GEORGINA SALDIERNA Y JUAN MANUEL VENEGAS

Encuestas internas del Partido Acción Nacional (PAN) dan por perdida la gubernatura en Nuevo León. Incluso, en la víspera de que el Consejo Nacional apruebe el ejercicio presupuestal del próximo año, muchos de sus integrantes consideraron no incluir entre las prioridades el gasto electoral en esa entidad, donde su candidato Mauricio Fernández Garza se ubica ''16 puntos abajo'' del priísta José Natividad González Parás.

En cambio, esos mismos consejeros sugieren concentrar la atención y los recursos en estados como Colima, Campeche y San Luis Potosí, donde los sondeos de opinión los ubican con mejores posibilidades para los comicios de julio de 2003.

El máximo órgano de dirección en el blanquiazul empezó a sesionar desde ayer, sin que se aprobara el otro punto de su agenda, la plataforma legislativa 2003-2006, debido a que ''un importante número de consejeros'' consideró que la oferta electoral (que elaboró el Comité Ejecutivo Nacional) no se ajustaba a ''la consideración de que somos gobierno'' y prevalecía ''una visión de partido de oposición''.

Hoy, definición sobre el presupuesto partidista

Hasta anoche seguía el debate y se espera la aprobación del documento la tarde de este domingo, día en que los panistas también definirán las prioridades en la aplicación de su presupuesto para el próximo año, que es superior a los 646 millones de pesos.

Los puntos que atoraron la aprobación de la plataforma legislativa tienen que ver con las reformas constitucionales para el ''fortalecimiento'' y ''eficiencia'' de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y todo lo que tiene que ver con su capítulo de ''desarrollo humano y sustentable'', en el que especifican sus proyectos en materia fiscal y energética.

Y aunque será un rubro que abordarán hasta este domingo, el ejercicio de su presupuesto fue tema de las conversaciones y el cabildeo entre los consejeros panistas ayer, porque tendrán que definir dónde tienen mayores posibilidades, de las seis entidades donde el próximo año se renovará el Ejecutivo estatal.

Nuevo León, comentaron algunos, ''lo damos ya casi por perdido'', y aunque nada está definido, pues también hay quienes piensan que la mejor opción es canalizar recursos a los estados donde hay problemas, lo cierto es que los números son contundentes: 16 puntos de diferencia entre González Parás y Fernández Garza ''son casi imposibles de remontar''.

Uno de ellos recordó, incluso, el caso Chihuahua (1998), cuando ''no pudimos remontar'' los cinco puntos que distanciaron al priísta Patricio Martínez del candidato panista Ramón Galindo.

De igual forma, en el ánimo de los consejeros del PAN no hay mucho optimismo en el caso de la contienda por la gubernatura de Sonora. Sus encuestas, aunque aquí no especificaron porcentajes, tampoco son favorables a su candidato Ramón Corral, quien por cierto tiene diferencias con el secretario general del CEN, Manuel Espino, a quien no pocos acusan -en corto- de ser el principal obstáculo en su campaña.

Lo que sí tiene optimista a la mayoría de panistas es el curso de los procesos en Colima, Campeche, Querétaro y San Luis Potosí, donde aseguran que sus respectivos candidatos tienen amplias posibilidades de acceder al Ejecutivo de esas entidades, entre otras razones porque ahí encontraron un PRI ''dividido, con malos candidatos y con serios problemas internos''.

Para muchos, lo mejor es darle prioridad a estas cuatro entidades y sólo asignar lo ''estrictamente necesario'' en donde ya se ven perdidos los comicios. La lógica de estos consejeros ''es no echarle dinero bueno al malo''.

Sobre a la plataforma legislativa 2003-2006, que el Consejo Nacional analiza desde ayer, el presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, salió a declarar por la noche que había sido aprobada ''en lo general'', pero no en lo particular.

Pero más allá de las formalidades en las declaraciones de Bravo Mena, lo cierto es que no hubo consenso entre los panistas para aprobar temas fundamentales de la agenda legislativa que pretenden abanderar en los próximos tres años.

De cinco capítulos en que el CEN dividió su propuesta, dos fueron ''totalmente'' impugnados y pasados a la revisión y replanteamiento de los consejeros. En esos dos puntos se incluyen temas como las finanzas públicas, en donde el asunto fiscal fue causa de polémica.

En la propuesta original se planteaba reducir el IVA de 15 a 13 por ciento, aboliendo los regímenes especiales; disminuir la tasa máxima del impuesto sobre la renta (ISR) a 30 por ciento a personas físicas; la eliminación al impuesto sobre tenencia de automóviles y reducir el gravamen a los autos nuevos, en los casos de pequeños y compactos.

Ninguna de estas propuestas satisfizo a los consejeros, quienes dijeron que significaría poner en jaque al gobierno, en lo que se refiere a recaudación.

Esta misma observación se hizo en el caso de la propuesta de destinar 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) a gasto social. ''Eso suena bonito... pero ¿de dónde sacas los recursos?'', observaron los consejeros, quienes pidieron al resto de sus correligionarios ''pensar más como gobierno que como oposición''.

En el capítulo uno, relativo a las reformas constitucionales para fortalecer los poderes Ejecutivo y Legislativo, los temas cuestionados fueron el de la relección inmediata de diputados federales y locales y la reducción del número de diputados plurinominales.

Un tema que calentó el debate fue el de la autorización a los legisladores para realizar, al mismo tiempo, actividades privadas. La propuesta original panista establecía ''dar base constitucional para evitar que las actividades privadas de los representantes populares entren en conflicto de interés con sus tareas y responsabilidades legislativas''.

A muchos no les pareció la idea. Unos recomendaron introducir claramente la condicionante de que sólo se prohibiera la doble función ''siempre y cuando'' haya conflicto de interés. Otros de plano consideraron que establecer un límite así significaría ''coartar'' las libertades individuales del ejercicio profesional.

En el fondo de la polémica se encuentra el caso del senador queretano Diego Fernández de Cevallos, quien a pesar de pertenecer a uno de los poderes de la Unión, como abogado encabezó un litigio legal en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Por otra parte, en la propuesta de reducir el número de diputados federales plurinominales la observación de los consejeros fue que esa ''simple medida'' no resuelve el problema de la ''eficiencia'' en el trabajo legislativo, además de que se olvida que son los legisladores plurinominales los que ''definen el perfil'' de los grupos parlamentarios.

Indudablemente que sería una oferta de campaña ''atractiva'' para los ciudadanos, sobre todo por ''el desprestigio'' de algunos legisladores, pero ello no debe convertirse en una ''camisa de fuerza'' para diseñar la plataforma legislativa.

Esos fueron algunos de los puntos a debate que los panistas quisieron comentar. Sin embargo, será hasta este domingo cuando se definan las ofertas del partido al electorado.

Bravo Mena llamó a los consejeros a hacer todo lo posible para conformar una Cámara de Diputados que sea factor decisivo en la consolidación del cambio con ''un sentido humanista'' y para asegurar la eficacia del nuevo sistema democrático ''orientado a dar respuestas urgentes a la situación social, política y económica de México''.

Aclaró que no se pretende crear hegemonías partidistas ni convertir a Acción Nacional en un nuevo partido de Estado, sino de ''articular de manera constructiva'' la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y de establecer ''sintonía y compromiso con el proyecto de cambio entre ambos''.