Magdalena Gómez

Hay indigenismo para rato

En 1996, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés, lo que se daba por cierto era la desaparición del indigenismo. No sería necesaria la intermediación selectiva y no pocas veces clientelar, porque el poder de decisión, la autonomía y libre determinción, los derechos, se colocarían en los pueblos. No hubo tal y hoy sabemos que hay indigenismo para rato.

El pasado 4 de diciembre se cumplieron 54 años de la promulgación de la ley que creó al Instituto Nacional Indigenista (INI). Al revisar el Diario de Debates de la Cámara de Diputados encontramos que en 1948 los legisladores se plantearon interrogantes que a la fecha no han sido resueltas. Había quien insistía en que se debía especificar que el propósito del instituto sería lograr la "incorporación a la hispanidad" de los "núcleos indígenas". En 1991, durante los debates en torno a la adición al artículo cuarto constitucional, el PAN propuso que a la afirmación del carácter pluricultural de la nación mexicana sustentada en sus orígenes en los pueblos indígenas debía agregarse "y en los españoles". Pero no sólo se hablaba de incorporación, se afirmaba que se respetarían los usos y costumbres "en cuanto estén ajustadas a la moral" y ya se enunciaban temores de balcanización al insistir en que la idea era que la sociedad mexicana se definiera como "única y formando un sólo país". También se abordó el crucial tema de la participación de los indígenas en el organismo que sería creado, asunto que motivó sendas polémicas, pues el espíritu que prevalecía para el consejo directivo era el de que junto a los representantes de dependencias gubernamentales estuvieran destacados especialistas, pues el mayor énfasis se centraba en el estudio y difusión de la situación indígena. La postura más avanzada en el debate fue la de Nabor Ojeda, quien acusaba de discriminación a quienes afirmaban que al ser estudiados los indígenas seguramente los investigadores hablarían con ellos, les entrevistarían y ahí estaría el canal para su participación sin necesidad de sentarse a la misma mesa con los intelectuales que los estudiaban.

Finalmente se logró que en el consejo se integraran "representantes de los núcleos indígenas más importantes que serán designados y participarán en la forma y términos que señale el reglamento de la presente ley". No puede decirse que se haya aplicado rigurosamente tan limitada disposición, pero sí que hasta la fecha algunos indígenas son invitados a título personal para participar en consejos que no tienen carácter vinculatorio y en una composición en la que son eterna minoría y cuya presencia legítima es una ficción.

La innovación del priísmo de entonces fue insistir en que no sólo se investigara sino que también se realizaran "obras materiales", y que éstas resultarían de un plan aprobado en el instituto con la participación de todas las dependencias que reservarían presupuesto para tales efectos.

En la práctica esta disposición fue olvidada y operó a la inversa, cuando se acercaba alguna comunidad a una secretaría con una petición, era canalizada al INI, y si pedían una clínica les construía un dispensario, si pedían un camino les abría una brecha, porque en los hechos esta institución se convirtió frente a la administración pública federal en lo que los indígenas eran para la sociedad en general.

No es casual la concentración de los índices de extrema pobreza en las regiones habitadas por los pueblos indígenas, por ello sorprendió tanto que los priístas contemporáneos insistieran en 2001 en el texto de su contrareforma en que lo más importante son los programas antes que los derechos, y como gran aporte en los hechos elevaron a rango constitucional la ley que creó al INI, mediante el apartado B al artículo segundo, suponiendo que ello no guardaba contradicción con la supuesta autonomía que "reconocían" en el mismo texto.

En síntesis, el debate de 1948 produjo una legislación que consagró a los indígenas como objetos de asistencia social antes que como sujetos de derecho. El INI llegó a ser en las comunidades indígenas la encarnación misma del Estado, pues era la única presencia oficial. En ella participaron generaciones de personas con un compromiso intachable, aunque no exento de paternalismo.

Hoy, las medidas adoptadas por el foxismo no han cambiado esencia alguna, el INI continúa siendo la cara visible del indigenismo y se encuentra entre el juego perverso de la cooptación de un discurso de participación que se concreta en la presencia de funcionarios indígenas y con un grupo amplio de trabajadores que no han sido educados para la autonomía sino para la intermediación o la suplencia.

La asignatura pendiente es la de una verdadera política de Estado que asuma constitucionalmente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, con la autonomía suficiente para trascender de su histórica resistencia y persistencia a una plena participación en la cuestión nacional. Desde el indigenismo oficial parecen estar convencidos de que 54 años no son nada, por ello les ofrecen más de lo mismo.