Podrían registrarse estallidos sociales, señala estudio

Alerta Sedeso sobre 300 áreas al "margen de la gobernabilidad"

ALMA E. MUÑOZ

En México existen al menos 300 áreas "al margen de la gobernabilidad" que representan la posibilidad de estallidos sociales, advierten documentos oficiales donde se señala que esto deriva de la combinación de variables como la extrema pobreza, la dispersión demográfica, el narcotráfico, la lejanía de vías de comunicación, la topografía y la acción de grupos guerrilleros, entre otros.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) ubicó estas zonas en un mapa de riesgos, al cruzar dichos factores con los índices de marginalidad determinados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), con el objetivo de orientar los programas de combate a la pobreza y mitigar la posibilidad de conflictos.

Una de las bases para el estudio lo constituyó el análisis que sobre seguridad nacional en zonas étnicas realizaron en 2000 las investigadoras Melba Pría -ex directora general del Instituto Nacional Indigenista- y Cristina Henríquez, relativos al narcotráfico y grupos subversivos.

Para elaborar el mapa de riesgo, la Sedeso consideró, además, el grado de marginación fijado por Conapo, básicamente a partir de la carencia de agua, drenaje y luz, además de la existencia de viviendas con piso de tierra. Con ello se establece que de los 2 mil 417 municipios del país, 378 tienen muy alta marginalidad y se ubican en Chiapas, Veracruz, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, México, Puebla, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Yucatán. Otros 903 ayuntamientos tienen alta marginalidad; 485, media; 414, baja, y 247 muy baja.

En el estudio también se incluyó la topografía de las cañadas y montañas, ya que "por su condición natural se prestan para la tala de madera, sembradíos de mariguana y amapola, principalmente", así como la lejanía de vías de comunicación, relativo a terrenos ubicados entre poblados y rancherías, donde la "ingobernabilidad es latente porque no existe ningún tipo de autoridad".

Citan, por ejemplo, la existencia de un enclave ubicado entre Santa María Juquila y San Pedro Mixtepec, Oaxaca, donde "no existe gobernabilidad y se cometen cualquier tipo de ilícitos, al grado que ni elementos de seguridad pública ni del Ejército Mexicano pueden ingresar en él".

Para constatarlo, se entrevistó a los alcaldes Wildebaldo Mijangos, de San Pedro, y Manolo León, de Santa Catarina Juquila -cabecera distrital de la zona donde se encuentra el lugar citado en los documentos-, quienes rechazaron que en el estado existan sitios al margen de la ley. No obstante, el segundo edil sostuvo que sí persisten conflictos agrarios que derivan en enfrentamientos, como el ocurrido hace meses en el paraje Agua Fría.

La Sedeso también tomó en cuenta, para establecer el parámetro de riesgo, otros factores naturales, como el tipo de vegetación y extensión territorial, por considerarlos "propicios para el cultivo de enervantes, especialmente de mariguana". Está también el índice de dispersión poblacional, problemática que para el gobierno "juega contra toda política pública bien creada y por eso resulta difícil atacar la pobreza en el país -de las 201 mil localidades a nivel nacional, 150 mil tienen menos de 100 habitantes y más de 50 mil carecen de servicios básicos-".

No escaparon del análisis las áreas naturales protegidas, porque "junto a cada una de ellas hay una región pobre". Se citan, entre otras, la selva Lacandona, en Chiapas; El Cimatario, en Querétaro; la sierra tarahumara, en Chihuahua; La Primavera, en Jalisco; El Cielo, en Nuevo León, y los Chimalapas, en los límites de Oaxaca y Veracruz. En estas zonas se enfatiza sobre la indiscriminada tala de árboles.

Las zonas de desastres naturales, ya sea por inundaciones, huracanes, sismos, sequías o nevadas también representan un riesgo social para quienes periódicamente sufren las consecuencias de estos fenómenos.

Para englobar los puntos de acción de grupos guerrilleros, los autores del estudio recurrieron al trabajo de Pría y Henríquez, quienes desde 2000 señalaron: "México ha sido y es vulnerable al descontento social y a la movilización de grupos que optan por las armas como estrategia de lucha contra el gobierno", sobre todo en regiones indígenas donde la pobreza, marginación y exclusión es más latente, entre ellas algunas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Resaltaron las acciones de los ejércitos Zapatista de Liberación Nacional, Popular Revolucionario y Revolucionario del Pueblo Insurgente, con capacidad de movilización, según las investigadoras, en algunos municipios que forman parte de las regiones indígenas tradicionales de las tres primeras entidades anteriormente citadas.

En estos lugares, según su análisis, hay grupos "radicales que si bien no han mostrado capacidad de movilización armada, se presume que tienen vínculos con los guerrilleros. Entre ellos estarían la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca, con presencia en los municipios de Atlapexco, Yahualica, Xochiatipan, Huatla, Huejutla y Huazalingo, en Hidalgo, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

Finalmente se incluyeron, para especificar sobre las rutas del narcotráfico, las conclusiones que al respecto plasmaron las mismas investigadoras en su trabajo sobre seguridad nacional en zonas étnicas. Cristina Henríquez y Melba Pría vincularon la acción de los traficantes de drogas con las regiones indígenas tradicionales, porque éstas "se convirtieron en zonas atractivas para la producción de estupefacientes a causa de la pobreza, la incomunicación y el aislamiento".

No obstante, subrayaron que los mecanismos mediante los cuales penetra este delito en la población en extrema pobreza -en la cual están incluidos más de 90 por ciento de los 12 millones de indígenas reconocidos a nivel nacional- "van desde la amenaza y la coerción, hasta el ofrecimiento de grandes utilidades económicas a población en extrema pobreza".

El mapa elaborado por la Sedeso da cuenta que las zonas de riesgo se concentran principalmente en el área del Pacífico, de norte a sur, y sus resultados se confrontarán con los informes que al respecto tengan las dependencias de seguridad nacional, para en el futuro asumir el compromiso de impulsar acciones que impidan la posibilidad de estallidos sociales.