Pide el ombudsman crear un instituto pericial autónomo
Recomendación a la procuraduría por caso de tortura que data de 1996
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación al procurador general de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, con motivo de hechos comprobados de tortura y violación a las garantías procesales de dos personas actualmente presas, ocurridos en 1996.
En su recomendación, la CDHDF reitera que es necesario crear un instituto autónomo de servicios periciales, como propuso el ombudsman luego de la investigación que realizó sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tras las denuncias que en su momento presentó la abogada Digna Ochoa y Plácido.
El presidente del organismo, Emilio Alvarez Icaza, explicó que se trata de un caso que su administración reabrió el 15 de octubre del año pasado a solicitud de la Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT), por lo que se realizaron nuevas diligencias, análisis de peritajes y otros nuevos, así como consultas con expertos internacionales en la materia.
Los agraviados, explicó, fueron detenidos el 24 de junio de1996 por policías preventivos, quienes los pusieron a disposición del Ministerio Público de la agencia 32. Se les acusó de un delito y se les acumularon dos averiguaciones previas más por ilícitos distintos y contra personas diferentes.
Indicó que los actos de tortura se comprobaron con la fe de lesiones ministerial y certificados médicos, "aunado a la comprobación de la existencia de tortura sicológica".
Además el ombudsman detectó las siguientes irregularidades: incomunicación, entrega injustificada de los detenidos, por parte del agente ministerial, a un comandante de la Policía Judicial; confusión respecto del lugar donde se confinó a los agraviados; no se realizaron las diligencias de confrontación y reconocimiento conforme con el Código de Procedimientos Penales; los certificados médicos no se integraron a la averiguación previa.
Además, agentes judiciales interrogaron a los detenidos sin la presencia de su abogado defensor y sin orden expresa del agente del MP, quien transgredió el derecho de inviolabilidad de domicilio, al realizar una inspección ocular sin orden judicial.
Por ello, en la recomendación 12/2002 se pide a Bátiz que instruya la revaloración de la denuncia penal que en su momento los agraviados presentaron por abuso de autoridad y lesiones; se determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la integración de la averiguación previa, se ejercite acción penal y administrativa, y la reparación justa del daño ocasionado a las víctimas.
